El número surgió de un informe del Ministerio de Justicia, que trabaja además en deportar a los reclusos extranjeros que deberían volver a su país. La crisis por las graves condiciones de encierro.

 

Las cárceles de Buenos Aires están superpobladas, no entra ni un preso más. Por eso, el Ministerio de Justicia provincial puso en marcha un plan para facilitar que la Justicia otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los reclusos que por ley deberían estar en sus casas con tobillera electrónica. En paralelo, hay un operativo para devolver a sus países de origen a los extranjeros que cumplieron más de la mitad de la condena y que también les corresponde ser deportados.

Los números del pico de sobrepoblación en las cárceles hablan por sí solos. En los penales de Buenos Aires hay lugar para alojar a 28 mil detenidos. Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense a TN.com.ar, actualmente hay 41.267 personas presas. Incluso, hay cárceles como la Unidad Nº49 de Junín que tiene capacidad para 400 presos, donde viven casi 1.000.

¿Cuál será el criterio para mandar a los presos a terminar de cumplir la condena en sus casas? El ministro Gustavo Ferrari explicó a TN.com.ar que entregarán a la Justicia un informe con la clasificación por tipo de delito de los reclusos. Luego, será tarea de cada juez decidir en cada caso particular si le corresponde o no acceder al beneficio. El funcionario remarcó que muchos reclusos están en las cárceles cuando por ley les correspondería la prisión domiciliaria, como es el caso de los enfermos terminales, mayores de 70 años, embarazadas y madres con hijos menores de cinco años según el Código Penal.

“Tenemos a disposición de la Justicia la clasificación de los tipos de delitos que tenemos. Hay gente que está en la cárcel y debería estar en la casa”, dijo Ferrari. Por otro lado, informó que hay cerca de 300 extranjeros en condición de volver a sus países y que 12 ya fueron devueltos. “La gobernadora María Eugenia Vidal está de acuerdo siempre que sea acorde con la ley. Cuando cumplen más de la mitad de la condena deben volver a su país. Sino, los ciudadanos terminar por pagar su mantenimiento en la cárcel”, agregó.

Según denuncias de organizaciones LGBT como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación de Mario Coriolano la superpoblación y las graves condiciones de encierro provocaron una crisis humanitaria en los penales.

En tiempo de crisis, además de reordenar hay un motivo fuerte para que los detenidos a los que les corresponde la prisión domiciliaria vuelvan a sus casas: el ahorro. El alquiler de una tobillera a las empresas que las proveen cuesta mucho menos que los $33 mil que gasta el Servicio Penitenciario en mantener a un preso por mes.

El ministro de Justicia remarcó que hace 18 años que no se construye una cárcel grande la provincia de Buenos Aires y afirmó que solucionar la situación a largo plazo excederá a su gestión. “De acá en adelante habrá que mantener un ritmo creciente en la condición de alojamiento. No es solo tarea de este Gobierno: no hay forma de hacerlo ni por presupuesto ni por tiempo”, concluyó.