Keiko Fujimori se enfrenta a su hora más difícil. Ha sido enviada a la cárcel por un juez y su partido, Fuerza Popular, se desmorona. Keiko, que hace pocos días estuvo bajo arresto preliminar durante una semana, quedó nuevamente detenida, pero esta vez con prisión preventiva por tres años, por el caso de lavado del dinero negro que financió su campaña electoral a la presidencia en 2011, relacionado con el financiamiento oculto que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

El juez Richard Concepción Carhuancho sorprendió a todos cuando ayer decidió, después de siete días de audiencias diarias, dictar su resolución en el caso de Keiko sin esperar que terminen de verse los casos de todos los acusados para los que la fiscalía ha pedido prisión preventiva. Ha quedado pendiente la resolución sobre los otros diez implicados, entre ellos miembros de la cúpula fujimorista.

Vestida de negro, Keiko, sorprendida por una resolución que no esperaba ayer, escuchó el fallo sentada frente al juez. Su rostro se iba desencajando a medida que avanzaba la larga lectura de la sentencia, que duró cerca de ocho horas, y se veía venir un resultado desfavorable para ella. Al final quedó detenida. Hace unos días, cuando le había tocado el turno de hablar en una de las audiencias, dijo ser víctima de una persecución política, algo que ayer la dirigencia fujimorista repitió con insistencia, pero sin sustento en la realidad. Hubo algunas manifestaciones callejeras a favor de la sentencia judicial y también en apoyo a Keiko.

La defensa de la jefa del fujimorismo cuestionó la imparcialidad del juez y anunció que apelará esta decisión. Más allá del resultado de esta apelación, Keiko deberá enfrentar un juicio por lavado, que tiene una pena de entre 10 y 20 años, y para el cual la fiscalía ya ha demostrado tener evidencias sólidas.

La fiscalía acusa a Keiko de encabezar una organización criminal encargada de lavar al menos un millón de dólares aportados en efectivo y en forma oculta por Odebrecht para su campaña a la presidencia. Según la fiscalía, las operaciones de lavado se hicieron a través de rifas fantasmas, cócteles para recaudar fondos y aportantes falsos. Se ha identificado a cerca de 200 donantes truchos.

Documentos de Odebrecht llegados a la fiscalía hace unos días que confirman la entrega de ese dinero -que ya había sido revelada por altos directivos de la constructora- y que éste salió de las cuentas que la empresa usaba para pagar sobornos, los testimonios de siete testigos protegidos y de ocho inculpados convertidos en colaboradores de la fiscalía que han revelado cómo operó la estructura de lavado que encabezaba Keiko y quiénes la dirigían junto a ella, y las revelaciones de las maniobras para entorpecer el proceso judicial, precipitaron la caída de la jefa del fujimorismo y su entorno más cercano.

Un testigo clave de la fiscalía es el congresista fujimorista Rolando Reátegui, del círculo cercano a Keiko. Reátegui, que hace unos días decidió hablar cuando veía que el techo se le venía encima, ha confesado que por orden de la jefa del fujimorismo fue uno de los encargados de reclutar aportantes truchos para lavar los aportes ocultos y ha revelado detalles de las operaciones de lavado que comprometen seriamente a Keiko y a su cúpula partidaria.

La fiscalía denunció amenazas a los testigos y señaló que el fujimorismo, que controla el Congreso, viene usando su poder político y sus influencias judiciales para obstruir la investigación fiscal. El fiscal José Domingo Pérez enfatizó en las relaciones de Keiko y dirigentes fujimoristas con una mafia judicial recientemente descubierta que vendía sentencias y nombramientos de magistrados. Pérez acusó al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, que es su superior, de hostilizarlo en su trabajo para obstruir las investigaciones de la fiscalía. Chávarry está acusado de pertenecer a esa mafia judicial y ha sido salvado por la mayoría fujimorista de ser destituido por el Congreso. El juez consideró que estas acciones de obstrucción al proceso judicial y las evidencias del delito de lavado presentadas por la fiscalía ameritaban la prisión preventiva.

Hace unos días, Keiko, sintiéndose acorralada, sacó bandera blanca. Cambió radicalmente su postura confrontativa y ensayó una nueva faceta, hablando de reconciliación, de reencuentro y de paz, llamando a un diálogo. Sonó a un desesperado intento de salvarse al borde de la hora final. Su repentino cambio no tuvo credibilidad.

“Nosotros hemos llamado al diálogo hace siete meses cuando asumimos el gobierno. Ahora ellos (los fujimoristas) dicen querer el diálogo, pero sus voceros nos atacan con adjetivos durísimos, a mí me han dicho traidor, malnacido, entre otras cosas. El diálogo del gobierno no será con un partido, será con todos”, le declaró a PáginaI12 el presidente Martín Vizcarra, poco antes que se conozca el fallo contra Keiko.

La detención de Keiko se ha producido cuando el fujimorismo atraviesa una grave crisis, con divisiones internas, renuncias a la bancada parlamentaria, la remoción de toda la dirigencia partidaria, excepto Keiko, acusaciones de corrupción, uno de sus más importantes congresistas contando a la fiscalía lo que sabe de los manejos sucios del partido, una abrumadora derrota electoral hace menos de un mes y un alto rechazo ciudadano del 80 por ciento.

Como sucedió con su padre, el ex dictador Alberto Fujimori -en una clínica para evitar regresar a prisión- Keiko, que estuvo cerca de llegar a la presidencia en 2011 y 2016 y esperaba lograr ese objetivo en 2021, puede terminar su carrera política en prisión.