En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe atendió 1567 situaciones de violencia contra las mujeres en toda la provincia. La institución trabaja hace más de 25 años en este flagelo, que constituye una de las violaciones a los derechos humanos más graves de la actualidad. Lo hace a través de sus centros de Asistencia a la Víctima, conformados por psicólogos, abogados y trabajadores sociales. La mayoría de los casos se dan en el ámbito familiar.

Este domingo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en todas sus formas: física, sexual, económica y psicológica. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras de la actualidad. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, como organismo de protección y promoción de derechos, trabaja de manera interdisciplinaria hace décadas sobre este flagelo a través de sus centros de Asistencia a la Víctima (CAV), que funcionan en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, San José del Rincón, Tostado, Venado Tuerto, Rafaela y Vera, aunque en los últimos tiempos se ha logrado extender el ámbito de acción a través de las oficinas móviles de la institución. En este sentido, en lo que va del 2018, se han atendido 1567 situaciones de violencia contra las mujeres.

El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, estableció como política institucional abordar también la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La agenda establece en su objetivo 5 la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Mientras que el número 17 propicia para alcanzar las metas propuestas, el establecimiento de alianzas, al considerarlas esenciales para abordar problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas, laborales tan complejas. En este camino institucional está trabajando la Defensoría del Pueblo y desarrollando acciones conjuntas con otros organismos e instituciones, comprometidos en la concreción de más y mejores derechos para todos los ciudadanos.

El rol de la Defensoría del Pueblo quedó claramente definido como organismo de promoción, defensa y garantía de los derechos e instancia de referencia especialmente en relación a las atribuciones que le confiere la ley provincial 11.202 del año 1994, que establece la asistencia, ayuda y asesoramiento a las víctimas y testigos del delito. El compromiso institucional se centra principalmente en la atención que desde los centros de Asistencia a las Víctimas se brindan a las personas que se presentan espontáneamente, derivadas de otras instituciones y que consultan a partir de las visitas con las oficinas móviles, permitiendo el acceso a información y asesoramiento a poblaciones que, por estar alejadas de los grandes ejidos urbanos, no cuentan con organismos para tratar esta problemática. En oportunidad de estas visitas también se realizan en las diferentes localidades talleres y charlas de sensibilización que permiten visibilizar las situaciones de violencia que muchas veces está naturalizadas.

Quién requiere asistencia de la institución es escuchado y asesorado por un equipo interdisciplinario constituido por abogados, trabajadores sociales y psicólogos. “Las consecuencias del fenómeno trascienden al plano individual, familiar y social, por lo que el abordaje de esta problemática configura un tema central desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso estamos convencidos de que para afrontar las situaciones de violencia, cada vez más complejas, se necesita un enfoque interdisciplinario, evitar las reacciones episódicas e implementar medidas preventivas, actuaciones organizadas, sistematizadas y trabajos en red”, explican los equipos del CAV de la Defensoría del Pueblo.

Sobre los ámbitos

La cantidad de casos atendidos en los CAV no ha variado en el último año. Tampoco los ámbitos de los casos presentados. Más del 90 por ciento de las situaciones de violencia se dan en el ámbito familiar. “La variable vivienda es un recurso inexistente en el abordaje de la violencia de género y se constituye en una limitante para salir de dicha situación y construir un proyecto de vida sostenible a futuro”, explican desde el CAV. Es por ello que la institución ha llevado adelante reuniones con legisladores provinciales y funcionarios de la Subsecretaría de Políticas de Género, la Subsecretaría de Hábitat y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo con el objeto de encontrar alguna solución habitacional a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Actualmente, se encuentra en la Cámara Baja un proyecto que contempla políticas públicas de vivienda para quienes padecen esta situación.

Violencia laboral

Desde el año 2016 la defensoría recibe denuncias de violencia laboral. “Los datos que tenemos nos convocan a pensar y abordar la violencia laboral con perspectiva de género, porque las estadísticas indican que de cada 10 denuncias 7 son mujeres”, explican desde el CAV. Esto se debe a que hay una valoración del trabajo de predominancia masculina, existen prejuicios sexistas al evaluar el trabajo ejecutado por mujeres y esto ya implica discriminación y por lo tanto promueve situaciones de desigualdad de poder generando un terreno propicio para la violencia laboral. A ello se suman las responsabilidades familiares, que en la mayoría de los casos no son compartidas, y que se reflejan por ejemplo en la poco o nula capacidad de acceso a las oportunidades de formación y ascenso laboral que también encarnan en su mayoría las mujeres, que asumen a su cargo las tareas familiares y/o de cuidados heredadas de una cultura que les asignó ese rol.

La Argentina ha incorporado a su legislación tratados internacionales de protección de las mujeres como la Convención de Belém Do Pará y la Cedaw que dieron lugar al dictado de la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La provincia de Santa Fe adhirió a esta norma mediante la ley provincial 13.348. Es en este marco que la Defensoría del Pueblo desarrolla su tarea.

El organismo ha encontrado que existe una estrecha relación entre violencia laboral y discriminación, ya que muchas veces actitudes o percepciones discriminatorias son parte de las motivaciones que operan en el maltrato o acoso por parte de quien o quienes la ejercen. A su vez, es habitual que el acoso se manifieste a través de un trato discriminatorio hacia uno o varios trabajadores.

Acceso a la justicia

Reconocer el acceso a Justicia como un derecho de las mujeres en situación de violencia implica varias acciones que deben ser llevadas en conjunto por distintas instituciones que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y sus hijos. Por ello, además del asesoramiento jurídico, es indispensable pensar las instituciones que trabajan en la temática desde una perspectiva de género.

El acompañamiento de un profesional del derecho resulta en muchas oportunidades necesario para poder acordar régimen de contacto, alimentos, destino de la vivienda, entre otros. Ante esta situación, en numerosas oportunidades las mujeres se encuentran en una situación de indefensión y vulneración de derechos que las revictimiza al no poder concretar un acceso a la justicia con carácter efectivo. De los casos abordados, ha sido sumamente alto el porcentaje (mayor a un 90 por ciento) de las situaciones que requerían un abordaje integral de la cuestión judicial con perspectiva de género. Ante esta situación, los profesionales de la Defensoría del Pueblo, aun sin contar con legitimación procesal, realizan escritos tendientes a recurrir acuerdos que son vulneratorios de los derechos de las víctimas, se solicita la no realización de audiencias conjuntas, se elaboran informes para que se otorgue el cuidado personal unilateral, regímenes comunicacionales supervisados, entre otros.

Educación Sexual Integral (ESI)

La Defensoría del Pueblo de la provincia entiende que leyes como la de Educación Sexual Integral (ESI) son instrumentos que reconocen derechos humanos fundamentales al tiempo que el acceso a la información permite el ejercicio de igualdad, ciudadanía, equidad y justicia para que varones y mujeres cuenten con los mismos derechos y posibilidades. Además, constituyen un pilar para la prevención de situaciones del orden de la violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, bullying, embarazos adolescentes y no deseados y la discriminación.

En definitiva, considera que la ESI resulta una propuesta para la convivencia social, sumando su compromiso para impulsar la sanción del proyecto de ley provincial ESI. Es por ello que hace un año, para esta fecha, comenzó un trabajo mancomunado con la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Multisectorial de Mujeres de Rosario y Santa Fe en torno a tres grandes ejes: la ESI, el patrocinio legal para las mujeres víctimas de violencia y el acceso a vivienda.

También desde marzo a octubre el equipo de profesionales del CAV que trabaja en el eje ESI organizó encuentros con diferentes referentes de instituciones comprometidas con el proyecto. Asimismo, ha mantenido encuentros con organismos públicos y privados para la tratar la ESI y su extensión en todo el territorio de la provincia.

Datos

>>En lo que va del 2018, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe atendió 1567 situaciones de violencia contra las mujeres.

>>El 90% de las situaciones se dan en el ámbito familiar.

>>En materia de violencia laboral, 7 de cada 10 denuncias son de mujeres.

>>La defensoría cuenta actualmente con 10 centros fijos de Asistencia a la Víctima en la provincia que funcionan en Rosario (centro y zona sur), Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, San José del Rincón, Tostado, Venado Tuerto, Rafaela y Vera.

>>En los últimos meses, las 2 oficinas móviles de la defensoría funcionan también como centros receptores para el abordaje de esta problemática.