Tras una denuncia anónima, Asuntos Internos dispuso la detención de un agente provincial al que se le encontraron -durante allanamientos realizados en su domicilio en Coronda y la sede del Comando Radioeléctrico donde se desempeñaba- un arma no declarada, drogas y nueve celulares, entre los cuales se encontraba el del futbolista fallecido Diego Barisone.

Por Analia De Luca

 

El móvil había sido sustraído del automóvil siniestrado y, se sospecha, podría haber sido el mismo dispositivo desde el que se tomaron las fotografías viralizadas luego en las redes sociales.

Pero ni la posesión de drogas ni de armas ilegales por parte de agentes policiales causa tal conmoción como la posibilidad de, finalmente, conocer quién tomó las escabrosas imágenes del cuerpo. Y, aunque la muerte de personas reconocidas socialmente siempre ha causado cierto morbo y curiosidad, y siempre hubo quien lucrara con ello, al parecer asistimos a un nuevo nivel de irresponsabilidad y falta de respeto, tanto hacia el fallecido como hacia sus familiares.

Aunque la muerte de personas reconocidas socialmente siempre ha causado cierto morbo y curiosidad, y siempre hubo quien lucrara con ello.

Hace años sucede en Argentina

Salvo contadas excepciones (tal la muerte de Alberto Olmedo, registrada por casualidad por el fotógrafo Oscar Etchart, quien vendió las fotos a Gente por 17 mil dólares), siempre, en toda época, en todo lugar, agentes de las fuerzas de seguridad son los primeros en llegar a los escenarios de la muerte.

El 24 de junio de 2000, Ulises Bueno celebraba su decimoquinto cumpleaños cuando se enteró que su hermano Rodrigo había muerto en un accidente de tránsito, mientras el resto de su familia -y todo el país- veía en simultáneo las crueles imágenes que Crónica TV difundía de los cuerpos de “El Potro” y Fernando Olmedo sobre el asfalto. La policía estaba presente.

Quince años después, la subinspectora de la División Fotografía de la Policía Federal, María Silvina García, y la cabo Silvina Bustamente, vendieron las fotos de la modelo Jazmín De Grazia muerta en su bañera a Luis Ventura y otros periodistas, por la suma de veinte mil pesos. Las imágenes se publicaron y todos fueron procesados por los delitos de violación de secretos y cohecho. Oportunamente, el caso concluyó con un sobreseimiento para todos los imputados, que fue apelado por la familia de la víctima, aunque el recurso fue declarado desierto tras un vencimiento de plazos administrativos.

Promediando septiembre de este año, aunque en esta oportunidad no era una “víctima”, las imágenes de la detención de Carlos Alberto Pérez, acusado de matar a golpes a su hijastro Jorge Bachelli en Santo Tomé, llegaron a las redes antes que a la prensa. Se suicidó en su celda, al día siguiente.

En tanto, hace poco más de dos semanas, otro policía federal, esta vez -además- médico forense, fue procesado por la filtración y posterior viralización de fotografías del cuerpo de Santiago Maldonado durante su autopsia. Se trata de Werther Aguiar, imputado por vulneración de documentación secreta.

 

Y en otras partes del mundo

Este comportamiento no es exclusivamente argentino. Hay, por ejemplo, dos muertes mundialmente recordadas -la de Diana Spencer y su novio Dodi al Fayed- y provocadas, tal vez, por los propios paparazzis que luego tomaron las fotos de Diana agonizando; mientras, el cuerpo de bomberos hacía su trabajo, excepto la parte que consiste en alejar a los civiles de la escena.

Aunque ahora estos agentes no vendan las imágenes a los medios de comunicación -las comparten a sus contactos y, cada vez más, las redes sociales replican con una velocidad inusitada lo que otrora era trabajo de los medios tradicionales-.

En junio de 2009, el actor estadounidense David Carradine fue hallado muerto en circunstancias sospechosas en Bangkok, donde se encontraba rodando una película. Estaba colgado y desnudo en un cuarto de hotel. La policía tailandesa filtró, o vendió, fotos del cuerpo en la escena de la muerte y la autopsia, por lo que la familia Carradine no solo inició acciones legales contra el periódico local Thai Rath, sino que pidió la intervención del FBI, porque la información que obtuvieron en torno a la muerte y la publicación del material no los satisfizo.

 

Pero ¿empeora?

Entonces, aunque ahora estos agentes no vendan las imágenes a los medios de comunicación -las comparten a sus contactos y, cada vez más, las redes sociales replican con una velocidad inusitada lo que otrora era trabajo de los medios tradicionales- el perjuicio para los allegados a las víctimas es el mismo.

En torno a la Causa Barisone, el subsecretario de Control de Fuerzas de Seguridad, Ricardo Giusepponi, recordó que está todo bajo investigación y pidió prudencia. Pero ¿cómo ser prudentes cuando todo indica que un agente policial, no conforme con tomar fotografías y viralizarlas, lo habría hecho con el propio celular del deportista fallecido, del que -incluso- se habría apropiado? El fiscal Ezequiel Hernández, en tanto, sostiene que no hay evidencias contundentes para iniciar una audiencia imputativa sobre el policía, pero el Ministro Pullaro dejó entrever su postura al manifestar que “los delincuentes que manchan el uniforme policial no tienen lugar en una Policía que trabaja para ser cada día más profesional”.