Adentro hallaron una pistola 9 milímetros cargada. Presumen que es una pantalla para blanqueo de dinero de actividades ilícitas.

 

Dos fuerzas de seguridad allanaron anoche un boliche de la zona sur que resultó clausurado porque la capacidad estaba saturada en casi cuatro veces respecto de la cantidad de público admitida. La razón formal del cierre preventivo del local fue ese aunque el motivo del avance de las fuerzas policiales fue otro: la fuerte sospecha de que ese boliche tiene como propietario real a un hombre de lazos muy estrechos con los líderes de la banda de Los Monos y que el comercio es una fuente de financiamiento de la organización a la vez que de lavado de dinero proveniente del terreno ilícito. Los investigadores tienen también la certeza de que ese es un lugar habitual de reunión de grupos que estuvieron implicados en las balaceras a domicilios vinculados a jueces que sacudieron Rosario entre mayo y agosto pasado.

El lugar de la irrupción de las fuerzas policiales e inspectores municipales es Club Fire, de Oroño 4735. El fundamento de la medida ordenada por la Fiscalía de Gravedad Institucional es el contenido de escuchas que disponían en las balaceras que señalaban que a ese lugar acudían armadas personas investigadas por atentados contra viviendas ligadas a jueces o que dejaban armas en los autos en los que llegaban al boliche.

El objetivo de la acción fue detectar si había armas y se encontró una pistola Bersa de calibre 9 milímetros con ocho proyectiles en el cargador en la cocina del lugar, que la tenía una mujer de 48 años que adujo ser encargada.

El personal municipal labró un acta de clausura en el lugar por motivos tales como la presencia en de menores de edad pero, sobre todo, la saturación en cuanto a público. En ocasiones pasadas, según fuentes del caso, se detectó que en un recinto con capacidad para 249 personas llegó a haber más de mil. En ese contexto, el hallazgo del arma puede ser fundamento para la clausura definitiva.

Estrecho

En el certificado municipal la habilitación del boliche está concedida a Daniel L. Sin embargo, basados en elementos de la pesquisa, los fiscales tienen la convicción de que el verdadero dueño es Andrés M., un hombre al que consideran muy estrecho a los líderes de Los Monos y que de acuerdo a fuentes del caso aparece como el propietario de varios vehículos que fueron decomisados por la Justicia provincial en el trámite seguido desde 2013 por asociación ilícita al grupo oriundo de barrio La Granada.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés M. era la pareja de la madre de Vanesa Barrios, la mujer de Ariel “Guille” Cantero. El jueves pasado Vanesa fue condenada a 12 años de prisión por narcotráfico en un juicio oral en el que Guille también fue condenado a 15 años de cárcel por el mismo delito.

Las pesquisas sostienen que el boliche Club Fire es una de las pantallas para el blanqueo de activos provenientes del delito usado por Los Monos a través de gente muy allegada que no cuenta con antecedentes penales.

Punto de encuentro

“Se empezó a investigar este boliche porque fue uno de los lugares donde se juntaban las personas que luego fueron imputados por atentados a viviendas relacionadas con jueces. Eran grupos delictivos de Tablada y República de la Sexta cuyos actores siempre terminan eligiendo a ese local nocturno como lugar de reunión”, comentó un vocero allegado a la investigación.

“Estamos convencidos —añadió— de que es una fuente de financiamiento de Los Monos a través del boliche por las vinculaciones que advertimos y por lo que nos dicen las evidencias originadas en la memoria de los celulares secuestrados en la causa”.

Para el equipo de fiscales un local nocturno es una herramienta muy eficaz a los fines de lavar dinero. “Sabemos que la habilitación era para 249 personas pero que siempre iban más de mil. Pero el blanqueo grande se hace a partir de la imposibilidad de saber realmente cuánto facturan las barras. Se pueden vender 200 tragos en una noche y hacer figurar que se venden 5 mil sin que nadie pueda controlar ese extremo”, sostuvo un vocero allegado a la investigación.

Infracciones

El operativo de ayer fue concretado por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Policía de Investigaciones de Rosario (PDI) junto con el personal municipal que clausuró el boliche por diferentes infracciones administrativas. En el lugar fueron identificados chicos menores de 18 años que fueron retirados por sus padres.

La pistola Bersa se encontró dentro de un bolso negro que estaba en la cocina, cuya responsable fue trasladada a la sede de PDI por orden del fiscal Nicolás Foppiani para dar explicaciones sobre el secuestro del arma. A la mujer se la podría imputar por tenencia indebida de arma de guerra.

El objetivo de fondo de este operativo fue concretar una iniciativa conjunta del MPA y la Dirección de Investigaciones Patrimoniales del Ministerio de Seguridad para ir contra los bienes económicos de las organizaciones criminales, inclusive con los que pudieron ser blanqueados, a partir de buscar un vicio para anular el lavado de esos activos.

“Lo primero que se pretende es ir contra boliches porque son fuentes de un montón de otros delitos. No es poco tener acreditado que son espacio de reunión de personas que luego despliegan conductas violentas y porque es casi incontrolable el flujo de dinero que puede lavarse allí. Pero se investigan también tenencias de taxis y remises y otras propiedades”.

Balaceras

El pasado 13 de octubre diez personas fueron imputadas acusadas de haber participado, con distintos roles, en once ataques a tiros que entre mayo y agosto pasados tuvieron como blanco a distintos edificios del Poder Judicial y viviendas en las que alguna vez habían vivido funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad o sus familiares.

En ese marco Guille Cantero, que además de la condena por narcotráfico que recibiera el jueves pasado ya estaba cumpliendo una sentencia a 22 años de prisión por liderar la asociación ilícita de Los Monos, la fiscalía lo ubicó como instigador en siete de esos ataques. A todos los demás imputados se les impuso prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, dos años.