Subirá a casi 200 mil personas en 2019, y creará un desastre humanitario en el norte brasileño.

La ola de refugiados y emigrantes venezolanos en Brasil registrará en 2019 una enorme expansión. Así lo estima un informe de las Naciones Unidas: “Plan de Respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela”. Hacia fines del próximo año 190.000 venezolanos saldrán de su país rumbo a Brasil. Duplicará de este modo la cifra actual de 89.000. Para la ONU, ese desplazamiento en 2019 “será un gran desafío para los gobiernos receptivos” que sentirían “colmar su capacidad de respuesta”. Y advierte que esto impactará en “una menor posibilidad de absorción de las comunidades locales”.

En principio, el plan esbozado por las organizaciones humanitarias apunta que el próximo año esa multitud de desesperados en territorio brasileño precisarán asistencia. Indica que el gigante sudamericano “continuará con una recepción creciente de refugiados y migrantes, a diferencia de América Central, México y el Caribe, que verán reducir los flujos”. El plan de ayuda previsto por la organización mundial para Brasil es de 56 millones de dólares, recaudados entre ONGs y privados.

El dossier menciona a la Argentina, al señalar que procedentes de Brasil ingresan ciudadanos venezolanos a través de Misiones, a dónde llegan “con necesidades nutricionales y casi sin dinero para cubrir las necesidades básicas”. Este será, precisamente, uno de los temas a abordar en la primera reunión del presidente Mauricio Macri con su colega Jair Bolsonaro, en la visita que realizará a Brasilia el próximo 16 de enero.

De acuerdo con el informe, los desplazamientos llegaron, hasta mediados de año. a “18.000 personas diarias en la frontera entre Venezuela y Brasil. Pero ese movimiento se redujo en la actualidad a 5.000”. De cualquier manera, para la ONU es “una emigración sin precedentes en la región”. Afirma también que, en Roraima, el único punto de entrada por tierra en territorio brasileño, se instalaron refugios temporales en la capital Boa Vista y en Pacaraima.

El norteño estado brasileño figura entre los más pobres del país, con apenas medio millón de habitantes y gran parte de su superficie cubierta por la floresta amazónica. La dimensión de sus dificultades económicas quedó en evidencia cuando dejó de pagar salarios a la administración provincial. Fue lo que indujo al presidente Michel Temer a decretar la intervención federal de ese Estado, designando como interventor al gobernador electo Antonio Denarium, del bolsonarista Partido Social Liberal. Este político dijo que pretendía “restringir” el ingreso de migrantes venezolanos; una versión luego descartada por el propio Bolsonaro.

Las Naciones Unidas admiten que “la difícil situación social (de Roraima) y la falta de recursos influyen en las condiciones de violencia y malestar de ese estado provincial” y explica que eso impactó en las “tensiones verificadas entre la comunidad de recepción y los recién llegados”.

Con Temer, el gobierno brasileño se había comprometido a realojar unas 1.000 personas por mes. Su plan se mantendrá con Bolsonaro; así al menos lo subrayó el futuro mandatario al señalar que “los venezolanos no son mercancía que se pueda devolver”. Añadió que “no se los puede dejar a su propia suerte”. En la visión de este político “al gobierno brasileño le hace falta anticiparse a los problemas. Tal vez debamos construir campos de refugiados, para albergar a la gente que huye del hambre y de la dictadura”.

En Boa Vista, la capital de Roraima, la mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela “vive en situaciones de vivienda precaria, en espacios públicos, tiendas de campaña, al aire libre, edificios en desuso o casas abandonadas o dañadas” relata el documento de las Naciones Unidas.

El 90% de los migrantes carece de “techo sólido y de instalaciones sanitarias”. Los dos tercios de ellos “viven en lugares sin acceso al agua potable”. Una tercera parte de los refugiados sufrió violencia verbal, física o sexual. Los femicídios, atestigua la ONU, aumentaron 139% en los últimos años “con una impunidad generalizada y falta de mecanismos de respuesta”.

Indica, también, que mujeres y niños son quienes corren “más riesgo de sufrir violencia de género, incluidos la trata, el abuso sexual y la explotación”. Añade que, en Boa Vista, “el trabajo infantil domina en toda la ciudad, y los tipos más comunes son la mendicidad, la venta callejera y la recolección de residuos plásticos”.

El corresponsal del diario Estado de Sao Paulo en Ginebra, Jamil Chade, reveló el contenido de la última reunión cerrada entre embajadores de las Naciones Unidas para tratar el drama humanitario. Tras señalar que fue el único periodista con acceso al encuentro, que decidió destinar 738 millones de dólares para sufragar la crisis, describió una “gran tensión” entre los países latinoamericanos. Dijo que el embajador de Venezuela en la ONU cuestionó a Bolsonaro. Según el diplomático, el futuro mandatario muestra “preocupación con la migración” pero rechaza “el Pacto Global de Migración de la ONU” firmado la semana pasada. El embajador calificó la crisis humanitaria de “supuesta”; pero luego la endilgó al “bloqueo económico” de la Unión Europea y Estados Unidos “que causa muerte y fuga de personas”.