El fiscal colombiano que lucha contra la corrupción concede a EL PAÍS una de las pocas entrevistas desde que fue expulsado de Guatemala. Reconoce que enfrenta a un grupo de militares, diputados y empresarios y ha sido ingenuo al no medir el tamaño de las fuerzas que enfrenta. Sostiene que intentará volver en enero. 

Unas horas después de la entrevista en un hotel de San Salvador, el jueves por la noche, a 250 kilómetros de ahí, se produce una escena: en un edificio gris de Ciudad de Guatemala protegido por altos muros y alambrada, un grupo de jóvenes fiscales celebran el éxito de una operación contra el financiamiento ilegal de los partidos que ha permitido emitir una orden de detención contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón y nueve personas más por lavado de dinero y asociación ilícita. La operación incluyó registros en domicilios, detenciones, interrogatorios y muchos meses rastreando cuentas, depósitos y facturas.

La CICIG (Comisión contra la Impunidad) una especie de Audiencia Nacional creada por la ONU para casos de corrupción y alto impacto —en el país 143 más corrupto del planeta sobre de una lista de 180— considera que el empresario de autobuses que estuvo a punto de convertirse en presidente de Guatemala, desvió fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2015. Un secreto a voces que la CICIG lleva al banquillo.

El magistrado que encabeza la investigación es un colombiano de 63 años, barba cana y maneras de viejo profesor de Derecho, que no puede intercambiar una palmada en la espalda con sus colaboradores, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales impide su entrada al país y lo ha declarado persona ‘non grata’. Antes de esto metió en la cárcel al expresidente, Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta, a siete ministros y decenas de diputados y empresarios.

La Corte Constitucional de Guatemala ha dicho que prohibir su entrada al país es ilegal, pero el mandatario se niega y Velásquez lleva tres meses viviendo entre El Salvador y Estados Unidos desde donde dirige la CICIG, con la misma maleta con un puñado de camisas con las que salió del país. “Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana”, bromea.

En una de las primeras entrevistas que concede desde el 3 de septiembre, Velásquez reconoce que la condena por fraude al hijo del presidente Jimmy Morales (por un delito de facturas falsas que no llegaba a los 10.000 dólares) fue el punto de quiebre en la relación con el mandatario. Poco después llegó la investigación contra su padre y la embestida político-empresarial, que incluyó las maniobras de un lobby en Estados Unidos, para que retirara su aportación económica.

Morales, investigado por financiación ilegal, tomó la decisión de prohibir su entrada y anunció que, en 2019, terminará la misión de las Naciones Unidas tras 11 años de trabajo en el país.

Para el jurista, la explicación a una reacción tan “poderosa y financiada”, se debe a que estaban llegando al núcleo del problema. “En 2014 (cuando llegó el cargo) teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 condenó al expresidente, la vicepresidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado”, resume.

Velásquez admite que enfrenta una red “que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares”. En este frente proimpunidad Velásquez coloca a “empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota con el respaldo de algunos jueces y abogados”. “Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente”, señala.

Creada en 2006, la CICIG fue un novedoso invento de las Naciones Unidas que se puso en marcha cuando Guatemala, con unos 18 millones de habitantes, pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, militares y políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde su aparición, ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez. Durante los últimos cinco años de trabajo de la CICIG, 60 grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas han sido procesadas por corrupción.

— ¿Intuía que la putrefacción en Guatemala era tan grande?

— No, no. Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de “manzanas podridas” pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado, responde.

— Si la CICIG se va, ¿habrán ganado los malos?

— Depende de la sociedad guatemalteca si quieren seguir construyendo o admiten la regresión.

— ¿Intentará regresar?

— Tengo el propósito de regresar y probablemente en enero eso sería posible, responde

Iván Velásquez, comenzó su carrera judicial en el Medellín de Pablo Escobar. Posteriormente, fue el fiscal estrella que desmontó la estructura de la parapolítica en Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Con esos antecedentes, que el gobierno de Guatemala le haya declarado “un peligro para la seguridad nacional”, le provoca más indignación que temor.

Durante los cuatro años que lleva al frente de la CICIG ha sido criticado por hacer “show mediático”, abusar de la prisión preventiva —156 personas llevan años a la espera de juicio— o su poca habilidad a la hora de elegir sus enemigos, como fue hijo del presidente por un caso aparentemente “menor”.

Velásquez, sin embargo, cree que cada condena “contribuye a fortalecer la democracia”, en un país que vive en un delicado equilibrio social, solo 22 años después de una guerra civil que dejó 200.000 muertos. “El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?”, se pregunta. “Mostrar públicamente los casos es una forma de demostrar que las instituciones están trabajando. La construcción de una cultura de la legalidad implica una cultura de las consecuencias, que también alcanza a hombres poderosos”. “Es probable que fuera ingenuo, al no tomar precauciones, pero creo que se trata de una virtud de la justicia para no parcializarse”.

Sobre la lentitud en las condenas, el fiscal lo atribuye a un deliberado abandono de la justicia, con muchas décadas de vida. “Guatemala tiene seis jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media latinoamericana porque creían que era solo para perseguir a ladrones de bolsos y celulares”. “Hemos demostrado que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahí están las pruebas, pero en el Estado actual del país y del sistema de justicia, es imposible ganar esta guerra contra la impunidad”.

Velásquez celebra que las condiciones de vida en las cárceles o la dureza de las penas se ha convertido en un tema de debate público, desde que presidentes, ministros o empresarios han comenzado a desfilar por prisión. “Nunca les interesó el estado de las cárceles o las leyes que regulan la privación de libertad, porque eran un invento de los defensores de Derechos Humanos que son todos comunistas”, ironiza el jurista.

Para Iván Velásquez hay una evidente relación entre corrupción y pobreza y no le han sorprendido las caravanas de migrantes. “La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de las personas también en lo material”. “Hay ayuntamientos donde se roban dos y tres millones de dólares en un país donde el 46% de los niños de menos de cinco años tienen desnutrición crónica. O zonas, como Alta Verapaz, con municipios donde la desnutrición llega al 85% (…) El Estado no puede ser el botín de unos pocos y que lo llamen democracia”.

Durante los cuatro años en el cargo Velásquez le han llamado “extranjero y comunista”. Durante este tiempo ha vivido en el búnker de cemento gris sede de la CICIG y una de las pocas salidas que hacía era ir a misa cada domingo. El Falcone de Guatemala levanta odios y pasiones como si fuera un futbolista, pero los guatemaltecos lo tienen claro; el 70% apoya su permanencia en el país frente al 15% de popularidad del mandatario. Desde que Morales anunció que la CICIG saldrá del país el próximo año, una sensación de orfandad se ha instalado entre los que aspiran a una Guatemala distinta.