Miles de personas que se dirigen o están ya en la frontera entre México y Estados Unidos van a ver cambiar las reglas del juego. El Gobierno de Donald Trump anunció este martes que los solicitantes de asilo no podrán quedarse en el país mientras se revisa su caso. Esperarán en México. Se trata de un cambio fundamental en la práctica de la frontera, directamente relacionado con la presencia de miles de inmigrantes en Tijuana que llevan semanas esperando para poner el pie al otro lado de la garita y pedir asilo en EE UU. Washington asegura que México está de acuerdo con esta decisión y va a colaborar para ponerla en marcha.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, calificó la decisión de “histórica” y en buena medida es un cambio de reglas de juego definitivo en la frontera. Hasta ahora, cuando alguien se presenta en un puesto fronterizo de Estados Unidos o es detenido tras cruzar irregularmente, pasa a un centro de internamiento donde hay una primera revisión de su caso. La policía determina si la situación de vulnerabilidad es creíble. Si lo es, esa persona acaba quedando en libertad, monitorizada o no, con una orden de presentarse en el juzgado.

Trump llama a esto “atrapar y soltar”, y lo considera el principal incentivo que impulsa a los inmigrantes a arriesgarse en el viaje a EE UU. Trump considera que la frontera sur es caótica y que los inmigrantes son delincuentes.

En su discurso oficial, el Gobierno de Trump siempre insiste en que su objetivo es que la gente no arriesgue la vida cruzando ilegalmente y se presente en los puertos de entrada. Sin embargo, el cambio de normas va a afectar a todos. “Los alienígenas ilegales (término que utiliza el Gobierno de Trump para referirse a los inmigrantes irregulares) han explotado los agujeros del asilo en una proporción alarmante”, dijo la secretaria Nielsen en un comunicado. “En los últimos cinco años”, añade, EE UU “ha visto un incremento del 2.000% en alienígenas que declaran miedo creíble (el primer paso hacia el asilo), porque muchos saben que les da una oportunidad de quedarse en nuestro país, incluso si no tienen un caso válido de asilo”.

Como resultado, dice Nielsen, “Estados Unidos tiene un atraso aplastante de más de 786.000 casos pendientes. Solo el año pasado, el número de solicitudes de asilo creció un 67% respecto al año anterior. La mayoría de estas demandas no lo merecen, de hecho, nueve de cada diez demandas de asilo son rechazadas por un juez de inmigración. Sin embargo, para cuando el juez ha ordenado que sean expulsados de Estados Unidos, muchos se han desvanecido”.

Esta es la clave de lo que Donald Trump considera un agujero en las leyes migratorias de Estados Unidos. El discurso oficial de su Gobierno es que los inmigrantes no se presentan a la citación en el juzgado. Sobre este discurso ha basado la inversión en centros de detención en la frontera, el intento de mantener a niños detenidos en instalaciones para adultos durante más de 20 días, el endurecimiento de las condiciones para solicitar asilo o la separación de niños de sus padres. Sin embargo, las propias cifras del Departamento de Justicia (2016) indican que el 25% de los casos de inmigración se juzgan en ausencia, es decir, sin el acusado presente. Tres de cada cuatro inmigrantes sí se presentan en el juzgado para defender su caso.

Según la nota del Departamento de Interior, de quien dependen los cuerpos de seguridad de la frontera, “los alienígenas que intenten entrar en Estados Unidos para pedir asilo ya no serán liberados dentro de nuestro país, donde a menudo desaparecen antes de que un juzgado puede determinar la validez de su demanda”. Esos inmigrantes serán “procesados” por los servicios de seguridad como hasta ahora y se les entregará una citación en el juzgado, pero serán devueltos a México.

“Mientras esperan en México, el Gobierno mexicano ha tomado su propia decisión de otorgar visados humanitarios a estos individuos, permiso de trabajo y otras protecciones”, anuncia Nielsen desde Washington, sin citar ninguna fuente oficial de México en su comunicado. La nota indica que tendrán acceso a abogados y podrán entrar en EE UU para la vista de su caso en el juzgado. Aquellos cuyo caso sea aceptado por el juez, podrán entrar en el país. Los que no, “serán deportados a sus países”, indica la nota, sin aclarar si esa deportación depende de EE UU o de México.

Tras el anuncio de Nielsen, el Gobierno mexicano ha querido matizar lo que puede parecer una concesión mayúscula ante su vecino del norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador confirmó que autorizará “por razones humanitarias y de manera temporal” el ingreso en el país de extranjeros provenientes de Estados Unidos que hayan recibido un citatorio para presentarse con un juez, que es el punto clave del anuncio de Washington. Los principales beneficiados serán los migrantes y “menores de edad, acompañados o no”.

De esta forma, México “permitirá que las personas extranjeras… permanezcan en territorio nacional bajo la condición de ‘estancia por razones humanitarias”, un estatus que les permitirá realizar entradas y salidas múltiples del territorio mexicano, según ha informado un comunicado de la Cancillería. El Gobierno ha reafirmado su derecho a admitir o rechazar el ingreso de extranjeros, y ha explicado que este programa es diferente al llamado Tercer País Seguro, que obliga a personas en tránsito a solicitar su asilo en México. Estas acciones “están dirigidas a facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en Estados Unidos” y no afecta a los migrantes que quieran pedir refugio a México.

Esta nueva política por parte de México fue confirmada desde Washington por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. Pompeo añadió que los nuevos protocolos se aplicarán “inmediatamente”.