Nicolás Maduro tomará posesión hoy para un segundo mandato como presidente de Venezuela, a pesar de que la mayoría de sus vecinos regionales, incluido Estados Unidos, anunciaron que emprenderán una ofensiva diplomática contra el cúpula chavista para forzar la celebración de elecciones democráticas.

El 10 de enero es el día fijado en la Constitución venezolana para dar comienzo al período presidencial. Normalmente, el ascenso al Palacio de Miraflores se escenifica con una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional ante una nutrida representación internacional. Esta vez, será muy distinto.

La clave son las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Según resultados oficiales, Maduro ganó con un 67 por ciento –más de seis millones de votos–, la peor asistencia a las urnas desde que el chavismo llegó al poder.

Maduro concurrió casi en solitario. Sólo rivalizó con Henri Falcón, que ha sido chavista y opositor por épocas, y con el pastor evangélico Javier Bertucci, con 20 y 10 por ciento de los votos, respectivamente. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados.

La falta de una verdadera competencia electoral hizo que gran parte de la comunidad internacional –el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea– no reconociera los comicios que el Gobierno defiende como el punto de partida para resolver la crisis política que Venezuela arrastra desde la muerte de Hugo Chávez, hace ya casi cinco años.

Instituciones cuestionadas

La Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde su imponente victoria en las elecciones parlamentarias de 2015, se negó a albergar la toma de posesión de Maduro –será en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)–, debido a la crisis institucional que estalló tras los comicios de ese año.

La oposición consiguió una supermayoría que le permitía renovar instituciones clave, e interpelar al presidente y a los ministros. La MUD perdió tres diputados por supuestas irregularidades en su elección, pero finalmente decidió incorporarlos al hemiciclo ante la tardanza de las autoridades electorales para resolver el caso.

Desde entonces, la Asamblea Nacional está en “desacato” por orden del TSJ, al que a su vez el Parlamento considera ilegítimo, porque sigue integrado por los magistrados chavistas que los diputados venezolanos sustituyeron por otros.

Maduro convocó elecciones a una Asamblea Constituyente en 2017, según argumentó, para recuperar la normalidad en la vida política venezolana, si bien la oposición –respaldada por la comunidad internacional– optó por no participar por considerar que el proceso era un fraude.

El resultado fue una Asamblea Constituyente netamente chavista que, aunque debía situarse en la cúspide del Estado para elaborar una nueva Carta Magna, funciona como un Parlamento paralelo que da libre albedrío a Maduro y al TSJ oficialista, mientras la Asamblea Nacional permanece anulada y los magistrados designados por ella están en el exilio.

Repudio externo

Además, no habrá mucha presencia de mandatarios extranjeros. De momento, en el ámbito regional, sólo han confirmado asistencia los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Bolivia, Evo Morales; y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, el eje bolivariano, que se ha desintegrado por el cambio de signo político de América latina.

Trece de los 14 países que forman el Grupo de Lima, creado ‘para buscar una solución a la crisis en Venezuela, ya anunciaron que no asistirán.

Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

México, el otro integrante del Grupo de Lima, enviará al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, marcando distancias, aunque sin romper lazos, con Nicolás Maduro, que sí fue a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1° de diciembre en Ciudad de México, donde fue recibido al grito de “dictador”.

Estados Unidos y Canadá, alineados con el Grupo de Lima, tampoco irán, mientras que la Unión Europea no lo ha decidido aún.

Más de tres millones de venezolanos huyeron en los últimos años por una escasez económica que ha vaciado de comida los supermercados y de medicamentos los hospitales, y por una inseguridad que ha convertido a Venezuela en el país más peligroso del mundo en 2018, con 23.047 muertes violentas, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia.

Fuerte crítica a Macri y al Grupo de Lima

Nicolás Maduro lo calificó de “destructor de la Argentina”.

El presidente de Venezuela dio un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima (que no reconoce su legitimidad) para que renuncie a su política “injerencista”, y advirtió que, una vez transcurrido el plazo, adoptará medidas, aunque no especificó cuáles. En su discurso, calificó a Mauricio Macri como “destructor de la Argentina” y a Sebastián Piñera, presidente de Chile, como heredero del dictador Augusto Pinochet.