Opinión. “Debo admirar la temeridad de mi hijo por querer llevar a sus padres a la corte sabiendo que los dos somos abogados”, dijo Kavita Karnad Samuel, una letrada india cuyo hijo, el antinatalista Raphael Samuel, intenta demandarla a ella y su esposo por haberlo traído al mundo sin su consentimiento.


Por Analía De Luca

 

La noticia dio esta semana la vuelta al mundo y pone otra vez sobre la mesa el análisis del constante requerimiento de leyes a medida, sobre todo de los estratos sociales más acomodados. Esta semana, también se conoció el caso de Danielle Teuscher, cliente de un banco de esperma estadounidense, quien ha recibido una advertencia y una sanción por parte del laboratorio, al intentar tomar contacto con el donante que sería el padre de su hija Zoe.

La empresa la amenaza ahora con una multa de 20.000 dólares y le retiró el acceso a cuatro muestras del mismo semen que había reservado para que, en el futuro, Zoe pudiera tener hermanos biológicos. “Me quitaron a mis bebés, a mis futuros bebés”, declaró a la prensa. “Mi hija es un ser humano que vive, respira y siente. Ella no firmó ese contrato”, agregó, aludiendo al contrato de confidencialidad que ella firmara al momento de iniciar el tratamiento y que, luego, rompiera.

Si bien el común de las personas desconocemos los precios de una fecundación asistida, todos sabemos que es costosa, así como un alquiler de vientres, un aborto clandestino “seguro” o una acción legal privada para retorcer algún vacío legal en beneficio propio. Es decir, así como este joven indio hijo de abogados pretende llevar a sus padres a juicio para obtener… quién sabe qué reparación pretenda…, pareciera ser que tener dinero pone a la gente más creativa a la hora de demandar beneficios legales.

 

Sobran ejemplos

El matrimonio igualitario conformado por Leonardo Polti e Ignacio Santalla lleva adelante una batalla legal por la paternidad de su hijo Juan Pablo. Después de un derrotero burocrático, la pareja insiste en apelar la decisión de la justicia de otorgar la paternidad a Ignacio Santalla, el progenitor biológico de Juan Pablo, y la Sra. Cintia, quien prestó el vientre -según ellos sin ánimos de lucro- pero que tampoco sería la donante de óvulos (la donación fue anónima).

Según el artículo 562 del CCCN, “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo”. En este caso, a Leonardo Polti le correspondería adoptar a Juan Pablo en calidad de cónyuge de Santalla, a lo que Polti se niega rotundamente con el argumento de que la adopción simple que cabe en estos casos niega a Juan Pablo ciertos derechos. Sin embargo, hay, por ejemplo, en Salta, antecedentes de adopción plena por parte del cónyuge del progenitor. Y antes de que la Corte resuelva el problema legal en que Juan Pablo quedó atrapado, ya planean un segundo hijo, también con la participación de la Sra. Cintia y una donante anónima de óvulos.

Otro ejemplo corresponde a un caso un poco más sensible. El del aborto. Si bien es cierto que la biblioteca está dividida al respecto, moral, religiosa y políticamente, el aborto, a la fecha, es un delito penal y, mientras el debate cae siempre por el lado de la clandestinidad de quienes cobran por realizarlo, gente que ha pagado por obtenerlo lo ha confesado públicamente y sigue en libertad. Así lo consideró el abogado Adrián Bastianes, quien ha denunciado recientemente a Actrices Argentinas en el Juzgado Criminal y Correccional N° 20 por “instigación a cometer delitos, asociación ilícita, usurpación de autoridad e intimidación pública”. Es que las actrices, y algunas otras referentes culturales habían confesado, durante el desarrollo del Caso Darthés y antes, durante el debate por la despenalización del aborto en el Congreso, haber abortado, en algunos casos, hasta en más de una oportunidad: en la propia Cámara de Diputados, la cantante Miss Bolivia había dicho: “en 1996, yo aborté. Yo aborté porque pude, porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos, simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando decidí que no podía ni quería ser madre”.

 

Sin ir más lejos…

En Santa Fe, tenemos casos de Familias Solidarias que han reclamado la adopción definitiva de menores que tenían en guarda provisoria, salteándose el RUAGA y los derechos de quienes hace años esperan pacientemente su turno para adoptar. Aludiendo falta de cumplimiento de los plazos por parte del Estado provincial, han demandado a través de abogados privados, y, en algunos casos, han obtenido, la adopción de los menores. Lo cierto es que más allá de las fallas que pudiera haber en el sistema, permitieron que esos chicos que albergaban transitoriamente a conciencia los llamaran “papá” y “mamá”, aun antes de presentar las demandas respectivas y, después, citaron el interés superior del niño en favor de sus reclamos y sentando un precedente jurídico para que otras familias puedan replicar la experiencia, si pueden pagarlo.