La ley Vanesa trata de “alfabetizar”, también, a nuestros representantes y funcionarios de la Justicia, atrincherados tras sus escritorios, enseñando lo que les pasa a las grandes mayorías.

Pablo Benito

El viernes 15 de febrero de 2018, en horas del mediodía, Vanesa Castillo -una docente de la Escuela 533 Victoriano Montes de Alto Verde- era brutalmente atacada por un hombre, ex alumno de esa misma escuela: con 13 puñaladas, apagaba la vida de una mujer, madre, hija, amiga y reconocida “maestra gallina” (que es como la conocían entre sus compañeras, ya que cuidaba de “sus niños” cual si fuesen sus “pollitos”).

Su femicidio, perpetrado frente a la escuela donde trabajaba, con alevosía e indudable premeditación, a plena luz del día y a la vista de todos, desnudó las falencias de un sistema y de sus responsables, quienes rápidamente y con absoluta ligereza acudieron a “lamentar lo ocurrido” e instalar que se trataba, siquiera, de un simple robo, sino de un intento del asesino de lograr que Vanesa le “compre” unas ojotas y, ante la negativa, hundió en su cuerpo 13 veces un hierro con una empuñadura de goma y cintas, arma “tumbera” que había aprendido a fabricar en la cárcel y a usar con letal efectividad.

Acto por Vanesa Castillo.

El sistema

El hecho cruzó a todas las instituciones, con distintos grados de responsabilidad.

Autoridades de Educación, Seguridad, Sanidad y Comunicación, demostraron que, ante el desconcierto, acudían a proteger su propio accionar. El primer acto consistió en filtrar a medio locales, nacionales y hasta internacionales que se trataba de un robo. Un acto de inseguridad más en donde se apilan los cuerpos de las víctimas para engrosar la estadística como un número más.

Desde la preservación de la escena del crimen hasta la comunicación institucional del hecho, el sistema, con sujetos responsables de abonarlo, negaron la existencia de cualquier móvil “extra” a la del “lobo suelto” que, en su locura y enfermedad psiquiátrica, eligió “al azar” a Vanesa Castillo para descargar su ira misógina.

Al cuento le faltaba un dato importante: que estaba institucionalizado, judicializado y preso por violación; con el Ministerio Público de la Acusación, se había acordado 13 años de prisión (otra vez el 13). Vanesa había comunicado –en un acta administrativa– el caso de una alumna que no pertenecía a su clase, quien le había develado ser víctima, en reiteradas ocasiones, de violación, por parte de un mayor de edad integrante y conviviente de su entorno familiar. Estaba en su octavo mes de embarazo y era enviada fajada a la escuela, para cubrir su vientre.

El “error” del sistema terminó con 13 puñaladas sobre la maestra. El “reflejo” de los integrantes de ese sistema oculta una cadena de omisiones que siembran la impunidad.

Vanesa le puso el cuerpo a la indiferencia de la comunidad –incluyendo su propia familia, que lo naturalizó dentro de un historial recurrente a través de sus costumbres. Por su parte, horas después del femicidio, el Secretario de Educación, Oscar Di Paolo, desconocía públicamente la existencia de la denuncia de Vanesa. La maestra, incluso, había sido llamada a declarar por fiscalía en calidad de víctima, el 1 de diciembre, a las 8.

La pequeña había declarado en Cámara Gesell, el presunto violador detenido y la denuncia realizada ¿Con qué necesidad la Justicia expuso a Vanesa cuyo acto ADMINISTRATIVO consistió en comunicar un hecho, posteriormente comprobado?

¿Cómo podía un funcionario ignorar o estar desinformado de un hecho de estas características e, incluso, determinar las primeras horas de la investigación penal, llevándola a un robo? ¿Cómo, en la imputación del femicida, fiscalía “olvidó” que su víctima activó un protocolo que terminó con un amigo del asesino preso por violación? ¿Cómo el asesino estaba en libertad cuando seis meses antes había abusado sexualmente de una menor en el Hospital Mira y López, siendo imputado por tentativa de homicidio? ¿Cómo fue lanzado a la calle con un paquete de pastillas y un historial acumulado 17 delitos, por los que había sido detenido oportunamente? De ellos, cinco eran tentativas de homicidio, seis robos a mano armada y seis delitos sexuales.

El “error” del sistema terminó con 13 puñaladas sobre la maestra. El “reflejo” de los integrantes de ese sistema oculta una cadena de omisiones que siembran la impunidad y, lo peor, impiden detectar las falencias y la realidad social, con respecto al drama de los miles de víctimas de abuso sexual infantil, que se mete -como cuña- truncando infancias, adolescencias y repitiendo un ciclo de víctima – victimario – víctima que, de manera subterránea, transforma en papel mojado las “buenas intenciones”.

 

“Voy a cubrir tu lucha más que con flores”

“Voy a cuidar de tu bondad más que con plegarias”, reza Leon Gieco en “El Ángel de la bicicleta”, dedicado a Pocho Lepratti, otro “error” del sistema que llevó a la familia de la víctima a buscar justicia por una muerte, pero sentar precedentes para evitar otras.

La Ley Vanesa es la iniciativa de familiares, amigos y allegados de la familia Castillo que pretenden transformar en testimonio el dolor de una pérdida irreparable. Durante un año, peregrinando y mendigando el servicio de Justicia que les es negado, transformaron esa bronca en acción con la idea de que sólo la ley puede ayudar a protegernos, también, de quienes nos protegen.

La Ley Vanesa, que cuenta con el acompañamiento de un número importe de legisladores, plantea la creación de una norma integrando el amontonamiento de normas, cuya retórica habla del interés supremo del niño, pero que no le otorga la suficiente importancia, ni presupuestaria, ni de información y proximidad de los funcionarios y la burocracia para con el tema.

La “Ley Vanesa”, pretende ser el corolario de un proceso de visibilización y concientizar a la sociedad sobre esta endemia enraizada socioculturalmente.

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Esta iniciativa se propone transformar la legislatura en la caja de resonancia de quienes, cotidianamente, se enfrentan con la cultura del abuso infantil en la calle, en las escuelas, en las enfermerías, en las comisarías, en los jardines infantiles. La realidad que ellos viven, lejos está de la literatura jurídica que se manifiesta en protocolos de actuación y leyes que adhieren a otras leyes de rango superior o la Convención de los Derechos del Niño.

Se trata de involucrar, lo que ellos llaman, las tres “P”

– Proteger, promover y patrocinar el develamiento de las víctimas de abuso sexual infantil, dando premura a…

– …Proteger, promover y patrocinar a quienes son el vehículo, en primera instancia, de ese develamiento; resguardarlo institucionalmente para que puedan seguir cumpliendo ese rol, sin presiones ni poniendo en juego su integridad física y psicológica.

– Proteger, promover y patrocinar el tratamiento de las víctimas, una vez develado el hecho. Las estadísticas revelan que un gran porcentaje de abusadores tienen un historial de abuso en su infancia. Las secuelas psicológicas de niños, niñas y adolescentes abusados son realmente graves y el Estado, generalmente, se desentiende de las víctimas sometiéndolas, nuevamente, a la soledad del secreto de un padecimiento que las acompañará el resto de sus vidas.

La “Ley Vanesa”, pretende ser el corolario de un proceso de visibilización y concientizar a la sociedad sobre esta endemia enraizada socioculturalmente, que corre por debajo de lo visible y tiene una influencia directa en el desarrollo de muchos ciudadanos.

Se trata de “alfabetizar”, también, a nuestros representantes y a funcionarios de la Justicia, aburguesados tras sus escritorios: como todo parto, la Ley Vanesa, nace con dolor, con angustias y temores. Son muchos los que desean hacer algo más que ir a protestar a las plazas cada vez que un niño, niña u adolescente es despojado de su infancia y, muchas veces, de su vida. Nace la Ley Vanesa del debate colectivo, socializando la impotencia del abuso y apropiándose de la decisión que no puede ser liberada a la discrecionalidad una elite sin contacto con la realidad de las mayorías.