La medida es por tres años. De acuerdo con datos oficiales, la capacidad de alojamiento tiene un excedente del 12%.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró este lunes la “emergencia en materia penitenciaria” por los próximos tres años, ante la sobrepoblación que afecta a las cárceles de todo el país.

Además, se conformó una “comisión” especial para resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.

Esta resolución se basa en que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “experimentó un incremento significativo en los últimos años”.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que, al 13 de marzo pasado, los internos alojados ascendían a 13.773. A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12 por ciento.

De acuerdo a la resolución, las órdenes judiciales “impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país”, por lo que se generan situaciones de sobrepoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63 por ciento de los presos.

Entre otras cuestiones, en la resolución se remarcó que debido a la implementación del régimen de Flagrancia a la Alcaidía 28 (Centro de Detención Judicial en los tribunales porteños) “el flujo mensual promedio de ingresos” supera las 700 personas. Por ello, desde el Ministerio se impulsó la construcción de nuevas cárceles, como una en la ciudad bonaerense de Mercedes para 1.152 presos y otra en Coronda, Santa Fe, para 462; al tiempo que se sumaron 352 nuevas plazas a la unidad de Luján de Cuyo, Mendoza.

De acuerdo a la resolución, en forma paralela “se promovió la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad” como “la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica”.

En ese sentido, recordaron que se tramitó la contratación de 2880 dispositivos para aumentar los servicios diarios de dicha vigilancia y que el objetivo es llegar a los 6000. “A pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, indicó la resolución.

Para abordar este problema, además de declarar la “emergencia” se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia una “Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria” que una vez constituida se reunirá quincenalmente hasta marzo 2022. En dicha comisión, el Ministerio estará representado por un miembro de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y un integrante de la Dirección Nacional del SPF.

El objetivo de esta comisión será facilitar la “elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el SPF, mejorar las condiciones de privación de la libertad, y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”, añadió la resolución.