La víctima, de 11 años, declarará en Cámara Gesell este miércoles. Quiénes son las asesoras de menores que podrían tener la última palabra para la intervención.

El caso de la nena violada por su padrastro en San Juan generó cruces en la provincia y recordó la experiencia tucumana. La víctima, de 11 años, está embarazada y según indica el Código Penal podría solicitar un aborto no punible. La aplicación de este derecho, vigente desde 1921, se definirá este miércoles cuando la chica declare en Cámara Gesell. En caso que lo solicite, sus asesoras legales -del Ministerio Público Fiscal- tendrán la última palabra, ya que tanto su abusador como su madre quedaron detenidos por el ataque sexual.

Según confirmaron fuentes judiciales allegadas al caso a TN.com.ar, la entrevista con las autoridades está prevista para la mañana y se realizará en una dependencia judicial especializada en víctimas menores de 18 años.

La denuncia trascendió gracias a las maestras de la escuela Cristóbal Colón, de la localidad de Médano de Oro, que tras pedirle a la nena que se sacara la campera, se dieron cuenta de que estaba embarazada.

El responsable del abuso sexual era su padrastro, que dijo que se “pasaba de cama” todas las noches en la casa en donde vivía con la madre. Ambos quedaron detenidos. A su vez, la Justicia ordenó que a hermana de la víctima fuera entregada a la dirección de Niñez para su protección.

El primer fiscal que intervino, Daniel Galvani, detalló que la chica estaba embarazada de tres meses, en base a un informe médico legista. Sin embargo, esta conclusión se había tomado solo con una revisión externa. Las fuentes allegadas a la investigación aclararon que tras realizarle una ecografía, confirmaron que estaba de 19 semanas de gestación.

Si la víctima quiere solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), su voluntad quedará sujeta a la postura de sus dos asesoras legales, Patricia Sirera y Laura Romarion, que actuarían de oficio.

Apenas se difundió la causa, organizaciones “celestes” empezaron a difundir comunicados ofreciendo apoyo para que la chica no acceda a la ILE y exigieron que continúe con su embarazo. Hasta difundieron que, en realidad, la gestación era más avanzada de lo informado y que sería “peligroso” practicarle un aborto.

La Justicia desmintió estas versiones y reiteró que efectivamente la paciente está de 19 semanas. A su vez, aclararon que también esperan que el Ministerio de Salud de la provincia emita un comunicado, en donde indiquen en qué estado se encuentra la nena. Su declaración en la Cámara Gesell será la clave del caso.

El antecedente tucumano

No es la primera vez que las agrupaciones autodenominadas “provida” intentan incidir en la voluntad de una víctima de violación. Hace poco más de un mes, en Tucumán surgió un escenario similar. La discusión sobre el tiempo de gestación dilató el acceso a la ILE y a la nena se la practicó una cesárea.

A los pocos días, la recién nacida murió. La controversia en la provincia se intensificó cuando el propio gobernador local, Juan Luis Manzur, dijo que la bebé sería adoptada.

La reacción de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y feministas salieron al cruce y acusaron al sistema de salud de Tucumán de someter a la nena a una tortura.