En la primera jornada del juicio en Murcia por delitos contra la propiedad intelectual que causaron a las productoras de cine perjuicios de 546 millones de euros.


En su declaración, el principal acusado, Alberto G.S., ha descargado este lunes la responsabilidad de los hechos que se investigan en la comunidad de usuarios que utilizaban su web ‘seriesyonkis’.

En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y otros tres acusados en la Ciudad de la Justicia de Murcia por delitos contra la propiedad intelectual, el lorquino Alberto G.S., ha declarado ante la juez que él sólo se ocupaba de los aspectos técnicos y que no colgó nunca enlace alguno hacia películas protegidas por la propiedad intelectual.

Ha dicho también que cuando recibió algún comentario sobre el origen de insertar algunos enlaces procedía a borrarlos.

Además ha explicado que por aquellos años estaba inmerso en su actividad investigadora en la universidad y que no podía dedicar mucho tiempo a las páginas web, al tiempo que comentó que su contenido variaba por minutos debido a la actuación de los usuarios.

El creador de la web estuvo sentado junto a Jordi T. y David M. y A.H., acusados de la posterior compra de la plataforma creada por el murciano. Los tres gestores han responsabilizado del contenido de la página a los usuarios, igual que había hecho minutos antes su fundador.

Este juicio ha levantado gran expectación mediática al tratarse del primero en España en el que se juzga facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar para acceder a obras protegidas, lo que podrá crear jurisprudencia.El juzgado penal número 4 de Murcia celebra hasta el jueves las primeras sesiones del juicio.

El fiscal pide 2 años de cárcel y multa de 4.200 euros para cada uno de los 4 responsables de la web de descargas ilegales por internet ‘seriesyonkis.com’ juzgados desde este lunes en Murcia por delitos contra la propiedad intelectual que causaron a las productoras de cine perjuicios por 546 millones de euros.

TRES DOMINIOS ALOJADOS EN UN SERVIDOR
El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que uno de ellos, “a sabiendas de lo ilícito de su proceder” y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador.

Mediante tres dominios alojados en un servidor domiciliado en Sevilla puso a disposición de los usuarios de internet presuntamente el acceso a material audiovisual con derechos de propiedad intelectual al facilitar enlaces para su visionado en línea y su descarga directa.

Según la acusación estatal, en principio actuó en su propio nombre y a partir de abril de 2009 a través de una sociedad limitada que había constituido dos meses antes.

En abril de 2010 vendió los dominios por él administrados por 610.000 euros a otra empresa cuyo representante está también acusado, junto a otros dos hombres que la habían constituido con él en diciembre de 2009.

La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) ha valorado los perjuicios en 546 millones de euros y la Federación Antipiratería, en 9,5 millones.