OPINIÓN. La muerte en prisión del único condenado por el femicidio de Araceli Fulles a manos de otros internos resuena al compás de otras muertes inesperadas en prisión. ¿Qué está pasando en las cárceles y por qué solo se difunden datos a discreción?

Por Analía De Luca

 

Darío Badaracco había sido sentenciado por el asesinato, desmembramiento e inhumación ilegal de Araceli Fulles. Tenía antecedentes previos y, además, la causa estuvo plagada de errores técnicos que permitieron que sus ocho cómplices conservaran su libertad. La semana pasada, tras oír sus gritos desesperados, el personal penitenciario lo halló agonizando en su celda: otros dos presos lo golpearon y quemaron con agua hirviendo.

“Son problemas de presos y lo teníamos que arreglar de esta manera”, aseguró un interno del pabellón 10 de máxima seguridad de Sierra Chica a los guardiacárceles, quienes intentaron detener -infructuosamente- el ataque. Murió internado, una semana después, a causa de las graves quemaduras sufridas en el 60% de su cuerpo.

En tanto, según publicó el 31 de marzo La Capital de Mar del Plata, ‘murió un recluso de Batán tras descompensarse en su celda; La muerte se produjo en forma natural y el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia ni se había producido en la celda alguna pelea o riña‘. El suceso ocurrió en la Cárcel de Batán, y aunque la fiscal de la causa pidió una autopsia, nunca se difundieron los resultados.

 

Morir en la cárcel

El 11 de septiembre de 2018, la sociedad santafesina amanecía con la noticia de que Carlos Alberto Pérez se había ahorcado en su celda de resguardo de la Cárcel de Coronda. Días antes, se había profugado tras violar y matar a golpes a su hijastro de cuatro años en la ciudad de Santo Tomé. Fue encontrado por el Comando Radioeléctrico y trasladado inmediatamente a una celda de resguardo en la Unidad Penal 1, donde esa misma noche arrancó el acordonado del colchón y se ahorcó. Se dispuso la autopsia del cuerpo para certificar “posible suicidio” pero los resultados no trascendieron.

En abril de 2018, también halló la muerte tras las rejas “El Tubi” Segovia. Cuatro internos de “su entorno” lo apuñalaron y lo ahorcaron. Cumplía condena por narcotráfico y los asesinos fueron registrados por las cámaras de seguridad del Penal de Coronda (también ocurrió en la UP1).

Víctor Hugo Baraldo, sentenciado por violar a su propio nieto menor de edad, falleció hace poco más de un mes en la Cárcel de Las Flores. Según relataron sus compañeros de celda, cayó de su silla, aparentemente por una falla cardíaca. Si bien se dispuso la autopsia del cadáver, nunca trascendieron los resultados.

Y hace un par de semanas, el 16 de abril, un interno de la Cárcel de Las Flores informó a las autoridades penitenciarias que Osvaldo Cerri, el único detenido por la desaparición de Natalia Acosta estaba “inmóvil” en su cama. Se constató su muerte y se pidió una autopsia por “afección coronaria”; sin embargo, no se informaron los resultados.

 

En otras dependencias

El 10 de abril de 2019, se ahorcó en su celda de la Seccional 21 de Rosario, Sebastián R. En este caso, el joven -que había sido denunciado por amenazar a su propia familia- tenía una seria adicción a las drogas. Sin embargo, Asuntos Internos tomó intervención para determinar si fallaron las medidas tomadas en la comisaría para la protección del detenido. No trascendió luego ninguna información adicional.

El 16 de enero de 2019, Luciano Butassi, acusado de violencia de género, fue encontrado muerto en una celda del subsuelo de los Tribunales de Río Tercero, en Córdoba. Al parecer, se había ahorcado con una campera. Lo habían detenido el día anterior (tras una semana prófugo) en un megaoperativo y su madre relató luego a Telenoche “Estaba acorralado. La Policía lo perseguía todo el tiempo, tenía una obsesión con él”. No trascendieron más detalles. Su familia inició acciones, por lo que hay cinco uniformados investigados, aunque todavía no se realizó ninguna imputación.

 

¿Por qué se informa a discreción?

La información judicial suele ser discreta. Se le atribuyen condiciones como el secreto de sumario, el respeto a familiares de las víctimas, la presunción de inocencia, etcétera. Sin embargo, así como se informa de los sucesos, debería comunicarse a la sociedad el avance o cierre de las investigaciones por muertes en reclusión.

En el caso de las muertes por causas naturales, informar los resultados de la autopsia no solo tranquiliza a la familia sino que además resguarda la reputación de las autoridades involucradas. Aun en el caso de los asesinatos o suicidios en detención, la sociedad tiene derecho a conocer la resolución de las causas y, sobre todo, los nombres de los responsables.

Finalmente, no deja de ser preocupante la cantidad de fallecimientos por aparentes “causas cardíacas” tras las rejas. En este caso, las dudas se dirigen a la atención en salud que reciben los detenidos y/o condenados: ¿funciona correctamente el sistema sanitario intramuros? Porque, cabe recordar, que el único derecho que ha de negárseles a los condenados o retenidos preventivamente es el de la libertad de circulación.