Este miércoles comienzan las audiencias por la peor tragedia que vivió Rosario y se extenderán por más de un mes. Pasarán más de 130 testigos. Todos los procesados llegan en libertad y pedirán penas para nueve de ellos. Veintidós familias esperan justicia.

 

Comienza otro juicio emblemático en Rosario, ahora por la peor tragedia que vivió la ciudad. Once personas serán juzgadas desde este miércoles por estrago culposo agravado, al iniciarse el proceso oral por la explosión en el complejo de edificios que se ubicaba en Salta 2141, ocurrida en agosto de 2013, que provocó 22 muertes, unos 60 heridos y cientos de damnificados.

De los once imputados, los fiscales adelantaron que pedirán el sobreseimiento de dos de ellos -un gasista y un reclamista de Litoral Gas- al entender que por su participación en el hecho no tienen responsabilidad penal, adelantaron fuentes judiciales.

El tribunal que dirigirá el debate está integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Carlos Leiva; mientras que por la Fiscalía actuarán cuatro acusadores: Graciela Argüelles, María Eugenia Iribarren, Valeria Piazza Iglesias y Miguel Moreno.

Las audiencias se desarrollarán los lunes, miércoles y jueves entre las 8.30 y las 17.30, y los martes desde las 13 hasta las 19. Los viernes no habrá actividad, a excepción del de esta semana. De acuerdo a las previsiones del tribunal, el juicio se extenderá hasta el 12 de junio próximo.

Los acusados llegan al debate procesados por estrago culposo agravado por muerte, un delito que “consiste en causar un daño de grandes proporciones y el cual genera un peligro común”, detalló este martes el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El monto máximo de la pena establecido en el Código Penal para ese delito es de cinco años de prisión.

Tristemente inolvidable

La explosión y derrumbe de uno de los tres edificios ubicados en calle Salta 2141 se produjo a las 9.38 del 6 de agosto de 2013 por una fuga de gas que al acumularse y “reaccionar ante una fuente de ignición” provocó la implosión de la torre y gravísimos daños en las otras dos –demolidas luego–, con el saldo de 22 muertes.

La familia de Débora Gianángelo, una de las víctimas fatales, es la única querellante en la causa penal, ya que el resto de los familiares acordaron con la parte, muchos ante el temor de ser demandados por alguno de los imputados.

Algunos familiares de las personas fallecidas manifestaron llegar a esta instancia con pocas “expectativas” de justicia porque, consideran, “no están procesados todos los responsables” y además los desilusiona el reciente fallo absolutorio en otro caso resonante, el de la desaparición de Paula Perassi.

Once acusados

De acuerdo a la investigación que llevó adelante la fiscal Argüelles durante la instrucción, la explosión fue consecuencia de “una cadena de negligencias” que involucraron desde el gasista que trabajaba en el lugar al personal de la empresa Litoral Gas y a los administradores del consorcio.

Ante un problema de pérdida de gas en el edificio, el 25 de julio de 2013 asistió el gasista matriculado José Allala, quien procedió “al accionamiento de la válvula de bloqueo para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado sólo personal de la licenciataria Litoral Gas”, señala el procesamiento.

De acuerdo a la causa, frente a la persistencia del problema los administradores del consorcio informaron a los propietarios e inquilinos que debían colocar dos reguladores de gas para una mejor provisión del fluido.

Unos días después, el 2 de agosto durante una reunión de consorcio, otro gasista contratado por la administración, Osvaldo García, explicó que “era más económico colocar un regulador de 100 en lugar de dos de 50, como asimismo que no debía realizarse obligatoriamente para la rehabilitación del servicio una inspección en todas y cada una de las unidades habitacionales del edificio”, algo contrario a las normas.

Según el expediente, algunos vecinos -dos de los cuales luego murieron en el siniestro- requirieron información precisa sobre los trabajos a realizar, que el administrador habría retaceado.

García y su ayudante Pablo Miño -para quien la Fiscalía solicitará el sobreseimiento- cambiaban el regulador el 6 de agosto de 2013 por la mañana, cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, aunque ambos alcanzaron a escapar corriendo.

Además del gasista, los fiscales también acusan por estrago culposo agravado a los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, al jefe de mantenimiento de la empresa, Claudio Tonucci, y a la gerenta técnica, Viviana Leegstra.

Por su presunta negligencia también serán acusados los miembros de la administración del edificio Norma Bauer, el asesor jurídico Carlos Repupilli y su esposa y administradora del consorcio, Mariela Calvillo.