Opinión. A Francisco Sueldo lo mató Francisco Lascurain, al impactar desde atrás a alta velocidad el auto en que el niño viajaba, como corresponde a una persona de su edad (once años), en el asiento trasero. Su papá había disminuido la velocidad -como corresponde- para pasar un lomo de burro en una calle muy transitada de Santa Fe. Pero ¿quién más asesinó a Francisco?

Por Analía De Luca

Ignorantia juris non excusat (la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley)

En nuestro país, el 89.5% de los choques viales se producen por errores humanos. Así se deprende de un informe publicado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial que sintetiza guarismos de cuatro mil choques ocurridos entre enero de 2004 y diciembre de 2016, en los que participaron ocho mil vehículos.

Por supuesto, en el caso de la muerte de Francisco Sueldo está más que explicado que no se trató de un accidente y sí de un homicidio, si se tiene en cuenta que Francisco Lascurain es un profesional con un título terciario y de esto se infiere que tiene acceso al conocimiento de las leyes nacionales promulgadas, sobre todo de la Ley Nacional de Tránsito, ya que, además, cuenta -según afirmó a los medios el fiscal Daniel Filippi- con una licencia de conducir otorgada por los organismos que acreditan que los conductores saben, entre otras cosas, que la velocidad máxima permitida en calles urbanas de 40 km/h. Como un principio del derecho postula que al estar las leyes publicadas todas las personas alfabetizadas las deben conocer, sería ilógico deducir que Lascurain no sabía que podía matar a alguien circulando a 225% sobre la velocidad permitida (según los peritajes superaba los 90 km/h) en una calle bien iluminada, recta, seca, señalizada, con lomos de burro…

 

“Soy Dios”

Sin embargo, circulan trascendidos a favor de Lascurain: que había estado internado en una clínica neuropsiquiátrica local, que su matrícula está suspendida por sus problemas de salud mental que deambula desnudo leyendo la biblia… Pero, si tiene problemas psiquiátricos, no debería conducir libremente un auto de alta gama… de ser así, hay personas y -sobre todo- instituciones que fallaron en las cadenas de control del ejercicio de los derechos y obligaciones.

Durante su audiencia imputativa, Lascurain comenzó su primera declaración frente a la jueza Rosana Carrara argumentando que manejaba “a alta velocidad porque iba persiguiendo a un auto que lo había empujado desde atrás”, como si esta fuera una excusa válida para circular a 95km/h por una calle de barrio. “Cuando sigo, lo embisto en la parte de atrás lo que generó un deslizamiento del auto hacia el lado derecho que dio contra una vivienda”, aseguró, así como que luego se asomó “para ver si había alguien herido” y que luego se retiró caminando “suavemente”, fue a su casa y se acostó a dormir hasta que la policía llegó y lo arrestó. Las declaraciones finalizaron abruptamente cuando prosiguió “yo le quiero comentar que soy Dios” y su defensor público, Sebastián Amadeo, le impidió seguir hablando. Amadeo se refirió, luego, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, a los graves problemas de salud mental que sufre el imputado, que “estaba medicado” y llegó a ser “internado contra su voluntad”, que la familia no podía ofrecer alternativas para que Francisco no quede en prisión y que acordaron que permanezca en prisión preventiva.

 

Responsabilidades

Para Gustavo Brambati, experto vial de CESVI, “medidas como el carnet por puntos o el endurecimiento de las penas por delitos de tránsito pueden generar un cambio de conciencia necesario para paliar este flagelo que diariamente conmueve a nuestra sociedad”. Pero el proyecto de ley que propone convertir las infracciones de tránsito en delitos viales duerme hace años en el Senado de la Nación. Además, el derecho penal estipula que ninguna persona puede hacerse cargo de un delito cometido por otra, por lo que una posible dolencia mental de Francisco Lascurain lo eximiría de sanciones penales y trasladaría la responsabilidad -civil y moral- a sus responsables legales (su familia) y a los organismos que lo habilitaron a realizar tareas que exceden sus capacidades, como conducir. Así, el homicidio de Fran Sueldo quedaría -como tantas otras- en un limbo jurídico donde por la incapacidad mental del homicida no se satisface a la familia de la víctima con una condena resarcitoria, más allá de los daños civiles que puedan haber sufrido.

Aun en el caso de que Lascurain realmente sufriera alguna enfermedad mental, el caso recuerda al de un médico local del que, a raíz de la muerte de una paciente con la que aún se investiga si tuvo relación, se conoció -por su propio entorno laboral- que sufre adicciones, aunque durante años nadie realizó ninguna denuncia y todos permitieron que siga poniendo vidas en riesgo.