Dijo que “el plan de emergencia existió y se puso en marcha” y que la jueza de Instrucción “fabricó un relato” que tomó la fiscalía.

La gerenta técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra, defendió ayer el accionar de la empresa y de los empleados a su cargo antes y durante la explosión del edificio de calle Salta 2141, refutó cada una de las imputaciones que le endilgaron en el auto de procesamiento y cargó contra la jueza de Instrucción que tomó esa determinación, Patricia Bilotta. En tal sentido, remarcó que la magistrada “fabricó un relato” en base a hechos que se introdujeron en una pericia de manera “anónima” y que la fiscalía “copió textualmente”.

Leegstra habló durante más de dos horas en el marco de la última audiencia en la que se presentaron testigos, ya que el lunes 24 comenzarán los alegatos de las partes.

A la gerenta técnica de la empresa la asiste el derecho de poder hablar ante el tribunal cuando lo solicite, ya que es una de los once procesados por estrago culposo agravado por las muertes (22 víctimas fatales) que tiene la causa. Lo mismo hicieron ayer el jefe de mantenimiento de redes de la firma, Claudio Tonucci, y los integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli.

Leegstra refutó uno por uno los hechos que se presentaron en los autos de su procesamiento. Con tono calmo, casi didáctico, se explayó sobre ellos. Así, explicó el proceso que realiza el gas desde que se produce en Salta, Neuquén y Bolivia hasta que llega a las distribuidoras y finalmente a los domicilios.

Dijo que desde los lugares de origen es conducido por gasoductos a una presión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado, y que al llegar a las distribuidoras (en este caso Litoral Gas) se reduce a 20 Kg/cm2. “La distribuidora lleva el gas a esa presión por gasoductos que van por debajo de la calzada y para llegar a los domicilios hay que reducirla a 1,5 Kg/cm2. Esto se hace en estaciones reguladoras de presión, que en Rosario hay 40”, detalló.

De esas estaciones, el gas ingresa a la red de media presión, que está en las veredas. “Desde ahí sale el servicio (caño que va a los hogares) para llegar a los domicilios. Es allí donde los reguladores (como el que se intentó cambiar en Salta 2141) reducen la presión a 20 gramos.

La explicación le sirvió a Leegstra para remarcar que “la forma más adecuada para cortar el gas en el edificio de calle Salta fue el que se utilizó”. Es decir, la perforación y obturación del caño de media presión.

“El sistema de media presión es un entramado, es como un telar, por eso es incompatible tener válvulas sectoriales de corte. Al ser una malla, el gas se sigue distribuyendo. Para interrumpir el servicio, el método es el prensado o perforación y obturación del caño”, destacó.

Dijo que cerrar las estaciones de regulación de presión hubiese implicado “afectar a 300 mil clientes”.

Relato

El dato de las válvulas de corte no es menor si se tiene en cuenta que tanto en el auto de procesamiento de los empleados de la empresa como en los alegatos de apertura de la fiscalía se remarcó que si había una válvula en la vereda, el gas se podría haber cortado más rápido y por consiguiente los bomberos hubiesen salvado más vidas. Es más, se puntualizó que una marca amarilla que pintó un reclamista de la firma en la vereda del edificio era para señalar el sitio en el que debía colocarse una válvula.

Leegstra remarcó que eso es “un invento. Lo tomaron de dos hojas que no tienen autoría, membrete ni firma de nadie que están dentro de una pericia y que le fueron adjudicados al Enargás. Fabricaron un relato de que debía existir una segunda válvula, la jueza lo tomó para justificar el auto de procesamiento y la fiscalía lo copió textualmente”.

La gerenta recordó que la corte Suprema de Justicia se expidió sobre el tema y concluyó que la presencia de esas dos misteriosas hojas en el expediente se debió a un “error material”.

Leegstra volvió a explicar (ya lo había hecho en otra oportunidad) que el reclamista hizo esa marca amarilla en el supuesto caso que hubiese que cambiar el servicio (caño que une la red de media presión con el gabinete) y no para colocar una válvula. “Nunca hay una válvula de servicio en la vereda”, indicó.

El plan

La ingeniera también cuestionó que le hayan imputado no haber elaborado un plan de emergencia para interrumpir el servicio en un plazo razonable. “El plan existió y se puso en marcha. El reclamo ingresó a las 9.35, a las 9.38 se produjo la explosión y a las 9.45 ya había personal de la empresa en el lugar”, puntualizó.

Refutó también que le endilguen no haber instruido ni capacitado al personal. Así, recordó que en un allanamiento aportó más de 2 mil formularios de 2007 en adelante que daban cuenta de las capacitaciones del personal. “Esto es a raíz de unas 190 capacitaciones por año, una por día hábil”, subrayó.

Después defendió el accionar de los reclamistas, ya que “uno encontró pérdidas en el gabinete y cortó el suministro y los otros lo rehabilitaron tras constatar que ya no las había”. Todo, 11 días antes de la tragedia. Es más, basándose en pericias indicó que “el siniestro se produjo por el desacople del regulador sin que estuviese cerrada la válvula de corte de servicio”.

Así, sobre el final de su extensa exposición remarcó: “Soy inocente. No puede haber Justicia si se nos culpa”. El veredicto llegará sobre fin de mes.