La violencia de extrema derecha vuelve a inquietar a Alemania. La detención hace una semana de un antiguo neonazi como principal sospechoso del asesinato a inicios de junio de un político local defensor de la acogida a migrantes ha sacudido a la sociedad y a la clase política, y ha disparado la preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas agresiones. “Un atentado de extrema derecha contra un representante del Estado constituye una señal de alarma, y va dirigido contra todos nosotros”, declaró el ministro del Interior, Horst Seehofer, el pasado martes en rueda de prensa en Berlín.

Según el socialcristiano Seehofer, este asesinato introduce “una nueva dimensión” en la categoría de actos violentos de simpatizantes de la extrema derecha en los últimos años e indica “un peligro creciente” en ese ámbito.

El democristiano Walter Lüb­cke, de 65 años, presidente del distrito de Kassel, en el centro del país, falleció en la noche del sábado 1 al domingo 2 de junio tras recibir un disparo en la cabeza, cuando se hallaba en la terraza de su casa en Istha, un pueblo a 20 kilómetros de Kassel. Walter Lübcke se había distinguido por su defensa de los refugiados, por lo que fue objeto de campañas de odio sobre todo en el otoño del 2015, y su muerte fue ignominiosamente celebrada por algunos ultras en las redes sociales.

Durante los primeros días, y ante la falta de evidencias, la policía de Hesse –land en el que se ubica la ciudad escenario del crimen– indagó “en todas direcciones”, hasta que trazas de ADN en la ropa del político asesinado condujeron al arresto el pasado fin de semana de Stephan Ernst, de 45 años. Su historial personal de vinculación con la extrema derecha y con actos violentos motivó la asunción de las pesquisas por la Fiscalía General de Alemania, la instancia federal competente en materia de terrorismo y crimen organizado.

La alcaldesa de Colonia y el edil de Altena han vuelto a recibir amenazas de muerte

La canciller Angela Merkel, a cuyo partido pertenecía el político asesinado, dijo ayer que los neonazis violentos “deben ser combatidos desde el inicio y sin ningún tabú”, durante un discurso en Dortmund en el Kirchentag, la jornada anual de la Iglesia Evangélica alemana. “No sólo se trata de un acto terrible, sino también de un gran desafío para nosotros, para que reexaminemos a todos los niveles donde existen tendencias de extrema derecha –afirmó la canciller–. Esto emplaza al Estado a ­todos los niveles, y el Gobierno ­federal se toma esto muy en serio”.
Según el ministro del Interior, el sospechoso de matar a Lübcke, que hasta ahora se ha negado a responder a las preguntas de la policía, no se había hecho notar activamente en ambientes neonazis desde el año 2009, por lo que había desaparecido del radar policial.

En Alemania hay unos 12.700 individuos de extrema derecha considerados potencialmente violentos, según datos de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el organismo de los servicios secretos para el interior del país. Su presidente, Thomas Haldenwang, dijo en la rueda de prensa del martes junto al ministro Seehofer que durante el último decenio el sospechoso no había sido vigilado, y que es imposible destinar agentes a monitorizar las 24 horas del día a los citados 12.700 neonazis con tendencias violentas. “Así como existe la categoría de ‘durmientes’ dentro de los islamistas, tenemos que considerar ese escenario como una posibilidad también en el ámbito de la extrema derecha”, argumentó Haldenwang.

Ayer mismo el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, advirtió que “Alemania tiene un problema con el terrorismo” en una declaración en Twitter. “Tenemos en nuestro país a más de 12.000 extremistas de derechas violentos, y a pesar de las órdenes de arresto, 450 de ellos pueden haber pasado a la clandestinidad. Debemos defendernos más: ¡ni un milímetro más para los enemigos de la libertad!”, escribió el ministro.

“El Gobierno federal se toma esto muy en serio”, aseguró la canciller Merkel

Lo sucedido despierta en Alemania recuerdos de hechos funestos, algunos muy recientes, otros datados a inicios de los años 2000. En octubre del 2015 la entonces candidata y hoy alcaldesa de Colonia, Henriette Reker (independiente), fue apuñalada mientras hacía campaña en un mercado. El agresor, al ser detenido, admitió haber obrado por motivación xenófoba, pues Reker era la responsable de atención a los refugiados en el Ayuntamiento. Más tarde se supo que en los años noventa el agresor había militado en un grupo neonazi prohibido.

Y en noviembre del 2017, el democristiano Andreas Hollstein, de 54 años, alcalde de la pequeña localidad renana de Altena, fue acuchillado mientras compraba comida en un kebab. El atacante –que no tenía vínculos conocidos con la extrema derecha– le gritó: “Usted me deja morir de sed y hace venir a 200 refugiados a Altena”. La pequeña ciudad había sido galardonada en mayo de ese año con el premio Nacional de Integración por su especial compromiso, pues acogía a más refugiados de los que le correspondía por cuota.

Reker sufrió heridas de gravedad en el cuello por las que tuvo que ser operada, y estuvo varios días en el hospital, mientras que Hollstein resultó herido con un corte también en el cuello. Ambos políticos locales se habían distinguido contra las actitudes xenófobas que han cabalgado sobre la llegada desde el 2015 de más de un millón de solicitantes de asilo tras a la decisión de Merkel de abrir fronteras por motivos humanitarios.

Después de esos dos ataques con arma blanca, se ha producido el primer disparo de bala, el que acabó con la vida de Walter Lübcke.
En un amargo ciclo, Henriette Reker y Andreas Hollstein han recibido estos días nuevas amenazas de muerte, según confirmó la policía. Esta semana, una encuesta del instituto demoscópico Civey para Der Spiegel arrojó que el 58% de los alemanes considera que el Estado debería proteger a los políticos de los ataques de extremistas de derechas ahora más que antes.

A estas alturas de la investigación del asesinato de Walter Lüb­cke, el arma homicida aún no ha sido hallada, y no está claro si el sospechoso actuó solo o tenía cómplices, ni si formaba parte de algún tipo de red organizada. Y ahí es donde emerge otra memoria inquietante, la del grupúsculo terrorista de extrema derecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, por sus siglas en alemán), que entre el 2000 y el 2007 mató a diez personas en distintas ciudades de Alemania, sin que la policía acertara a detectar el móvil racista de los crímenes. Las víctimas fueron pequeños comerciantes de origen turco –la mayoría– o griego, y una policía alemana a la que mataron para robarle el arma. En su momento, la policía atribuyó los homicidios a ajustes de cuentas entre extranjeros. Una comisión parlamentaria de investigación consideró un “vergonzoso fracaso” de las fuerzas de seguridad la impunidad con que la célula mató durante años, siempre con la misma pistola.

Esta vez policía y fiscales se han activado rápidamente. “Partimos del principio de que estamos ante un trasfondo de extrema derecha”, dijo el pasado lunes Markus Schmitt, portavoz de la Fiscalía General Federal, sobre el asesinato de Walter Lübcke. La Fiscalía General, con sede en Karlsruhe, ha asumido el caso por su “especial significado”.