Al menos tres estudiantes resultaron heridos en un enfrentamiento anoche con policías militares dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, hecho que fue repudiado por la ONU, informó el rector de la institución, Francisco Herrera.

 

Herrera dijo a periodistas que hubo una “flagrante violación a la autonomía” de la UNAH y que los policías militares “entraron sin ninguna autorización” disparando “a bala viva”.

Agregó que tenía información de que dos estudiantes fueron heridos de bala, mientras que algunos alumnos informaron de tres, al parecer uno de ellos lesionado con otro objeto contundente.

Los policías militares ingresaron a la UNAH después de una prolongada batalla campal en un bulevar frente a la Ciudad Universitaria, luego de que estudiantes con el rostro cubierto colocaron barricadas con neumáticos a los que prendieron fuego, reportaron medios locales y la agencia de noticias EFE.

La UNAH había estado tomada desde las primeras horas del día como parte de una cadena de protestas contra el gobierno que preside Juan Orlando Hernández y en apoyo a reformas a la educación y la salud pública que exige un sector de los maestros y médicos, entre otros reclamos.

En un momento se creyó que el enfrentamiento en la vía pública terminaría cuando los policías, que disparaban gas lacrimógeno, hicieron retroceder a los manifestantes hasta hacerlos ingresar a la UNAH.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de Honduras (OACNUDH) repudió el hecho, expresó “profunda consternación” y exigió “un informe completo sobre el grave episodio”.

La máxima casa de estudios lleva más de un mes sin clases por las protestas de un reducido grupo de estudiantes que se cubren el rostro.

La semana pasada Honduras vivió tres días de protestas violentas en las principales ciudades, algunas con vandalismo, que dejaron al menos tres muertos y decenas de lesionados y detenidos.

Hernández ordenó el jueves pasado la salida de la Policía Militar de Orden Público para garantizar la circulación de personas y vehículos en el país, lo que ha sido cuestionado por sectores sociales y organismo como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.