Aeronáuticos y gremios de colectivos amenazan con huelgas mientras se acerca el receso invernal.

Los gremios del transporte vienen en pie de guerra contra el Gobierno desde hace meses, por distintos motivos, y es un misterio que ocurrirá en las vacaciones de invierno dado que los conflictos se agravan al calor de la campaña electoral rumbo al 11 de agosto.

Por un lado, los pilotos de aviones -y otros gremios aeronáuticos combativos- protestan contra la política aerocomercial oficial. Por el otro, los choferes de colectivos de corta distancia exigen más subsidios para que las empresas puedan pagar los aumentos salariales que reclaman.

El pasado viernes dos sindicatos aéreos realizaron asambleas sorpresivas que provocaron decenas de vuelos demorados y cancelados en las vísperas de las vacaciones de invierno. Marcelo Cantón, vocero de Aerolíneas Argentinas, señaló que esa empresa tuvo 37 vuelos cancelados.

Las cancelaciones afectaron a 5.000 pasajeros, los que fueron reubicados progresivamente. Por otro lado, hubo 55 vuelos demorados, que perjudicaron a 6.500 pasajeros. El total de pasajeros afectados en Aerolíneas son a 11.500.

Este conflicto viene escalando desde hace meses y enfrenta a dos posturas irreconciliables. El Gobierno quiere una política de cielos abiertos y los gremios dicen que eso generará despidos en el país porque las aerolíneas locales no pueden competir con las extranjeras.

Según la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la empresa LAN Argentina le transfirió rutas a sus sedes en Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil, que tienen empleados de esos países. “Esto va a escalar y va a terminar muy mal porque (el Gobierno) no nos da otra alternativa”, dijo Pablo Biró, el secretario general del gremio.

El viernes a la madrugada, APLA y los trabajadores nucleados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizaron “asambleas informativas” que obligaron a reprogramar decenas de vuelos en todo el país.

“Avianca dejó de operar y dejó 500 familias en la calle”, se quejó Biró, quien recibió el apoyo de Pablo Moyano, vicepresidente de la Federación Internacional de Transporte. E indicó que el caso de la compañía Andes es similar: redujo a la mitad sus empleados.

Para los aeronáuticos, existe una crisis en el mercado aerocomercial que “ya produjo centenares de despidos sin ninguna reinserción laboral posible”. Aseguran que las low cost no solo no palían la situación sino que “se están yendo”.

La respuesta del Gobierno nacional fue tajante y analiza sanciones severas. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, dijo que Biró es un “dirigente kirchnerista” con intencionalidad política en el marco de la campaña electoral.

El jefe de APLA rechaza ser un militante kirchenerista. Y señala que ni siquiera Aerolíneas Argentinas se salva: “El 2019 va a terminar con 200 pilotos menos y desprogramando el 30% de su flota de largo alcance como parte del achicamiento del área internacional”.

En tierra

En el transporte urbano de pasajeros de corta, media y larga distancia del país –excepto Capital Federal y Gran Buenos Aires- la guerra también está desatada y hay un paro anunciado para el 12 de julio que fue ratificado el viernes.

“Hemos acordado un salario para todo el país y ahora los empresarios no quieren pagar en el interior del país”, se quejó Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.

En mayo pasado, el Gobierno nacional hizo efectivo el reparto del fondo compensador para el transporte en las provincias y municipios, en el marco del plan de reducción de subsidios nacionales. Fueron 5.000 millones de pesos, un 23% menos que lo pactado el año pasado.

Del total, más del 65% se concentró en cuatro provincias: Córdoba con $1.238 millones (24,76%); Mendoza, con $765 millones (15,30%); Santa Fe, con $643 millones (12,87%); y Tucumán con $642 millones (12,85%).

Para que los precios de los boletos no se disparen y que las empresas puedan sostenerse, son las provincias y los municipios los que deben pagar la diferencia de subsidios. Pero en medio de la crisis económica, no todas pueden hacerlo. Y sin eso, las compañías afirman que no pueden afrontar los aumentos de salarios.

Un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) da cuenta de la fuerte caída de los susbsidios: en los primeros cincos meses del año se observó una caída de $9.718,1 millones (-55,4%) en materia de subsidios al transporte automotor.

En ese contexto, la UTA mantiene en pie el paro anunciado en reclamo de un incremento de salarios del 20% y un bono de 15 mil pesos, a pagar en tres cuotas.