La Secretaría de Modernización presentó un informe sobre la situación del empleo público en la administración entrerriana. Fue durante una reunión en la que recibió a representantes de UPCN y de ATE, quienes se comprometieron a efectuar aportes.

El motivo del encuentro fue avanzar en la reglamentación de lo que se consideran aspectos prioritarios de la Ley del Empleo Público, la número 9.755, con los gremios estatales. La Provincia hizo la convocatoria. En palabras de la dirigencia de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) “a partir del petitorio entregado por esa organización al Gobierno y luego de meses de trabajo gremial, se conformó la mesa de trabajo con la Secretaría de Modernización del Gobierno Provincial con el fin de definir una agenda que permita reglamentar aspectos de la ley marco del empleo público”.

Fue en esa reunión donde la secretaria de Modernización, Ciencia y Tecnología, Lucrecia Escandón, presentó un informe sobre la situación del empleo público en la administración entrerriana.

La funcionaria señaló que “nuestro compromiso era construir información fehaciente respecto de la composición del empleo público provincial para poder tomar decisiones políticas informadas. En ese sentido, presentamos a UPCN y ATE un primer informe que habla sobre la composición del empleo público en diferentes aspectos, como la evolución etaria de la planta, la perspectiva de género, la composición por cada categoría, clase, todo lo referido al escalafón general”, indicó.

Dijo también la secretaria de Modernización que el estudio “incluyó la comparativa nacional y en ese esquema, la provincia de Entre Ríos se ubica por debajo del promedio de la cantidad de trabajadores públicos, cada 1.000 habitantes, que es el dato que se maneja desde el Ministerio del Interior, con información que data de 2016. Es decir que el empleo público no es un problema como muchas veces se plantea en el marco de la perspectiva de gobierno”. No obstante, afirmó que “tenemos enormes desafíos en materia de regulación y de mejora de distintos procesos que hacen a lo que nosotros entendemos como el ecosistema del empleo público”.

Tras mencionar que el trabajo se realizó con el aporte de distintos organismos como Recursos Humanos, Economía, Trabajo y Gobierno, Escandón sostuvo que “el trabajador no es únicamente un factor liquidatorio, ni tampoco es únicamente un actor respecto de las mesas gremiales o paritarias salariales, sino que lo entendemos desde una perspectiva amplia donde hablamos de políticas que tengan que ver con la no discriminación, con género, con formación, como ha sido el plan de capacitaciones de la administración pública. De hecho dentro del informe están por ejemplo los desafíos que tenemos respecto de terminalidad educativa en lo cual estamos continuamente avanzando”.

Más adelante, comentó: “Este trabajo tiene que ver con la unificación de las bases de datos de la provincia, puesto que hemos podido cruzar datos de Liquidaciones, Recursos Humanos y distintas áreas del Estado que hacen a un mismo individuo que es el trabajador estatal. Con esta información fehaciente tenemos la capacidad de tomar decisiones políticas respecto a cómo regularizar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos y obligaciones del trabajador”.

MESA TÉCNICA

Esa es la caracterización que hace el gobierno del ámbito que el martes concretó la primera reunión. Escandón mencionó que desde el inicio de la gestión del gobernador Bordet se definió como “una prioridad de gestión del área” avanzar sobre la regulación de la Ley de Empleo Público 9.755. “Generalmente las administraciones públicas se caracterizan por tener un desarrollo desestructurado y con muchos cambios en el marco de las gestiones y eso ha atentado con normativizar algunos derechos y obligaciones propios del trabajador de la administración público que hoy se encuentran distribuidos en una gran cantidad de normas”, precisó la funcionaria.

Comentó que “hay decretos que datan de la década del 60 y obviamente en la evolución de la planta de los trabajadores, se requiere de una urgente actualización y unificación normativa con criterios objetivos para evitar inconvenientes y para que todos los trabajadores tengan garantizados sus derechos”.

LICENCIAS

Escandón marcó –y dijo que los gremios coincidieron– la complejidad de la Ley 9.755, con más de 100 artículos que regulan muchísimas facetas, “cada uno de sus derechos y obligaciones, como por ejemplo las licencias, hasta lo que tiene que ver con ingreso por concurso”. Recordó que con desconocimiento de los números y los indicadores sobre el tema de empleo público, se había tenido la perspectiva de hacer una regulación completa de esa ley, criterio que se modificó porque cuando empezaron a trabajar “reconocimos los enormes desafíos”.

En definitiva, comunicó que con los gremios se vio la oportunidad de ir avanzando sobre temáticas específicas y una agenda en particular de regulación. “En este caso, lo que se le entregó a los gremios fue un análisis normativo sobre los distintos regímenes hoy en la provincia que regulan el tema de licencias, justificaciones y francos, donde encontramos algunas normas que datan de la década del 60 y otras que no están vigentes como la licencia por servicio militar”.

Un segundo encuentro quedó pautado para dentro de 15 o 20 días. Los gremios, luego de analizar las normativas, aportarían una propuesta de mejora respecto de la unificación, y del mismo modo, el gobierno.

Al margen

En el encuentro participaron el secretario de Organización y la vocal de ATE, Víctor Grandoli y Viviana Rivero, y los secretarios adjunto y gremial de UPCN, Fabián Monzón y Carina Domínguez, respectivamente, entre otros dirigentes gremiales, y representantes de distintos organismos del Estado provincial.