El decreto firmado por el gobernador Lifschitz y el ministro Pullaro tiene como objetivo “la detección de inconsistencias patrimoniales sospechosas y la circulación de activos ilícitos”.

 

La provincia anunció este martes la creación de un “protocolo de acción” con el fin de prevenir y combatir delitos económicos. Se trata de un decreto firmado a files de julio por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. El objetivo es articular un procedimiento para investigar la detección de inconsistencias patrimoniales sospechosas y la circulación de activos ilícitos”.

Según informaron oficialmente la resolución le permitirá a la Dirección de Investigación Patrimonial, dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, investigar a través de “Alertas Sospechosas” la posible comisión de delitos económicos por parte de personas tanto físicas como jurídicas. Las alertas deberán ser emitidas por distintas reparticiones pertenecientes a los Ministerios de Seguridad, Economía y Justicia y Derechos Humanos.

En el escrito fuentes oficiales detallaron que una vez que esté detectado el presunto delito, se origina una “alerta sospechosa” que le permite a la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad comenzar una investigación para determinar si efectivamente se trata de un delito económico.

Los organismos que pueden emitir las “alertas sospechosas” son la Administración Provincial de Impuestos (API), el Servicio de Catastro e información Territorial, el Registro General de la Propiedad, la Inspección General de Personas Jurídicas y la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos. Deben emitir un alerta por  “cualquier hecho económico que no guarde relación con las actividades declaradas y realizadas por personas humanas y jurídicas” o “movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a 450 Salarios Mínimos Vitales y Móviles”.

Una vez que la Dirección de Investigación Patrimonial analiza la alerta recibida, tiene dos caminos: determinar la existencia de elementos suficientes para que, con esos datos, se eleve una denuncia al Ministerio Público de la Acusación o al Ministerio Público Fiscal según corresponda el tipo de delito detectado, siendo el Ministerio de Seguridad el encargado de presentar la denuncia; o desestimar el reporte debido a que no existieren elementos suficientes para elevar denuncia alguna.

En el decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro invitan a municipios y comunas a celebrar un convenio de adhesión para incorporarse al procedimiento. “Cuando el gobernador Lifschitz y el vicegobernador Carlos Fascendini me convocaron para ocupar este cargo, me encomendaron entre otras cosas trabajar para mejorar las herramientas de lucha contra el crimen. Lo voy a hacer hasta el último día de mi gestión, para dejarle a quien me suceda una cartera en las mejores condiciones posibles”, expresó Pullaro.