Es en el marco de una respuesta a la Casa Rosada acordada por mandatarios y representantes de 19 distritos opositores. La provincia también pedirá que las medidas sobre el IVA y Ganancias queden sin efecto.

Santa Fe presentará hoy ante la Corte Suprema de Justicia nacional una demanda en la que plantea la inconstitucionalidad de la reciente decisión del gobierno de Mauricio Macri de reducir los impuestos coparticipables de IVA y Ganancias, que jaquea las finanzas de las administraciones provinciales, y una medida cautelar que apunta a frenar los efectos de esos decretos, al menos hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.

Los presentación, según pudo saber La Capital, correrá por cuenta del fiscal de Estado santafesino, Pablo Saccone, y consistirá —por un lado— en una demanda centrada en la inconstitucionalidad de los decretos de reformas impositivas firmados por el presidente, al tiempo que se solicitará una compensación por el deterioro económico que implica su implementación en la provincia.

Además, Saccone ingresará una medida cautelar que plantea, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y en base al supuesto perjuicio inmediato que ejercerían en los distritos, la suspensión de los decretos rubricados por Macri.

Para Santa Fe, los anuncios de Macri tras la derrota en las Paso, implican, por IVA y Ganancias, la pérdida de 4.000 millones de pesos a dic

Según lo acordado el miércoles pasado por 19 provincias opositoras, entre ellas Santa Fe, sus respectivos fiscales de Estado serán los encargados de firmar y acompañar las correspondientes presentaciones individuales (enmarcadas en un reclamo global) ante el alto tribunal de Justicia del país.

La movida incluye, además de Santa Fe, a Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos y Chaco.

Tras el encuentro de gobernadores realizado el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires, el mandatario santafesino, Miguel Lifschitz había fundamentado la presentación ante la Corte Suprema: “Rechazamos la quita de recursos a las provincias porque entendemos que es una medida inconstitucional”.

Para Santa Fe, los anuncios de la gestión de Macri, oficializados poco después de la contundente derrota en las Paso del 11 de agosto, implican (por IVA y Ganancias) la pérdida de 4.000 millones de pesos a diciembre.

En ese marco, la provincia adelantó la reprogramación de obras públicas y el redireccionamiento de recursos. Incluso, la crisis comenzó a sacudir las arcas de municipios y comunas.

Argumentos

La Casa Gris considera inconstitucional la decisión del gobierno de Macri porque afecta recursos presupuestados que provienen de la coparticipación federal y, por lo tanto, no pueden ser reducidos ni redeterminados de manera unilateral. “Para hacerlo requerirían de un acuerdo de las provincias y un tratamiento legislativo”, advirtió Lifschitz.

Incluso, la administración frentista alertó acerca de que la poda de recursos dispuesta por la Casa Rosada pone en riesgo servicios clave como salud, educación, seguridad y Justicia.

A modo de compensación, Santa Fe propuso que lo que la Nación planea recaudar de más por retención a las exportaciones, en base a la evolución del tipo de cambio, se distribuya a las provincias. También barajó un pedido de restitución del Fondo Sojero.

El documento de los gobernadores formalizado tras el cónclave en el CFI sostiene que, pese a no estar “en contra”, las medidas fueron resueltas por Balcarce 50 “en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas”.

También enfatiza que la Nación “no puede disponer inconstitucionalmente” de esos recursos y subraya que las jurisdicciones están en “grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes”, lo que pone bajo amenaza a “la paz social” por las “malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tienen ninguna responsabilidad”.

En tanto, cuatro provincias petroleras (Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y La Pampa) recurrieron el jueves a la Corte Suprema para rechazar el congelamiento de precios de los combustibles.

Paralelamente, la puja por los recursos provinciales abrió un frente legislativo: senadores del bloque Justicialista (que responde a los gobernadores del PJ) presentaron un proyecto para compensar las pérdidas de 40 mil millones de pesos que deberían recibir los distritos con fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los decretos implican (por IVA y Ganancias) la pérdida de 4.000 millones de pesos, a diciembre, para Santa Fe.