El caso se inició en abril de 2015, cuando Burford Capital demandó al Estado argentino por considerar que durante el proceso de nacionalización se violaron las leyes de oferta pública en Estados Unidos.

 

La Justicia de Estados Unidos suspendió este martes el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca al próximo gobierno argentino. Así lo decidió la jueza del distrito de Manhattan que lleva adelante la causa, Loretta Preska. La magistrada norteamericana, que lleva adelante el juicio de los acreedores, postergó presentaciones judiciales clave a la espera de definiciones electorales. Preska sostuvo en el fallo que “a la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de presentación hasta que haya una idea clara de qué administración va a tener poder para hablar en nombre de la República”, según reportes de agencias internacionales. La empresa Petersen Energía, que fue accionista de YPF, perdió sus acciones por la expropiación de la compañía durante el gobierno de Cristina Kirchner y vendió sus derechos de reclamo al fondo de inversión Burford, que exige US$ 3.000 millones por daños. La Argentina tenía plazo hasta el 30 de noviembre para contestarle, que ahora se extendió hasta el próximo 7 de enero próximo para accionar en la causa.

Los abogados que representan al gobierno argentino en los tribunales de Nueva York argumentan que la expropiación de YPF es un acto soberano que ocurrió en el país, por lo que debe tramitarse en juzgados locales, y habían presentado un pedido para ampliar su posición. En junio pasado la jueza había rechazado el pedido de que el juicio que se sigue en ese país contra el Estado nacional e YPF por la expropiación de la petrolera estatal se traslade a los tribunales de la Argentina. El Gobierno de Mauricio Macri intentó desestimar la demanda en Estados Unidos amparado en el argumento de que la expropiación de YPF fue un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera. El caso se inició en abril de 2015, cuando Burford Capital demandó al Estado argentino buscando una compensación por daños, multimillonaria según estimaciones, por considerar que durante el proceso de expropiación de YPF se violaron las leyes de oferta pública en Estados Unidos.

Este fondo de capital obtuvo los derechos para litigar tras quedarse con Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos firmas quebradas. Esas dos empresas habían sido constituidas en España por el grupo argentino Eskenazi en 2008 para comprar un importante paquete accionario en YPF, entonces controlada por el grupo español Repsol. Pero debieron acogerse a un concurso de acreedores por no poder afrontar sus compromisos cuando el entonces gobierno argentino de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF. Tras la valorización de sus acciones, esta firma de inversión global, calificada de “fondo buitre”, anunció además la venta de un 10% de sus derechos sobre el juicio, por un monto de 100 millones de dólares, con lo cual unos 40 inversores tienen actualmente intereses en el caso. La firma, que dijo detentar el 61,25% del de los derechos económicos originales sobre el juicio, se comprometió a mantener siempre al menos el 50,1%.