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“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, advierte el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje publicó las tres hojas del decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre con la firma de Áñez y de 11 de sus ministros.

El artículo 3 de la norma legal establece que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

“Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos”, afirma el decreto en otro artículo.

El artículo 11 del Código Penal hace justamente referencia a que están exentos de responsabilidad por legítima defensa, Estado de necesidad y “ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber”.

Frente a esto, la CIDH alertó que “el decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno”.

Un día después de la vigencia de la norma, acompañada de su gabinete en pleno y de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Ánez advirtió que su administración asumirá medidas constitucionales para neutralizar las acciones desestabilizadoras que buscan tumbar su Gobierno con una operación – dijo- alentada por grupos subversivos “armados y delincuenciales”.

En los violentos conflictos de Sacaba perdieron la vida el viernes seis cocaleros y ayer otros tres que habían resultado heridos en esos hechos.

El representante de la Defensoría Nelson Cox dijo que perdieron la vida por impacto de bala, según consigna el diario paceño La Razón.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró ayer que los militares y policías no hicieron uso de su armamento de reglamento y llamó la atención porque dos de los muertos tienen impacto de bala por la nuca.

La Policía pidió a los militares intervenir luego que se declararan rebasados por la ola de conflicto sociales.

El ministro de Defensa, Fernando López, defendió por su parte la vigencia del decreto y afirmó que “la percepción de la Comisión es sesgada y además parece que no conoce lo que está viviendo Bolivia, hay grupos subversivos armados, con armas de grueso calibre”.

La postura de la CIDH “es totalmente fuera de foco, de la coyuntura actual, así de sencillo”, agregó y anunció que se hará una presentación ante el organismo por la postura que asumió.