Es el cronograma que tiene previsto el tribunal oral. Será una semana antes de asumir como vicepresidenta.

La ex presidenta y vicepresidenta electa de la Nación, Cristina Kirchner, será indagada el próximo 2 de diciembre por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio oral y público por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez; una semana antes de que asuma como vicepresidenta.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que ese es el cronograma que tiene establecido el Tribunal Oral. El próximo lunes son las indagatorias del ex funcionario de Vialidad José Raúl Santibáñez y la de Báez y el 2 de diciembre la de Cristina Kirchner.

El esquema se puede modificar si las indagatorias de Santibáñez y Báez se extienden. Sin embargo, Santibáñez ya adelantó que no va a declarar y Báez no informó su postura, pero en otros casos no ha declarado al inicio del juicio.

La defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, le adelantó informalmente al Tribunal Oral que Cristina Kirchner tiene previsto declarar ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Cristina Kirchner regresó este sábado de Cuba donde estuvo desde principio de mes con autorización judicial para visitar a su hija Florencia que está bajo tratamiento médico en ese país desde principio de año.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesiٖón de las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. El caso tiene 13 acusados y el juicio oral se inició en mayo pasado. Es el primer juicio que enfrenta la ex mandataria. También está elevada a juicio oral por los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, dólar futuro, Hotesur-Los Sauces y los cuadernos de la corrupción.

Además están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio, el ex secretario de Obras Públicas José López y funcionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.

Según la imputación, las empresas de Báez recibieron contratos amañados cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. Hubo un “incumplimiento sistemático, reiterado y permanente” ya que de las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos.

Para la Fiscalía todo eso fue posible porque desde el Gobierno se instrumentaron distintos mecanismos legales, como decretos presidenciales, resoluciones del Ministerio de Planificación Federal o de la Dirección Nacional de Vialidad, para beneficiar a Báez.

“Lo haré en el momento que mi defensa lo considere oportuno”, dijo De Vido a principio de mes cuando se negó a declarar desde la cárcel de Ezeiza a través de una videoconferencia.