Lo hicieron un grupo de senadores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusan a las fuerza de seguridad reprimir de manera desmedida.

El senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, informaron al organismo “sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta en el marco de las movilizaciones del paro nacional”.

Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
“En el día de hoy hemos enviado un comunicado al secretario ejecutivo de la CIDH y a varios relatores de derechos humanos de esa misma instancia interamericana con el propósito de informar oficialmente sobre la serie de hechos que se vienen presentando con relación a las grandes movilizaciones que se están dando en Colombia”, afirmó Cepeda a periodistas.

En el documento, firmado también por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se señala que la protesta “ha dejado heridos de especial gravedad y un significativo número de personas detenidas arbitrariamente”.

El jueves pasado decenas de miles de colombianos coparon las calles del país por primera vez para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del Gobierno, jornada que terminó con brotes de violencia y un espontáneo cacerolazo que se extendió por toda la capital y otras ciudades.

Esa jornada se repitió este viernes y se convirtió en el preludio de una ola de violencia que se desató en el sur de la capital, donde encapuchados se enfrentaron con la Policía, mientras que el sábado un ambiente festivo con música, baile, velatones y antorchas se apoderó de varias ciudades.

De igual forma, los congresistas y las ONG pidieron que “cese la intervención” del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) y que se inste al Estado colombiano a “garantizar el derecho a la protesta” en todo el país.

Lo anterior debido a que en la tarde del sábado en una manifestación en el centro de Bogotá, Dylan Cruz, de 18 años, fue herido de gravedad en la cabeza al ser alcanzado por una bomba aturdidora disparada por el ESMAD, por lo que fue ingresado en el Hospital San Ignacio, donde se encuentra estable y en cuidados intensivos.

“Esperamos que la Comisión Interamericana reaccione y observe detalladamente lo que está ocurriendo en Colombia para que garantice los derechos humanos a través de una comunicación con el Gobierno colombiano”, concluyó Cepeda.

Sin dictaduras militares como las del pasado en países del Cono Sur, aunque con un conflicto armado de medio siglo y la embestida del narcotráfico, las marchas multitudinarias no han sido regla en Colombia. Y mucho menos lo ha sido que se mantengan por días con miles en las calles, como ha sucedido desde el 21 de noviembre (21N).

La del jueves agrupó a cientos de miles. Según el gobierno, fueron más de 250.000 personas. Los promotores afirman que fueron más de un millón, cifra que solo tiene un antecedente reciente: la marcha contra la exguerrilla FARC en 2008 que reunió a millones.

Tampoco han sido típicos los cacerolazos, una forma de manifestar indignación ideado por la derecha en Chile para reclamar al gobierno del socialista Salvador Allende hace más de cuatro décadas, y que se ha repetido en Argentina, y replicado en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Desde el jueves se ha convertido en la forma predilecta y espontánea para reclamar al ejecutivo conservador de Colombia, donde no ocurrían cacerolazos masivos desde mediados de 1990, durante la presidencia de Ernesto Samper, cuestionada por el ingreso de dinero del narcotráfico en la campaña que lo llevó al poder.

Los participantes y las razones de la marcha son tan variados como una baraja de naipes. Las centrales obreras la convocaron desde octubre en reclamo de iniciativas oficiales para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de pensiones, que el gobierno niega.

Desde entonces se sumaron universitarios que exigen más recursos para la educación pública, que aqueja falta de financiamiento, y el cumplimiento de acuerdos pactados con Duque el año pasado.

También los indígenas, que piden protección tras el asesinato de 126 aborígenes desde que Duque llegó al poder en agosto de 2018, según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La mayoría han muerto en zonas con narcocultivos, que son disputadas por grupos armados tras el desarme de la exguerrilla FARC.

A ellos se han sumado los partidos de oposición, incluido el de las FARC, que condenan el asesinato de 170 combatientes que firmaron la paz, así como ambientalistas y artistas.