Los petroleros recelan del “corte” a naftas y gasoil con etanol y biodiésel. Y avanzan en la Casa Rosada con una nueva ley de Hidrocarburos, mientras la industria basada en el agro y con epicentro en Santa Fe, reclama sin éxito porque se vence la promoción de su sector.

“Los productores de la Región Centro del país -principalmente, de Santa Fe y Córdoba- pusieron el grito en el cielo y reaccionaron”, le dijo Juan Facciano a El Litoral. El productor de biocombustibles del sur santafesino es parte de la Liga Bioenergética, un espacio público y privado que busca mantener su lugar en el mercado interno de biocombustibles.

En una puja entre los “jugadores nuevos” y el todopoderoso mundo del petróleo, que en la última semana difundió el adelanto de un informe, según el cual el costo fiscal del régimen de promoción de los biocombustibles alcanzó los U$ S 6000 millones en 15 años y hasta U$ S 4325 millones desde 2010.

En las próximas horas Alberto Fernández enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para hidrocarburos convencionales y no convencionales con el fin de impulsar inversiones e incrementar la producción.

Representantes de ExxonMobil, PanAmerican Energy, Tecpetrol, Shell, Chevron y Total -entre otros grandes jugadores mundiales- estuvieron con Alberto Fernández la pasada semana en la Casa Rosada. Matías Kulfas busca generar unos U$ S 40 mil millones de dólares desde Vaca Muerta en 2024; es -junto al proyecto de las mineras- un horizonte “decisivo” para la economía nacional necesitada de dólares… y para el proyecto de poder oficialista.

Pero en el camino hay una pelea por los surtidores. El corte obligatorio en la mezcla de los combustibles es del 12 % de bioetanol en naftas y del 10% con biodiésel al gasoil. Pero eso no se cumple y la regulación de precios pone en jaque a la producción agroindustrial santafesina. Es una pelea multimillonaria que se inclina desde Presidencia.

Mientras Guillermo Nielsen avanza con una norma que garantice la posición de las petroleras, la ley 26.093 de promoción de biocombustibles vence el 12 de mayo de 2021 y no hay señales de que el gobierno de Alberto Fernández vaya a contemplar la situación del sector. Otro dilema para Omar Perotti que, alineado con la Casa Rosada, vio pasar a Alberto Fernández por Santa Fe diciendo que el rol de la provincia es el de aportar a las jurisdicciones que menos tienen, en el marco de la emergencia.

Perotti, que ya tiene el problema de los reclamos del campo por el incremento de las retenciones, deberá tomar posición política respecto de la industria del biocombustible. No sólo por los 8 mil puestos de trabajo santafesinos, sino porque el biodiésel tiene su epicentro productivo en Santa Fe.

El santafesino viene de pedirle “adelantos” de $ 8 mil millones a la Casa Rosada, y se escuda -aunque no se lo pregunten- en que la Corte aún no definió cuál es la deuda federal a Santa Fe por la “herencia” de los recortes ilegales de Néstor y Cristina a la coparticipación federal. Una cifra que podría ser 10 veces lo que la Cas Gris solicita, omitiendo acelerar las acciones ante el máximo tribunal.

“Sólo en Santa Fe, la industria de los biocombustibles le da trabajo a 8 mil personas, que podrían quedar seriamente afectadas”. Juan Facciano, productor de biodiésel.

Una industria “federal”

Facciano recordó que “la política de Estado” establecida por la ley nacional 26093/2006, hizo “despegar a la industria” en 2010 después de inversiones genuinas de la cadena agroindustrial. “En 10 años se instalaron 54 plantas en 10 provincias”, explicó el integrante de la Liga Bioenergética, que destacó así el rol integrador de economías regionales.

Santa Fe y Córdoba son los principales actores distritales del biodiésel; se suma Tucumán con el etanol para la nafta. Pero también hay actores como Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, San Luis y Jujuy. “El biocombustibles llevó la industria a lugares en los que antes no existía, como Calchaquí, en Santa Fe”, ejemplificó el empresario.

Resaltó la característica de la “industrialización de la producción primaria en origen” como en el caso del bioetanol de maíz, que se produce en Córdoba (Villa María y Río Cuarto).

Sin subsidios

“La industria de los biocombustibles no está subsidiada. Al contrario de otras industrias que necesitan que les garanticen mejores precios que los fijados internacionalmente para hacer inversiones en Argentina”, sostiene la Liga Bioenergética en un reciente informe de “réplica” a las petroleras.

Dólares

“La industria de los biocombustibles evitó importaciones por más de U$ S 27.000 millones de dólares en el periodo 2010 2019. Desde hace más de 10 años, los Biocombustibles constituyen una Política de Estado Nacional y Federal”, sostiene la Liga, que reclama que “así debe seguir”.

Ecosistema

“La utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades. A partir de la sanción de las Leyes 27.270 y 27.520 Argentina se ha comprometido en cumplir metas, las cuales no serán posible de alcanzar sin el aporte de los biocombustibles”.

¿Primarización?

La Liga expone entre sus fundamentos que “los biocombustibles constituyen el último eslabón en la cadena de agregado de valor de la soja, maíz y azúcar. Proponer volver al sistema de exportación primaria del poroto de soja o grano de maíz, además de ser anacrónico, constituye desconocer (o no querer reconocer) la importancia del agregado de valor en origen, ya que nuestro país posee el complejo agro exportador más grande y eficiente del mundo”.

60 mil puestos de trabajo genera la industria de biocombustibles en todo el país.

La utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades.