Economía y seguridad; seguridad y economía. A casi treinta días hábiles del inicio de su gestión, Omar Perotti logró desplegar una serie de medidas para mostrar, ordenar e intentar recuperar las cuentas de la provincia.

A través de los funcionarios de los respectivos ministerios, se trazó un diagnóstico de los incumplimientos de cada repartición y se reveló la situación de “emergencia” por la que atraviesa -según la nueva gestión- toda la administración. Esa palabra ancló en el discurso público de cada integrante del gabinete, que frente a la menor consulta periodística, la emplean con doble significación: primero, para describir el escenario deficitario de las arcas, caracterizado por deudas millonarias tanto con proveedores como con municipios y comunas; segundo, para aludir a la ley propiamente dicha -de Emergencia- que por el rechazo del Frente Progresista, no logró ser sancionada en la Cámara de Diputados. “El descalabro de las finanzas justifica la aprobación de la ley”, se transmite. Y se advierte que en días más, el Poder Ejecutivo insistirá y volverá a enviar el proyecto a la Legislatura para su tratamiento.

Al diagnóstico le siguieron decisiones que pretenden mostrar gestos de austeridad: evitar incrementar el gasto político y congelar el salario de los funcionarios por 180 días. Finalmente, el Ejecutivo puso en vigencia la ley tributaria, que redundará en un repunte de los ingresos por un aumento de los impuestos; y por una moratoria impositiva que busca atraer a los “rezagados”.

Pero sin lugar a dudas, el panorama de las finanzas quedó relegado a un segundo plano en este inicio de año por el drama de la inseguridad. Perotti tropezó en lo que va de enero con una escalada de crímenes: 25 en apenas dos semanas, 17 de los cuales fueron cometidos en la ciudad de Rosario. Su gestión interpretó los hechos como una reacción de las bandas narcocriminales frente a la decisión política de “no permitir grises entre la legalidad y la ilegalidad”. Quizá en parte lo sea, sobre todo a partir del audaz ataque a balazos al casino, que terminó con la muerte del gerente del Banco Nación de Las Parejas. La justicia determinó que el episodio había sido tramado ni más ni menos que desde su celda, por “Guille” Cantero, uno de los jefes de la banda de Los Monos.

Se suponía que la violencia como principal flagelo en la provincia no debía tomar por sorpresa a la nueva administración que, además, había focalizado en dicha problemática el mensaje central de la campaña: “paz y orden”. En la práctica, las dos primeras reacciones fueron las ya ensayadas en otras etapas: descabezamiento de cúpulas policiales -en Reconquista y Rosario- y desembarco de fuerzas federales. Con algunas ambigüedades en el mensaje -no terminó de quedar claro si volvían a salir a la calle los gendarmes ya apostados en la provincia, si retornaban los que se habían retirado o si llegaban refuerzos-, se volvió a hablar de la presencia de los “uniformados de verde” y, sobre todo, de la “articulación y coordinación”. Eso sí, a Perotti le demandó sólo un par de días firmar un acuerdo con el gobierno central, que al Socialismo le había demandado meses; y terminó sentado a la par del mismísimo presidente de la Nación, para dejar en claro que la problemática de la inseguridad “excede” al territorio santafesino.

En el devenir, el Jefe de la Policía, Víctor Sarnaglia, resolvió que las fuerzas locales podrían volver a tener “una bala en la recámara” a fin de que sus armas estuviesen listas para disparar. Para argumentar la decisión se invocó la misma situación de “violencia inusitada” registrada en Santa Fe. Pero hubo polémica; integrantes del propio gabinete y referentes la oposición advirtieron como “contradictorio” que mientras se diagnostica una institución policial corrupta y contaminada, se le conceden más facultades y herramientas para reprimir el delito. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, también puso reparos. “El combate no se da con mano dura”, se alertó. La medida fue posteriormente minimizada, pero ratificada.

La inseguridad sigue estando en la mira de la ciudadanía; la agobia. El tema había sido “el gran ausente” durante las conversaciones con la gestión saliente en el marco de la extensísima transición. Hoy, desafía al nuevo gobierno.