Ahora volvió a quedar en funcionamiento el texto original de la Ley 25.764, que establece las medidas para preservar “la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física”.

Con la firma de un DNU, el Gobierno derogó hoy el decreto por medio del cual la gestión de Mauricio Macri había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y volvió a quedar vigente el texto original de la ley de 2003.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio de baja el 795/2019, que había rubricado el anterior jefe de Estado y su Gabinete a finales de noviembre pasado.

En el texto derogado se modificaba la Ley 25.764 y en lugar del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se creaba una Agencia Nacional para tal fin.