A 14 días del comienzo de las usurpaciones de terrenos fiscales en distintos barrios del norte de la ciudad, aún continúan asentadas unas 15 familias de las 116 familias que había en un inicio. A pesar de que la Justicia ordenó el desalojo en barrio Transporte hasta el momento no se concretó debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo.

El acampe y asentamiento ilegal comenzó el 6 de febrero en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad. Para convencer a los vecinos de desalojar el lugar y conocer las realidades de cada familia, el municipio realizó un relevamiento social y las censó.

El pasado fin de semana el juez federal Francisco Miño emitió al respecto una orden judicial de allanamiento y desalojo, para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario y agregó: “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”. Resta, ahora, la decisión política para instrumentar el desalojo.