Así lo señala un trabajo elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz a pedido del gremio que nuclea a los maestros privados, Sadop.

 

Postal del pasado. La cláusula gatillo, el mecanismo automático de actualización de salarios por inflación, será reemplazado por otro tipo de reajuste.

La negociación salarial en la provincia en el marco de las discusiones paritarias “debe partir de un piso de actualización anual no menor al 35 por ciento” y, en función de que el éxito o el fracaso de la renegociación de la deuda argentina le marcará el pulso a la inflación, lo más acertado son las estrategias de “acuerdos cortos, que concentren el grueso del aumento en el primer semestre”.

Esa fue la conclusión de un trabajo elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz a pedido del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Rosario, para llegar a la mesa paritaria con un insumo claro para la discusión, no sólo en términos políticos sino económicos.

La estrategia gremial, que ya vienen adoptando con éxito otros sindicatos del sector privado, como la federación que nuclea a trabajadores del complejo oleaginoso y desmotadores, permite contar con datos precisos sobre la evolución de la actividad, la inflación, el tipo de cambio y los recursos con los que contará la provincia para enfrentar las erogaciones en 2020, y a la vez, desarrollar el proceso de negociación paritaria con efectividad.

El informe de Ceso plantea que “en un escenario optimista, suponiendo cierto grado de éxito en la reestructuración de la deuda pública, la estimación de inflación se ubicaría entre 35 por ciento y 40 por ciento anual este año, y una estrategia de negociación salarial debe partir de un piso de actualización anual no menor al 35 por ciento, a través de mecanismos como cláusula de revisión o gatillo”.

De todos modos, los economistas del centro de estudios advierten que en el país y en la provincia, atravesados por el contexto particular de nuevas gestiones, se presentan dos etapas bien diferenciadas: un primer semestre con mayores certezas sobre las proyecciones macroeconómicas; y un segundo semestre fuertemente condicionado por el éxito (o fracaso) del proceso de renegociación de la deuda pública.

En ese marco, plantean que “la estrategia a adoptar en la negociación salarial debe centrarse en alcanzar el grueso de los aumentos sobre el primer semestre, cubriéndose de lo que pudiera ocurrir en un escenario más incierto”.

Una estrategia similar de acuerdos cortos fue la que predominó durante el año 2009 en plena crisis global. En ese momento, el propio Ministerio de Trabajo de la Nación, en un informe sobre el estado de la negociación colectiva, precisaba que para paliar la crítica situación muchos gremios intentaban “acortar los plazos de vigencia de cada negociación, acordándose en muchos casos lapsos menores a seis meses”.

El escenario previo

Según el diagnóstico del Ceso, los números duros muestran que el país arrastra una inflación inercial -es decir la que está incorporada a las expectativas de los agentes económicos- del 20 al 40 por ciento, y en rigor, estos porcentajes actúan como techo o como piso en función del éxito de las políticas económicas para controlar la evolución de los precios.

Con lo cual, a la hora de evaluar la forma de frenar la pérdida de poder de compra del salario, estos números no pueden soslayarse.

“La dinámica de actividad e ingresos con la que le tocó asumir a Alberto Fernández venía de un franco deterioro. A noviembre de 2019, el poder de compra de los salarios públicos a nivel nacional se deterioraba 6,1 por ciento en el año, mientras los del sector privado perdían 4,5 por ciento”, precisó el informe.

Las primeras medidas que adoptó el gobierno, viabilizadas a través de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, fue ponerle plata en el bolsillo a la base de la pirámide social a través de decisiones como congelamiento de tarifas, revisión de la fórmula de actualización de las jubilaciones, moratoria a mipymes o el nuevo impuesto País para desincentivar el consumo y el ahorro en dólares.

De todos modos, a la hora de la pulseada por la recomposición de los ingresos de los sectores asalariados que se da en el marco de la discusión paritaria, “las demandas internas requieren una respuesta frente a dos años ininterrumpidos de deterioro del poder adquisitivo, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, precisaron los economistas en el informe elaborado para el gremio de los docentes particulares.

El escenario plantea un primer mojón que definirá el futuro de la economía argentina y santafesina, y es la deuda. “El núcleo de la política económica desplegada hasta el momento tiene fecha de vencimiento próxima”, detalló el Ceso y “el resultado de la renegociación condiciona fuertemente el margen de maniobra que vaya a tener el gobierno desde junio en adelante”.

Por otro lado, juega un rol clave el valor del dólar. Según explica el trabajo, la implementación de estrictos controles cambiarios y otras medidas como el impuesto País, hacen prever un escenario “donde no habrá saltos bruscos del tipo de cambio en el corto plazo”. De todos modos, advierte que “no va a haber un dólar congelado que funcione como ancla de los precios, ya que con una inflación tan elevada se corre el riesgo de quedar en un valor retrasado en poco tiempo y eso volverá a acumular tensiones para un nuevo salto”.

Con estos datos, los economistas del Ceso consideran que “la devaluación anual estaría en el orden del 20 por ciento”.

Por esto, “proyectamos que la posibilidad de tener una inflación por debajo del 40 por ciento para el año 2020 está asociada al grado de éxito que tenga la renegociación de la deuda y el mayor espacio fiscal para administrar los precios sensibles de la economía”.