Muchos no tienen más de 8 años, pero ya experimentaron el contacto directo con el pegamento -que aspiran en bolsitas- para poder drogarse. Son los chicos de la calle, que desde hace meses comenzaron a frecuentar el edificio de la terminal de ómnibus, en busca de monedas y un techo para dormir.

Están desprotegidos y abandonados. Por eso cuando la situación fue advertida por varios usuarios de la terminal, todas las miradas apuntaron a las áreas del Estado que, en la práctica, deberían brindar respuestas. Y aunque hay diagnósticos similares, las acciones a encarar difieren.

El municipio, por ejemplo, que reconoce que el problema los ha desbordado, propuso pedir la intervención de la Justicia de Menores. “Aquí hay abandono de personas, por lo tanto tendrán que intervenir los jueces porque hay padres que cobran un salario por estos chicos, y el juez tendrá que asesorar y hacer cumplir con las obligaciones de los padres”.

Eso es lo que anunció en su momento la secretaria de Promoción Comunitaria municipal, Delia Blanco. Horas después, la Secretaría de Derechos Humanos dio a conocer un plan que propone soluciones mediante otro camino: lograr un contrato con los padres y evaluar la situación familiar en cada caso.

“Nos comprometemos a realizar todas las tareas necesarias para darle otra posibilidad a estas familias, porque en el Estado hay instrumentos y se deben saber usar adecuadamente”, sostuvo Domingo Pocchetino, a cargo de esa secretaría.

Para ello, se anunció la puesta en marcha de un programa integral para la contención de menores en familias no funcionales, con el objetivo de buscar alternativas de reinserción y recuperación del vínculo paternal.

Entrevistas
La intención de esta Secretaría es concretar una acción previa a “la actual y habitual política de la vía judicial”, según dice textualmente el borrador del proyecto presentado días atrás.

Entre sus pautas generales, el plan incluye un primer relevamiento directo por parte del denominado cuerpo de Operadores de Calle. Una segunda instancia será la realización de entrevistas personales con los familiares, a cuyo cargo se encuentren los menores.

El objetivo es constatar las necesidades del grupo familiar, para entre otras cosas evaluar la existencia o no de beneficios sociales. En sus objetivos específicos, el programa es bastante ambicioso: intentar asegurar el reingreso y permanencia de los chicos al sistema educativo y su participación en las actividades extracurriculares que puedan ofrecer las ONG.

Los datos recopilados, siempre según el plan, deberían ser confeccionados en un registro de seguimiento. Y el plazo previsto para producir las correspondientes evaluaciones será cada seis meses.