Después de los muertos y los heridos, lo que más duele del derrumbe en Villa Urquiza es que pudo evitarse. Hubo tres víctimas fatales y no faltó el vecino que apeló a una frase popular: fue una desgracia con suerte, si las paredes cedían unas horas más tarde la tragedia hubiese sido mayor. Cada noche el gimnasio recibía a unas cincuenta personas. Según el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hay un único responsable: el ingeniero Guillermo Heyaca Varela, dueño de la empresa constructora. Lo acusó de impericia y mala praxis. A partir de los primeros informes técnicos parece que ambas cosas son ciertas. Lo que Mauricio Macri no asume es que los controles del Estado fueron demasiado laxos o fallaron. Doce derrumbes en los últimos años, aproximadamente uno cada cuatro meses, revelan hasta que punto el Estado aparece como incapaz a la hora de resguardar la seguridad de los ciudadanos. En especial cuando el sujeto de control es poderoso y tiene dinero.

Heyaca Varela rechazó las acusaciones de Macri y aseguró: “Hice las cosas con el mayor cuidado posible”. A confesión de parte relevo de prueba, “el mayor cuidado posible” no es lo mismo que el cuidado necesario previsto por la legislación. Ya se sabe que hubo fallas en las tareas de submurado y tabicado que son indispensables para asegurar la excavación. En lugar de hacer pozos cada metro y medio o cada dos, como se recomienda, se hicieron cada tres. Tampoco afianzaron la medianera. En definitiva no se respetaron las reglas normales de una excavación. El ingeniero, que ya había sido suspendido en su matrícula en el 2006, ahora recibió una sanción por quince años, y deberá enfrentar cargos por “homicidio culposo”. Pero esto no elimina la responsabilidad del gobierno porteño.

Se controló la demolición pero no la excavación. Es sabido que ésas son las dos etapas más riesgosas de una obra. La UOCRA había denunciado el 17 de junio pasado ante la Dirección General de Relaciones Laborales que existían problemas en las condiciones de los trabajadores y que faltaba “afianzar partes inestables”. El Secretario General del Gobierno porteño, Marcos Peña, aseguró que la Ciudad envió inspectores a la obra de Villa Urquiza en dos oportunidades después de la denuncia pero que nunca encontraron obreros trabajando. También señaló que no pudieron ingresar a la obra. La Agencia de Control Gubernamental dio otra versión: hicieron una inspección cuando estaba terminada la demolición y dicen que la constructora empezó la excavación sin permiso. En una suerte de juego del Gran Bonete, en esta repartición dicen que la denuncia del sindicato llegó a la Dirección de Relaciones Laborales y que nunca se lo comunicaron a ellos. Ricardo Camaño, vocero de la UOCRA, fue contundente: “Ante una denuncia de riesgo inminente, la inspección y la clausura debe ser inmediata hasta tanto se tomen las medidas de seguridad necesarias”.

Varios legisladores de la oposición señalaron, además, como un grave error la decisión tomada por el gobierno porteño de separar la Dirección que controla los planos de obra y el área de inspección de las construcciones ya que eso dificulta los controles. La presencia de Raúl Oscar Ríos como responsable de la Agencia Gubernamental de Control revela otra paradoja de esta gestión. Para ocupar un cargo en el ejecutivo porteño es más importante ser de Boca que tener la idoneidad suficiente. Ríos es vocal titular de la Comisión Directiva del club xeneixe, allí conoció a Macri. Tuvo a su cargo el departamento de Educación Física y luego se ocupó de los quinchos de la institución. Pasó por la industria tabacalera y tuvo una florería. Y como todo queda en familia: su esposa, que también milita en Boca, es la encargada de la Dirección de Gestión Técnica y Operativa de la Agencia de Control. La pregunta ineludible es si son éstos los funcionarios más capacitados para poner límites a un mercado inmobiliario que crece por prepotencia de dinero. Macri despidió a Ríos, pero ya es tarde.

Controlar a los poderosos y proteger a los vecinos es una de las funciones centrales del Estado. La honestidad y la capacidad son indispensables para esa tarea. A propósito, distintas organizaciones vecinales hace años que se quejan por la cantidad indiscriminada de obras que se aprueban en barrios residenciales o tradicionales de Buenos Aires y nadie los escucha.

Es probable que después del derrumbe de Villa Urquiza se tomen medidas más estrictas para la autorización y control de obras. Tal vez renuncie algún funcionario más. No alcanza. Vivimos en un país donde se establecieron parámetros de seguridad en los boliches después de la muerte por asfixia de casi doscientos chicos en un recital. Ahora las salidas de emergencia y la capacidad de las salas se respetan, por lo menos, en la Capital Federal. Vivimos en un país dónde se discuten nuevas normas de seguridad bancaria después que balearon a una embarazada y mataron a su bebé. Vivimos en un país dónde viajar por una ruta es más peligroso que ir a una guerra. Vivimos en un país dónde mueren pacientes por consumir medicamentos que tenían que curarlos. Vivimos en Cromañón.