En la última década, en Venezuela se registraron miles
de ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla.

En la vida, cada uno tiene derecho a premiar a quien quiere, aplaudir a quien quiere, besar a quien quiere. La libertad es libre y cada cual es cada cual. Alguien puede ser chavista, antichavista, ridículamente chavista o patéticamente antichavista, o casi chavista o casi antichavista. Argumentos habrá en todas las direcciones. Además hay tanta propaganda en un sentido o en otro que quizá sólo se trate de recitar algunas consignas y ya está. Coca Cola refresca mejor, si me mandan al banco voy contento, Marte fue arrasado por el imperialismo, y cosas así. Con eso basta. Chávez es un dios o un demonio y la dejamos ahí. Nos emocionamos alineados para acá o para allá. ¿Qué sentido tiene discutir, además, sobre temas tan trillados?

Por eso, si usted quiere la vida sencilla, y se emocionó con el acto de Chávez, y se imaginó la patria grande liberada, deje aquí esta nota, no se gaste.

Ahora, si es un poco masoquista y quiere complicarse un poco la existencia, discutir un poco con sus propias ideas, péguele una ojeada a los párrafos que siguen. Pertenecen a un documento muy ilustrativo, que fue publicado por Human Rights Watch, uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos del mundo. Quizás usted estará tentado de decir “estos yanquis” y cosas así. Pero, con perdón, sería una reacción un poquito rústica. HRW es lapidaria respecto de las violaciones a los derechos humanos norteamericanas en el mundo, y de las colombianas y de las israelíes, por poner tres ejemplos. Y el capítulo referido a la Argentina es casi elogioso, en comparación con los problemas que señala en otros países de la región: no condice, ni en el tono ni en contenido, con ninguna de las acusaciones que la oposición o el sector más duro del periodismo formula contra el gobierno nacional. Cualquier persona que conoce el mundo de los organismos internaciones de derechos humanos sabe el reconocimiento que merece HRW.

El último informe sobre Venezuela dice, entre otras cosas:

– El presidente Hugo Chávez y sus partidarios han logrado neutralizar la independencia del poder judicial de Venezuela. Ante la ausencia de control judicial de sus acciones, el gobierno de Chávez ha debilitado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de los grupos de la sociedad civil de promover los derechos humanos. Los abusos policiales continúan siendo un problema generalizado. Las condiciones carcelarias se encuentran entre las más deficientes del continente, con altos índices de mortalidad producto de la violencia entre reclusos.

– En 2004, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron una estrategia de copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó la designación de partidarios del gobierno y la adopción de medidas que permitieron depurar al Tribunal. Desde entonces, el Tribunal prácticamente ha abdicado de su rol de contralor del poder ejecutivo. En 2009, varias destacadas figuras de la oposición fueron objeto de acusaciones penales y, dada la ausencia de tribunales independientes, existen serias dudas de que puedan recibir un juicio imparcial. Entre los líderes que han sido objeto de estas acciones se encuentra Manuel Rosales, ex gobernador del estado de Zulia y candidato por la oposición en las elecciones presidenciales de 2006, cuya detención por cargos de corrupción fue ordenada en marzo de 2009. En un discurso de octubre de 2008, Chávez había instado públicamente a la Fiscal General de la Nación y al Tribunal Supremo a que tomaran estas medidas contra Rosales: “Una calaña como esa tiene que estar en prisión… Yo me pongo al frente de la operación, y esa operación se llama ‘Manuel Rosales vas preso’”.

– En Venezuela existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez. Sin embargo, en su intento por influir en el control y el contenido de los medios de comunicación, el gobierno ha realizado actos discriminatorios contra los medios que expresan puntos de vista opositores, ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y ha creado poderosos incentivos para que los críticos del gobierno se autocensuren. Desde que asumió Chávez, se han adoptado diversas leyes que han contribuido a generar un clima de autocensura, como las enmiendas al Código Penal que amplían el alcance de las leyes de desacato y una ley sobre radio y televisión que fomenta la autocensura al permitir la suspensión arbitraria de canales en el caso de cometer “incitación”, un delito definido de manera sumamente vaga. El gobierno ha utilizado esta ley para tomar medidas contra Globovisión, el único canal de señal abierta que aún mantiene una postura abiertamente crítica. El gobierno ha abusado de sus facultades de control de las frecuencias de transmisión para castigar a las estaciones de radio que emiten una programación manifiestamente crítica. En julio de 2009, se canceló intempestivamente la señal de 32 emisoras, luego de que CONATEL determinara que sus licencias no estaban en condiciones. No se concedió a estas estaciones la posibilidad de presentar argumentos o pruebas que permitieran analizar sus reclamos de manera transparente. El director de CONATEL anunció en septiembre que otro grupo de 29 estaciones de radio sería cerrado próximamente, y que la situación de otras 177 estaba siendo evaluada. El presidente Chávez ha respondido en varias oportunidades a la cobertura periodística crítica amenazando a las estaciones de televisión con que perderían sus derechos de transmisión apenas vencieran sus concesiones. Radio Caracas Televisión (RCTV) perdió su concesión en 2007, luego de que Chávez anunciara en una ceremonia militar que se transmitió por cadena nacional que no se renovaría la concesión de RCTV por su apoyo al intento de golpe de 2002. En ningún momento se probó esta acusación, ni tampoco el supuesto incumplimiento de normas sobre transmisión, en el marco de un procedimiento que permitiera a RCTV defenderse.

– El gobierno de Chávez ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los trabajadores con el propósito de debilitar a los sindicatos establecidos y favorecer a nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política. En la clave industria del petróleo nacional, los propios funcionarios del gobierno han actuado para interferir en las elecciones sindicales. En 2009, el CNE pospuso reiteradamente una elección en la federación de trabajadores del petróleo, la FUTPV, ante las impugnaciones del padrón electoral planteadas por facciones sindicales que tienen el respaldo del gobierno, lo cual ha demorado la negociación de un contrato colectivo para el sector. El presidente de la compañía petrolera del estado, PDVSA, quien también se desempeña como ministro de Energía y Petróleo, anunció durante un acto político que se transmitió por telev
isión que iban “a discutir [el contrato colectivo] cuando la Revolución asuma la dirección de la FUTPV” y que no se iba a “sentar a discutir la convención colectiva con ningún enemigo de Chávez”. Afirmó estar respaldando a una de las facciones que participaban en la elección y acusó a sus opositores –que en su mayoría también apoyaban al gobierno pero criticaban la gestión de la empresa– de ser “enemigos disfrazados” de la revolución. Las elecciones sindicales finalmente se celebraron el 1 de octubre, con el triunfo de la facción respaldada por PDVSA.

– En Venezuela, los delitos violentos representan un problema generalizado y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad continúan siendo una práctica recurrente. En la última década, se registraron miles de ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla.

– El gobierno a menudo busca impedir que los defensores locales participen en encuentros internacionales de derechos humanos, alegando generalmente que su labor es de naturaleza política o que reciben financiamiento de Estados Unidos u otras fuentes extranjeras. Los defensores de derechos humanos también han sido víctimas de acoso judicial.

Chávez, al menos a mi entender, es un personaje complejo y controvertido, con luces y sombras y toda descripción lineal de líderes como él suele pecar de dogmatismo, ingenuidad o de defensa de intereses muy evidentes. Su llegada a una universidad argentina no es un motivo para escandalizarse, más allá de las simpatías de cada uno. Es, además, un disparador de debates apasionantes para los alumnos. Seguramente, ninguno de los que estuvieron en la premiación o asisten habitualmente a la facultad de periodismo de La Plata pudo permanecer indiferente a semejante personalidad. La caracterización de él como un dictador linda con el absurdo.

Ahora, dado el contexto, uno podría pensar que el premio en el área de comunicación ignora algunos rasgos un tanto inquietantes de su gestión.

Claro, si uno se pone a pensar en detalles menores, termina mareado. La independencia del Poder Judicial, la existencia de una prensa privada fuerte, la hostilidad hacia los disidentes, la simpatía con dictadores asesinos, las miles de ejecuciones policiales extrajudiciales e impunes, la persecución a sindicalistas disidentes, no son temas centrales en la construcción de un país mejor.

Además, si uno se detiene en esas pequeñeces pierde la posibilidad de aplaudir a rabiar, lo que es realmente muy lindo.

Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir.