Hemos hablado varias veces de la convicción filosófica del Gobierno respecto de los medios: los caracteriza como "agentes de distorsión social". El pensamiento proviene de un "filósofo" argentino, Ernesto Laclau, que teoriza sobre el campo nacional y popular desde las llanuras de Essex, en Inglaterra, donde reside desde hace varias décadas. El aporte teórico de Laclau devino en político a través del llamado "socialismo del siglo XXI" en Venezuela, Ecuador, Bolivia y -en su versión descafeinada- Argentina. Si los medios son distorsivos la información desaparece, y todo queda librado a la interpretación de quien la difunde o la recibe. Consecuente con este pensamiento, el Gobierno se blinda frente a la realidad; para decirlo de otro modo: elige la realidad que le conviene ver. La otra, la que lo agrede, queda descalificada por el mensajero que la transmita. Por eso, todo vale:

– No se pueden achacar al Gobierno las demoras en el soterramiento del Sarmiento -dice, impune, Aníbal Fernández, después de la muerte de 11 personas y el saldo de más de cien heridos que dejó el choque entre dos trenes. El hecho de que el Gobierno nacional haya anunciado el soterramiento en 2006 y asegurado en 2007 que estaría terminado en 2011 es menor. Quienes se lo recuerden serán acusados de golpistas por el aparato de propaganda, y lograrán que la información desaparezca.

– Las denuncias contra las Madres deben ser resueltas por la Fundación -escupe Aníbal, como si afirmara lo más natural del mundo-; si hay algún problema con la plata, es de puertas para adentro. No es dinero público. El Estado no le debe nada a la Fundación.

El argumento es tan absurdo que se torna imposible de discutir. Como la absolución de Menem: las armas fueron contrabandeadas por nadie, pero los jueces fueron ascendidos por el Gobierno después del fallo.

Ya no hay hechos. Sólo opiniones.