Escribí esta nota la semana pasada cuando se perfeccionó la idea de que el Estado avanzaría sobre el control de YPF. Las reflexiones valen. En especial ahora que ante el planteo del gobierno se levantan voces críticas desde el progresismo y, desde luego, desde la derecha. La pregunta que trato de responder es si es válido que muchos de los dirigentes que posibilitaron la privatización de la empresa sean ahora los que plantean su “recuperación”.

La palabra Perón es como la palabra Dios, en su nombre se hacen las mejores y las peores cosas. Espero que el lector acepte que tal afirmación está exenta de contaminación gorila. Es una frase descriptiva. La historia de YPF es un ejemplo. Ahora que en los máximos niveles del gobierno nacional se estudian variantes para incrementar la presencia del Estado en la petrolera, vale la pena recordar. La memoria sirve, entre otras cuestiones, para evitar la reiteración de errores.

En 1992 el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, enterrando la doctrina peronista, impulsó la venta de las acciones de la petrolera estatal. La venta de “la joya de la abuela” del patrimonio nacional fue bautizada como “Ley de Federalización de los hidrocarburos y de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Y allí estaba la trampa. El riojano les prometió a los gobernadores de las provincias petroleras que se cobrarían las regalías que se les debían, si instruían a sus legisladores para que votaran la ley que dejaba al país sin el control de la matriz energética. Los estados provinciales vivían momentos difíciles, con sus tesoros vacíos y crisis financiera. Entre los gobernadores que apoyaron la enajenación de las últimas acciones que estaban en manos del Estado, estaba Néstor Kirchner. En números, para Santa Cruz, la movida implicaba 500 millones de dólares.

Aun bajo administraciones de orientación liberal, ni Brasil ni México ni Venezuela cometieron ese pecado. Todos los grandes países latinoamericanos mantienen, con mayoría estatal, sus grandes empresas petroleras. Años después Menem completó la desnacionalización cuando entregó la llamada acción de oro y, de esa forma, la capacidad de veto del gobierno. La pequeña Repsol se quedó con el control total de la enorme YPF.

En el 2003, cuando el kirchnerismo llegó el poder lo hizo como contracara del menemismo. Durante algunos meses se especuló con la posibilidad de que el gobierno anunciara la reestatización de la empresa. Sin embargo, esa medida nunca se anunció. El Estado le quitó la concesión a las firmas que administraban el servicio de Aguas, el Correo, el espacio radioeléctrico, las AFJP y Aerolíneas. Con YPF-Repsol, en cambio, propició la “argentinización”. Le abrió la puerta de la empresa a un grupo nacional con una insólita garantía: podía pagar la compra con las utilidades obtenidas por la firma. La familia Eskenazi se quedó con el 25,5 por ciento de las acciones.

El gobierno, y en esta prédica se suman los gobernadores de los distritos petroleros, asegura que la petrolera maximizó sus ganancias, distribuyó utilidades y no invirtió lo esperado en exploración e investigación de nuevos recursos. En España, rechazan este argumento. Lo cierto es que desde hace un mes los mandatarios provinciales empezaron a dar de baja distintas concesiones de explotación. Esta política, más los rumores de intervención estatal, hizo que el valor de las acciones de la empresa se desmoronara un cuarenta por ciento.

Según a quién se consulte las estrategias van desde la compra directa de acciones por parte del Estado (utilizaría fondos del Ansses o de las reservas del Banco Central), el ingreso de otro grupo nacional en reemplazo de los Eskenazi y la creación de empresas provinciales de petróleo hasta la estatización a través de una ley del Congreso Nacional que le reasigne valor estratégico a la empresa. En este último caso, muchos de los dirigentes que propiciaron la venta de YPF serían los encargados de revertir la situación que se generó en los 90.

La gran pregunta es si una cosa invalida la otra. El kirchnerismo recién hizo un credo de la defensa de los Derechos Humanos cuando llegó al poder. Desde allí impulsó el fin de la impunidad, los juicios a los represores y la recuperación de la memoria con verdad y justicia. Algo similar ocurrió con la norma que tiende a democratizar el mapa mediático de la Argentina. Antes de enviar la nueva Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso, el gobierno de Néstor Kirchner prorrogó las licencias de los medios electrónicos por diez años y aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal permitiendo la concentración del mercado de le tele por cable.

¿Una cosa invalida la otra? Para los sectores progresistas la respuesta debería ser una sola: no. De hecho cada una de esas decisiones contó con el acompañamiento de las fuerzas de centroizquierda en el parlamento. Los avances en esas áreas fueron indudables. Ahora bien, no sería mala idea que aquellos que acompañaron el despojo o lo avalaron con su silencio, tuvieran la valentía de explicar por qué pasó lo que nos pasó a los argentinos. En especial, cuando bajo la misma bandera partidaria se disponen a intentar remediarlo.

Más allá de cómo se resuelva la cuestión, algo es seguro: se levantará un aluvión de críticas. Los mismos que callaron cuando se remataban las empresas del Estado, se apurarán a advertir sobre la inseguridad jurídica. Como ante la reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, no faltará el grupo de intelectuales y periodistas que saldrá a defender el derecho a la autodeterminación, en este caso, de los accionistas.