La novedad judicial que más alarma produjo en el Gobierno no fue el rechazo del per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia en la disputa contra Clarín, por la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios. Ese era un fallo cantado y, por lo tanto, esperado. En cambio, la condena a cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felisa Miceli sorprendió y preocupó. El caso, que fue denunciado en un histórico artículo de PERFIL firmado por Jorge Lanata –con la colaboración de Luciana Geuna–, llegó a sentencia tras despertar de un largo letargo, propio del que tienen las causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno de turno.

 

Por ello es que, en la atmósfera de conspiración sempiterna en la que viven la Presidenta y su entorno, se agita por estas horas el fantasma de un complot judicial contra el Gobierno. Nada de extrañar, si se conoce el modo de interpretar la realidad que allí se tiene. Así, por ejemplo, para el oficialismo, el juez Horacio Alfonso, que falló a favor del Gobierno en la disputa contra Clarín, es un magistrado honesto. En cambio, los jueces que fallan a favor de Clarín  son todos corruptos. Cuando un juez como Luis Herrero se pronuncia en favor de los jubilados en sus justos reclamos por los haberes que les corresponden, se lo acusa de querer destruir a la Anses, por lo que, entonces, hay que recusarlo. Cuando es la Corte la que avala las demandas de los jubilados, hay que explicarle que esa sentencia no se puede cumplir porque eso, y no las cesiones de fondos destinados al Fútbol para Todos y otros menesteres, llevaría al organismo previsional a la bancarrota. Cuando un juez como Norberto Oyarbide sobresee raudamente a la Presidenta y a su difunto esposo en la causa por su escandaloso enriquecimiento, entra también en la categoría de magistrado probo. En cambio, el juez Daniel Rafecas, el fiscal Daniel Rívolo y el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, que llevaron adelante y convalidaron la investigación sobre los negocios con el Estado de la empresa Ciccone, que involucra al vicepresidente Amado Boudou, fueron considerados como conspiradores y se los sacó del medio de un plumazo.

 

Precisamente fue de Boudou de quien mucho se acordaron fuera y dentro del Gobierno cuando, con el rostro aún desencajado por el fallo que la condenó, Miceli declaró que había sido condenada por no tener una estructura “que la protegiera” (sic). En verdad, no es sólo a Boudou a quien “la estructura” protege: a su nombre hay que incorporar los del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime; su sucesor, Juan Pablo Schiavi; el secretario de Obras Públicas, José López –por el caso Sueños Compartidos–, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. La obra pública es el gran océano de corrupción creado y fomentado por el kirchnerismo. Ya el ex ministro de Economía Roberto Lavagna había advertido sobre ello, en el que terminó siendo casi su discurso del adiós del Gobierno. La duda ahora radica en saber si Miceli terminará siendo la María Julia Alsogaray del kirchnerismo.

 

En su último “Aló Presidenta” del año, Cristina Fernández de Kirchner ahondó el rumbo de progresiva ruptura con el peronismo. Lo hizo cuando acusó a sectores del partido de estar involucrados con los saqueos que les dieron el golpe de gracia a los gobiernos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Es curioso observar cómo el mecanismo de la memoria que utiliza la Presidenta funciona ligado directamente a razones de oportunismo político. Es llamativo que le haya llevado a Fernández de Kirchner 23 años en un caso –el de Alfonsín– y 11 en el otro –el de De la Rúa– señalar que el justicialismo tuvo que ver con aquellos saqueos. Sabido era que la Presidenta siempre creyó que, tras los hechos que culminaron con la caída de De la Rúa, estuvieron “el padrino –así es como ella llama a Eduardo Duhalde– y la mafia”, según recuerda alguien que formó parte de su gestión. Sería menester preguntarle, pues, qué la llevó a hacer recién ahora semejante confesión y cuál es su real conocimiento de la trama de aquellos hechos.

 

Claro que, mientras la Presidenta insiste en acomodar la realidad a su “relato”, los hechos imponen su inexorabilidad. Y ahí están, entonces, los intendentes de Moreno, San Miguel, General Rodríguez, San Fernando y Vicente López, que han dispuesto un aumento de 10 centavos sobre el precio del litro de nafta y 5 sobre el del GNC, que se agregan a los fuertes incrementos de impuestos que se produjeron en diciembre. Como se ve, la inflación, que está complicando notablemente la gestión de estos y otros jefes municipales, no da respiro.

 

El próximo operativo de oportunismo político será la recepción a la fragata Libertad. Fernández de Kirchner ha bajado la orden de poner a trabajar a todos los funcionarios en pos de ese objetivo. Así como durante los meses previos al 7D los tuvo a todos supeditados a esa “épica” que terminó en un fiasco, ahora la nueva “épica” es la recuperación del buque escuela de la Armada. Claro que nadie va a hablar de la impericia y negligencia del ministro de Defensa y de varios de sus colaboradores, que estuvieron en la raíz de este problema. Tampoco Fernández de Kirchner querrá acordarse seguramente de aquel “Aló Presidenta” en el que dijo: “Mientras yo sea presidenta, podrán quedarse con la Fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie”, cuando en realidad apropiarse de un buque que goza de inmunidad diplomática hubiera afectado la soberanía y la dignidad del país.

 

“Trabajar” en este caso, para definirlo con precisión, significa hacer número y ver cómo llevar gente al acto de recepción que se prepara en Mar del Plata. Por si ello no alcanzara para abonar el “relato” y su “épica”, está también la expropiación del predio de La Rural que, tras nueve años de gestión kirchnerista, ha sido impuesta ahora como una gran gesta soberana cuando, en verdad, de lo que se trata es de otro acto de venganza que, como decía Juvenal, “es el ruin deleite de los espíritus mezquinos”.