El ex jefe policial estuvo detenido dos semanas en octubre pasado por la asociación que hizo la anterior fiscal en dos expedientes que lo mencionaban como un engranaje clave en la estructura narco de la zona sur. La nueva imputación pivotea sobre la autoridad mediata y la creencia que Tognoli validaba las prácticas de encubrimiento de sus subordinados. Un funcionario nacional sugirió en las últimas horas que debería quedar preso.
Como aquél 22 de octubre de 2012, Hugo Damián Tognoli volverá a ser indagado por el juez federal rosarino Carlos Vera Barros. Y puede tener el final de la vez anterior. O no. La línea es muy finita y la plantearon los fiscales federales subrogantes Juan Murray y Federico Reynares la semana pasada, basada en la declaración testimonial del jefe de informática del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Jorge Likerman, el 6 de diciembre pasado. La nueva imputación pivotea en la idea que Tognoli en su condición de jefe –entonces- de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones, validaba las consultas hechas por sus subordinados al RNPA y que, a partir de esa situación se montó una empresa criminal que posibilitaba darle piso al negocio criminal del tráfico de drogas y al mismo tiempo tener un rédito de él. Se apoyan los fiscales en la cuestionada teoría de Gunter Jacobs, que hasta el mismo ministro de la Corte Raúl Zafaroni relativizó y echó por tierra. La empresa criminal la garantizaba, en este razonamiento, Tognoli a partir de haber sido el jefe de la Dirección antinarcóticos. Garantizaba la perfección del delito de sus subordinados en la empresa criminal, desde atrás del mostrador. Aunque la idea de la autoría mediata necesita de un soporte de probanzas que deben acompañar la imputación, en si misma se derrumba como castillo de naipes con la primera brisa. Los fiscales, apuntalados por la Procuración de la nación, reforzarán la idea de que Tognoli sabía de la situación y actuó con dolo, es decir, sabiendo que estaba favoreciendo a la empresa criminal. De forma lineal podría pensarse que Tognoli le daba la clave a Néstor “Beto” Fernández sabiendo que éste le daba protección al narco de zona sur Andrés Ascaíni y ambos sacaban rédito económico de eso. Para aguantar esa imputación los fiscales deberán demostrar que el ex jefe policial sabía del destino que supuestamente le daba Fernández a la consulta (no hay ninguna prueba que ratifique que le pasó el dato a Ascaíni de los vehículos que lo seguían en octubre de 2009), y que éste validada esa conducta (tampoco se acreditó). Tognoli volverá a defenderse con el acta entrega firmada por Fernández en donde se le otorgaba la clave de seguridad para acceder al RNPA el 9 de abril de 2008 y que fuera renovándose con el paso del tiempo, incluso para el momento de la consulta puesta bajo cuestionamiento penal. La ley 25.326 y el decreto 1558/01 lo hacían responsable a todos los que recibían la clave “del mal uso que le puedan dar en los términos de las normas antes mencionadas”.
Los fiscales intentarán demostrar que no es necesario cometer ninguna parte de la tipicidad objetiva del delito en cuestión para formar parte de la empresa criminal, ya que creen que Tognoli en su carácter de Director General y responsable del Segu otorgado, entregó ese Segu a sus subordinados y validó una consulta que permitió darle un viso de legalidad a algo que no lo era. Ahora, ¿Cómo lo probarán los fiscales?. ¿Cómo saber que se actuó con dolo?. ¿Cómo probar que Tognoli sabía que –supuestamente- Fernández o algún subordinado consultaba la clave para darle aire a Ascaíni y sus negocios?. De hecho,¿ qué delito comete el funcionario que hace una consulta al RNPA?. De acuerdo a los listados que figuran en el expediente sobre las sábanas de consultadas al RNPA, sólo aparecen Día, Hora y Dominio Consultado, sin su titular. Y si hubiese aparecido el titular: ¿Qué delito se comete al consultar a una patente de un vehículo que está a nombre de una fuerza federal?. Tognoli, en todo caso deberá responder sobre el descontrol que era la zona sur durante su gestión como jefe antinarcótico, sobre todo en el departamento General López. El propio juez en su resolución de falta de mérito a Tognoli hace referencia a ello. Tognoli, está claro, no gobernaba la zona sur, la entregó a los jefes rosarinos, sobre todo al comisario retirado Spoletti. Eso, resonará en su cabeza en este contexto como un error imperdonable y lo vuelve – en el peor de los casos – un mal policía, un mal jefe, un irresponsable. También vale preguntarse: ¿era materialmente posible validar y pasarle el escanner a todas las consultas?. La respuesta es no. Cualquier fiscal puede corroborarlo citando a todos los jefes operativos que son responsablemente burocráticamente de las claves de la RNPA. No lo hace ninguno, lo que no significa que no sean responsables del relajo. Tognolli sabe también que ahora la política volvió a poner la cola. Rafael Bielsa, amilanado después del error de cálculo con la operación contra Escajadillo balconea en esta nueva situación, pero por otro lado, Agustín Rossi impulsó una movida de prensa desde Buenos Aires en la que se mostró con el procurador nacional contra la narcocriminalidad, Félix Crous, que dejó caer un par de líneas en “on” para nada inocente: “si se prueba todo lo que se le imputa a Tognoli, debería ir preso”. También sabe Tognoli que es la hora de sobreactuar de Vera Barros, denunciado en el Consejo de la Magistratura y cuestionado por los fiscales subrogantes.
Otro frente
A contramano de la paparruchada que impulsó la ex Fiscal Bettiolo con una imputación insuficiente, direccionada, liviana e indiciaria, Tognoli tiene en Santa Fe otro gran dolor de cabeza por delante. El Fiscal Federal Walter Rodríguez recorrió un camino de certezas y de probanzas que lo llevó a pedir, a finales del año pasado, la indagatoria al ex jefe policial. Tognoli debió comparecer en la justicia federal y aclarar por qué mientras su gestión de jefe antinarcóticos se filmó ilegalmente a Norma Castaño, con una patraña orquestada por el comisario José Baella ( a quien Tognolli promocionó en la Dirección) que tuvo el apoyo de un oficial de apellido Otaduy. Baella simuló que investigaba al narco regional Daniel “Tuerto” Mendoza sólo para seguirle el rastro y obligar o promocionar un encuentro con Castaño. Con “la fílmica”, como dicen los pesquisas, habrían extorsionado a Castaño para que retire las denuncias contra Tognolli, que se apilaban en la justicia y que conocían los ministros de Seguridad, en la gestión de Binner como gobernador. “¿Puede decirse que producto de ese complejo entramado de relaciones funcionales y personales, Tognoli tuvo efectivo conocimiento e intervención en la realización del montaje fílmico e influencia en punto al verdadero fin por el cual había sido creado?”, señala en su escrito el Fiscal. Y se responde: “La respuesta es afirmativa”.