Un arma del mismo calibre que el utilizado en la balacera a la casa del gobernador del 11 de octubre pasado fue encontrada dentro de un auto que estaba secuestrado por la policía bajo custodia de la seccional décima de Rosario. Los pesquisas llegaron al lugar motivados por “un paper” que llegó al juzgado interviniente y a un medio de comunicación rosarino. El hallazgo refuerza más la hipótesis de los fiscales, que creen que el ataque responde a un mensaje mafioso de un sector de la fuerza.

Un “paper” enviado – aparentemente desde un organismo nacional de seguridad- al juzgado interviniente en la causa por el atentado y a un medio de comunicación de Rosario motivó una serie de diligencias que encabezó la jueza María Pérez Vara y el equipo de fiscales que el Procurador de la Corte puso a trabajar en el caso.

Los funcionarios judiciales llegaron al lugar en compañía de una comisión de las TOE, a cargo de una línea investigativa. Primero requisaron un coche que estaba bajo la custodia de la seccional pero no encontraron nada. Un llamado telefónico al celular de un alto jefe policial advirtió: “deben fijarse en otro vehículo”. Así fue que encontraron en otro coche y envuelta en bolsas de nylon un arma del calibre 11.25, de las características que tuvo uno de los “fierros” que se usaron para atentar contra la vida del primer mandatario.

El arma será sometida a varias pericias técnicas para establecer que efectivamente fue la usada en el tiroteo a la casa de Bonfatti del 11 de octubre pasado. Los investigadores también tienen otro dato clave: el secuestro de vainas servidas recogidas de la escena de un crimen ocurrido en Rosario 4 días antes del atentado. Esos elementos están siendo peritados pero podría tener algunas estrías similares a las encontradas en los alrededores de la casa del gobernador. Esa “ventana temporal” podría dar con los autores materiales del hecho y allí desatar una serie de elementos claves para dar con los mentores del intento de magnicidio.

La investigación tiene dos hipótesis: por un lado la Brigada de Judiciales de la UR II –que interviene en la pesquisa- cree que el ataque es producto de una entente conformada por un sector del clan de Los Monos, junto a narcos de eslabones medios que trabajan como soldados y comodines del sindicado como narco L.M – quien presentó un escrito en el juzgado interviniente desligándose de esa imputación-.

Por otro lado está la hipótesis en la que más creen los fiscales y que intentan “descular” con efectivos de las TOE. Esa línea es la siguiente: el ataque responde a una interna policial sin precedentes que, en entre otras cosas, se disputan los lugares claves a ocupar en las Dirección de Prevención y Control de Adicciones y en la futura Policía de Investigaciones, cuyas entrevistas empezaron hace 10 días para la selección del personal, de la que diera cuenta Notife el jueves pasado. Esa huella investigativa pivotea en antecedentes inmediatos, con ésta secuencia: primero ingresaron al domicilio particular de un asesor directo del sub jefe de la policía santafesina (Raúl Ardiles) varios hombres que amenazaron al morador con temas vinculados a la connivencia narco policial en Rosario. El dueño de la casa habría sido “apretado” por no dar información clave a un sector policial rosarino que está acusado de trabajar directamente para el clan de Los Monos. Siguió con las amenazas al propio Ardiles, al secretario de Seguridad Matías Drivet y al ministro Raúl Lamberto, desplegadas en un mensaje de texto que contenía información muy “fina” de varios eventos violentos, entre ellos el del asesor de Ardiles. “Cuídense, ya entramos en la casa del gil ése que estaba muerto de miedo”, señalaron en el SMS. Esa saga, de acuerdo a esa hipótesis terminó en el atentado al gobernador hace 15 días.

Los detenidos el miércoles en la decena de allanamientos realizados en Rosario aportaron poco en sus declaraciones indagatorias. Más se esperaba de dos funcionarios policiales que fueron citados a declarar en las últimas horas y que había centrado el centro de las expectativas de los pesquisas. Todos los indicios llevan a pensar en un ajuste policial, tal vez, con mano de obra de sicarios narcos, más que en un atentado directamente perpetrado por clanes de la narcocriminalidad.