Tras descartar la inclusión como acusados de los ex jueces Romano y Miret, entre otros, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mendoza juzgará la responsabilidad de Enrique Blas Gómez Saa en tres casos de secuestros y torturas. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mendoza iniciará hoy el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia. En el proceso se evaluará la responsabilidad de Enrique Blas Gómez Saa, ex integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en los secuestros y torturas aplicados a tres personas entre 1976 y 1983. Finalmente, los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade decidieron rechazar un pedido de los organismos de derechos humanos y del Ministerio Público Fiscal para que se integre en el proceso a otra treintena de acusados, entre los cuales figuraban los ex integrantes del Poder Judicial Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Evaristo Carrizo.

El juicio comenzará a las 9.30 en los Tribunales Federales de la capital mendocina, donde se escucharán los testimonios de 32 testigos. Estos aportarán datos acerca de las privaciones de la libertad y las torturas sufridas por Oscar Martín Guidone, Martín Ignacio Lecea y Roberto Edmundo Vélez.

Cuando sucedieron los hechos, Gómez Saa era miembro de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de la subzona 33, dependiente del Comandante del III Cuerpo de Ejército. Según el requerimiento fiscal en la elevación a juicio, Saa está imputado por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima, por tres hechos en concurso real y lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía por un hecho, en el caso de Guidone.

Guidone era un estudiante de 26 años cuando fue secuestrado en la madrugada del 2 de junio de 1976. Lo liberaron dos años después, en agosto de 1978. Además de su detención clandestina se intentará probar la implicancia de Gómez Saa en las lesiones graves que sufrió producto de las torturas a las que fue sometido. Lecea –ya fallecido– y Vélez eran militantes del Partido Comunista. El primero tenía 40 años y el segundo 18 cuando los privaron ilegalmente de su libertad en agosto de 1976. Estuvieron detenidos en La Plata. A Lecea lo liberaron en marzo de 1977; a Vélez en diciembre.

Finalmente, quedó sin efecto para este juicio el pedido de organismos de derechos humanos para que se incluyeran en la causa otros delitos en perjuicio de más de cien víctimas con alrededor de 40 acusados. Dentro de ese conjunto, los organismos habían solicitado que se incluyeran las causas que se siguen a los ex jueces federales imputados de complicidad Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Gabriel Guzzo y Rolando Evaristo Carrizo. “No habrá unificación de causas y se arrancará solamente con Gómez Saa”, explicaron desde el tribunal. Según fuentes judiciales, este cuarto debate oral podría demorarse “un mes” hasta el dictado del fallo. Tras este proceso, se espera que en 2014 comience un quinto juicio, que concentre las causas acumuladas y tenga como imputados a los ex magistrados.

También para el próximo año se espera que llegue a juicio oral la causa en la que el titular del Juzgado Federal, Eduardo Puigdéngolas, ordenó las detenciones de catorce ex integrantes de la policía provincial y de ocho militares, a quienes se los investiga por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el sur de Mendoza. Esas medidas forman parte de un total de 35 detenciones solicitadas por los fiscales Omar Palermo, Dante Vega y Francisco Maldonado, y surgieron al cabo del primer juicio realizado en San Rafael a fines de 2010.

Por otra parte, también hoy, por orden del Juzgado Federal de San Rafael, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzará a buscar cuerpos de desaparecidos durante la última dictadura en zonas aledañas a la laguna del Diamante, unos 200 kilómetros al sur de la capital provincial. La medida fue ordenada por Puigdéngolas tras analizar el testimonio de dos testigos que, sin conocerse, coincidieron en señalar que allí, en un puesto cercano a una base militar, hay cuerpos enterrados.

 

Fuente: Página/12