El ministro de Seguridad de la provincia confirmó que habrá sanciones para los efectivos que fogonearon el caos en el territorio santafesino. Diferenció entre el agente que “golpeaba las manos para pedir aumento” y el que “le cruzó un patrullero al compañero para que no salga a trabajar”. Dijo que la justicia federal ya pidió informes detallados sobre la situación. En tanto, afirmó que por los desmanes, son 50 las personas que continúan detenidas, muchas de las cuales tendrán causas por robo calificado. También comentó que está a disposición para reunirse con comerciantes afectados y buscar una solución.
Raul Lamberto (LT9)

 

 

En la mañana de hoy, Raúl Lamberto analizó la situación vivida hasta ayer y la resolución del conflicto a la que se arribó finalmente en la víspera. En primera instancia, consideró que “hubo una decisión muy fuerte del ministerio y el Gobernador de que a esto había que ponerle punto final y que no podía extenderse”. Para ello se emitió el decreto que fija el aumento que, a su entender, “ayudó a mucha gente que quería trabajar bien a que dijera ‘Hasta acá llegué’”. En ese sentido, señaló que hubo “una consolidación muy fuerte” de la figura de Antonio Bonfatti “porque todas las instituciones, públicas y privadas, dijeron que una cosa era un reclamo salarial y otra poner en jaque la seguridad de una población y una provincia”, tal como lo hicieron los uniformados que se plegaron a la quita de colaboración.

 

Al respecto, el ministro tuvo palabras de consideración para con los integrantes de Gendarmería y Prefectura que arribaron al territorio santafesino: “Ayudaron muchísimo para garantizar la seguridad y el orden” y, gracias a eso, “hoy estoy en condiciones de decir que Santa Fe fue la provincia que menos problemas ha tenido, que los robos contra la propiedad fueron pocos, sin la trascendencia que tuvieron en otras provincias y hoy la sociedad está volviendo paulatinamente a la normalidad en el marco de una seguridad que está garantizada por las fuerzas provinciales y lo que queda de las fuerzas nacionales”, mencionó. Sobre ello, recordó la actitud de los integrantes del Gabinete que hace meses comenzaron a pedir al Gobierno Central de Cristina Fernández, que se multiplique la cantidad de efectivos nacionales afectados a la zona.

 

Cuando se le consultó si existieron contactos entre las provincias afectadas por protestas similares, indicó que se comunicó con su par bonaerense y se acordaron algunas cifras, no en lo relacionado con la composición de los rubros salariales pero sí en cuanto a las bases de la propuesta. En tanto, también se refirió a las diferencias en lo acordado según los distritos: “Nosotros firmamos una resolución en la que creamos comisiones mixtas para condiciones de trabajo. En ellas habrá que discutir las bases de constitución del salario”, comentó.

 

“Creo que la protesta ha sido un acto de reclamo que no comparto, pero uno tiene que aceptar que se ha dado en el país y esa realidad merece que se supere”, acotó. Pese a ello, el titular de la cartera aseveró que “una cosa es la protesta y otra la falta grave y el delito”. Sobre ello, detalló que “ayer recibimos oficios de jueces federales que nos piden informes sobre agentes que han sido promotores de delitos, porque no es lo mismo estar golpeando las manos y pidiendo más salarios que cruzarle un patrullero con un arma a un compañero de trabajo que está patrullando la ciudad para que no siga trabajando. No es lo mismo acercarse a los barrios a decir que se aproveche ahora porque no va a estar la policía”, describió. Dicho esto, Lamberto aseveró que “la justicia está interviniendo y va a seguir interviniendo”.

 

“Yo vengo de la política, tengo experiencia y tengo bastante aguante”, dijo en referencia a la paciencia de la que se debió armar para tolerar la situación y comprender a los uniformados que de verdad necesitaban respuestas a una situación cierta, relacionada con un salario escaso. “Creo que los conflictos nunca le hacen bien a nadie. Se inician muchas veces pensando ‘Hago un poco de protesta y logro algo’ y no todos piensan igual. En los conflictos hay reclamos genuinos, personas con necesidad de obtener derechos y otras que extorsionan y llevan las situaciones muchísimo más allá de su reclamo”, insistió. Por ello, subrayó la capacidad del Gobierno provincial para “dar una salida al 95% de las fuerzas de seguridad que querían salir a trabajar y no se las dejaba”.

 

Paralelamente, dijo que al día de hoy son 50 las personas que permanecen detenidas por saqueos y a las que se le iniciaran las causas penales correspondientes. “Están a disposición de los jueces y a los que se impute tentativa de robo calificada, por un tiempo quedarán privados de la libertad”, esgrimió.

 

Por otra parte, en lo que hace a la situación de los comerciantes que padecieron el ingreso de grupos de ladrones y vándalos, se mostró dispuesto a encauzar un canal de diálogo que permita conocer los casos particulares y prestar colaboración. Si bien explicó que “han sido muy pocos, aunque los hubo”, manifestó su predisposición a conversar con ellos para ayudarlos a recomponerse.