El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina explicó su rol en la negociación entre el Gobierno de la provincia y los policías autoconvocados que encabezaron una protesta con quite de colaboración. Reveló que el lunes ya se había encauzado una resolución pero algunos factores demoraron el fin del conflicto.
José María Arancedo (LT9)

 

 

 

Según explicó su gestión se inició el día lunes, cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, se comunicó para pedirle “buenos oficios de acercar partes”. Además de participar del acto en Casa de Gobierno, durante esa misma jornada “nos reunimos por la tarde con (el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén) Galassi, (el ministro de Seguridad, Raúl) Lamberto y la gente de la policía” que protagonizaba el reclamo.

 

“Cuando me llamó el gobernador le dije que si podía ser útil en algo cuente conmigo porque evidentemente había una orfandad ciudadana, poner todo lo que podamos para llegar a un acuerdo”, mencionó. Además, habló de su rol como parte integrante de “una mesa de diálogo, no una mediación. Fue cuestión de encaminar una situación con un diálogo responsable y sincero que busque una salida y no quedarnos en el conflicto”.

 

Tal como lo reveló, en esa instancia “estaba prácticamente encaminada la cosa, ya estaba consensuado y conversado, hubo buena disposición para llegar a un término feliz”.  No obstante, reconoció que “faltaban algunas cosas”, como por ejemplo, la aceptación de la Unidad Regional de Rosario. De todos modos, insistió en que “el lunes había una señal de que la cosa se iba encaminando”.

 

En lo que refiere al pedido de no sanción del que tanto se habló, indicó que “estaba conversado el día lunes, que la protesta como protesta o se iba a sancionar, pero si había un delito, venía aparte. El Gobierno dijo que la protesta como tal no iba a ser sancionada”, insistió, pero en lo que hace a la manifestación en sí misma y no respecto de otras situaciones que se puedan haber detectado.