Ayer, los diferentes cuerpos que conforman la Unidad Regional Uno de policía comenzaron el desalojo de las 18 familias que mantenían ocupadas las viviendas del barrio Santa Rita II. De ese total, cuatro acordaron el retiro voluntario mientras que con las restantes catorce se procederá al desalojo por la fuerza pública, de acuerdo a lo informado por el secretario de Hábitat y Vivienda, Gustavo Leone.
Gustavo Leone (LT10)

 

 

En la primera vivienda a la que se acercaron, se encontraron con la resistencia de la moradora, una mujer de mediana edad que se negó a abandonar la unidad habitacional que usurpó hace ya tiempo. Según le dijo a LT9, vive con sus tres hijos menores de edad y no dejará el inmueble a cambio de los $12.000 que ofrece el Gobierno de la provincia.

 

“No voy a salir. Tengo tres hijos y a la calle no voy a ir. Nos quieren dar 12.000 que no alcanzan para nada”, afirmó conmocionada la femenina.

 

Según se reportó, un agente policial sufrió una herida cortante en uno de sus brazos y debió ser asistido por un médico del Servicio de Emergencias 107 y la mujer fue detenida. Es el único incidente que se produjo en el lugar, de acuerdo a lo detallado por el secretario de Hábitat y Vivienda, Gustavo Leone. El funcionario manifestó que “el balance es positivo, tuvimos un problema puntual con una de las viviendas pero más allá de esa situación se recuperaron cuatro viviendas en forma voluntaria”.

 

“Vamos a seguir con esto, siempre con la posibilidad de que aquellas familias que quieran retirarse voluntariamente puedan acudir a firmar el acta de retiro voluntario y en aquellos casos en los que no podamos avanzar vamos a continuar con el protocolo de desalojo”, indicó el funcionario. Para finalizar detalló que “quedan 14 unidades habitacionales ocupadas pero estamos instrumentando el desalojo por la fuerza pública”.

 

Horacio Coutáz, secretario de Derechos Humanos, había conversado antes con los medios, en el mismo momento en que se llevaba adelante el operativo. En el lugar, el funcionario explicó que su asistencia respondía a la necesidad de “verificar el cumplimiento de la orden judicial”, como una especie de veedor, a la espera de que se respeten las condiciones estipuladas por la jueza.