El pasado 14 de enero vecinos de la localidad de Hersilia denunciaron la presencia de un vehículo fumigador esparciendo agrotóxicos aproximadamente a 200 metros del ejido urbano, siendo que la misma cuenta con una ordenanza que prohíbe hacerlo a menos de 800 metros.

 

La actividad ilegal no fue detenida por la policía. Al finalizar sin inconvenientes la macabra tarea, el vehículo comenzó a retirarse con luz de luna por un camino alternativo donde sí fue interceptado por las autoridades.
La acción policial no pudo ocultar, no obstante, la completa falta de instrucción del personal acerca del modo de encarar situaciones como la relatada, no obstante la frecuencia de su ocurrencia, o de cómo tomar muestras o preservar la prueba, mucho menos de la tipificación de la conducta de quien esparce productos contaminantes como los llamados “fitosanitarios” al ambiente (aunque la ley 24051, aplicable al caso, supere ya los 20 años de vigencia).
Denuncias similares se registraron en lo poco que va de enero en otras localidades como Alvear, Arroyo Seco, Desvío Arijón, San Fabián, Humberto Primo, Barrancas, Ibarlucea o aun en San Nicolás (Bs. As.), sin más alternativas para las víctimas que pedir auxilio a otras víctimas, con sus hijos afectados a cuestas o ellos mismos portando graves enfermedades. Casi no hay autoridad que los atienda.

La ola de calor que invadió la pampa no fue obstáculo para que los empresarios agropecuarios fumigaran a diestra y siniestra, no obstante que TODOS los trabajos científicos (aun de los operadores mejor pagos de las multinacionales) desaconsejan dicha actividad con temperaturas superiores a los 25º porque buena parte de las gotas se evaporarán antes de tocar el suelo. No hay que esforzarse para imaginar el tamaño de las nubes tóxicas cuando las temperaturas se acercan a los 40º como en estos días.

Al mismo tiempo y bajo la misma pasiva mirada de la administración se exhiben sin pudor montañas de bidones usados con restos de veneno evaporándose, diseminados “a campo” cuando no en medio de ríos, arroyos o cunetas, que “sólo ven” los vecinos o medios y periodistas comprometidos.

Campea la indiferencia -cuando no la negación- en la mayoría de Jueces, Fiscales y Funcionarios electos mientras crece la epidemia de enfermedades, mortales en muchos casos, provocada por los agrotóxicos, con la misma cerrazón mental con la cual, años atrás, los voceros de las tabacaleras negaban la peligrosidad del cigarrillo, con el agravante que fumar es una decisión propia.

Muy distinta es la disposición a la hora de atender los “reclamos” de los agronegociantes, como pudo verse recientemente en Funes (Santa Fe), cuyas autoridades, sin sonrojarse, aplazaron “hasta marzo” la aplicación de una ordenanza que aleja las fumigaciones 500 metros del radio urbano, por pedido de los “productores” (para poder terminar con las fumigaciones de la campaña de soja transgénica, debe leerse).

La salud puede esperar, como bien sabemos los pueblos fumigados. Alcanza con ver las escasas pero elocuentes estadísticas realizadas por médicos de pueblo, facultades de ciencias médicas y ministerios de salud, aunque “rebatidas” ¡por ingenieros agrónomos y ministerios “de la producción”!

La falta de compromiso con la salud de parte la administración santafesina en general queda nuevamente evidenciada y aquél modesto proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los Pueblos Fumigados con firma de cinco legisladores (Tessa, Mascheroni, Urruty, Rico y Di Bert) cobra relevancia hoy, cuando se denuncian fumigaciones aéreas o enfermando poblaciones con “mosquitos” cerca de las viviendas, en tanto prohibía las primeras y alejaba 800 metros las segundas e igualmente imponía a las empresas productoras ser receptoras de los envases usados -residuos peligrosos- que las mismas introdujeron al ambiente.

No es casual, entonces que dicho proyecto “duerma” desde hace 8 meses en la comisión de agricultura, integrada por agronegociantes que ni siquiera atinan a excusarse, no obstante el evidente conflicto de intereses.

Lo hasta aquí expuesto sobre las acciones y omisiones de las fuerzas de seguridad, de los distintos poderes ejecutivos y sus dependencias como de las cámaras legislativas en temas tan sensibles para la población y de indudable relevancia, plantea una pregunta inquietante: ¿Quién gobierna realmente?

 

 

Campaña “Paren de Fumigarnos” – Centro de Protección a la Naturaleza