La defensa del principal imputado quiere echar luz sobre un episodio ocurrido un mes antes de la balacera y en el que implicaron a su cliente.

 

 

 

La defensa de Emmanuel Sandoval, el joven apresado y acusado de ser uno de los que atacó a tiros la casa del gobernador Antonio Bonfatti en octubre del año pasado, solicitó a la Justicia que se convoque al mandatario provincial para que preste declaración testimonial en la causa. El pedido, firmado por los letrados Marcos Cella y Germán Mahieu, se realizó ante el vacante juzgado de Instrucción 5 después de que se incorporara al expediente el testimonio de una abogada cuyo esposo, un mes antes del atentado, se vio involucrado en un oscuro percance con dos agentes policiales que dijeron ser custodios del funcionario.

Según refiere el testimonio de la abogada María K. brindado en ese juzgado el 5 de febrero pasado, ella y su esposo, el también abogado Leonel L., fueron partícipes de un extraño episodio ocurrido el sábado 7 de septiembre del año pasado en cercanías de la casa del gobernador Bonfatti. Entonces Leonel L. y su amigo Alfredo R. estaban a bordo de un Ford Mondeo y comiendo junto a un carrito de la zona norte cuando “tuvo un conflicto de miradas” con dos policías que iban de civil en una camioneta y que posteriormente dijeron que “patrullaban la zona por ser de la custodia del gobernador”.

En esas circunstancias, los policías habrían querido detener a Leonel L. por lo que éste, supuestamente asustado, emprendió la marcha y se dirigió hacia la comisaría 34ª “para no parar en una zona oscura y buscar protección”. Una vez en la seccional ubicada en barrio Rucci, los policías que labraron el acta (Travagliante y Velásquez) “revisan nuestro vehículo sin presencia de testigos y desarman la silla de nuestro bebé”, dijo la profesional, quien llegó a la comisaría a las 22 de ese sábado, después de haber sido llamada telefónicamente por su esposo.

Una vez en la dependencia policial, y al ver su auto todo revuelto, la mujer solicitó la presencia del juez de turno y del presidente del Colegio de Abogados, pero los policías ignoraron su pedido y en su lugar convocaron al “jefe de la Sección Homicidios que estaba presente en el lugar”. Así, dijo María K., tras consultar telefónicamente al Tribunal “cada uno se fue a su casa”. Pero en el acta que labraron los policías aparece que quien estaba junto al abogado Leonel L. comiendo en el carrito era Emmanuel Sandoval, conocido como “Ema Pimpi” y principal imputado en el ataque a la casa del gobernador. En su declaración, la abogada manifestó que “nunca en su vida” conoció a Ema Pimpi, y que su marido, con quien está hace 14 años, “tampoco lo conoce ni lo escuchó nombrar”.

Cara a cara. Lo que sí reconoció la profesional es que dos días después de ocurrido el oscuro episodio su esposo fue a la casa del gobernador Bonfatti porque “no creímos en la palabra de los policías”. En ese sentido, María K. explicó que Leonel L. “tocó timbre en la casa” del mandatario y fueron atendidos primero por su esposa y luego por el propio gobernador, quien puesto al tanto de todo lo ocurrido “se mostró sorprendido, dijo que no tenía custodia personal y que iba a tomar cartas en el caso”.

Un mes más tarde, más exactamente la noche del 11 de octubre, la casa del gobernador fue atacada con 14 disparos por al menos cuatro jóvenes que pasaron a bordo de dos motos. Recién el 8 de noviembre, y por un incidente menor en el shopping Portal Rosario, Emmanuel Sandoval fue apresado y quedó imputado de abuso de armas agravado, portación de arma, daño y amenazas calificadas. Le atribuyeron haber provisto las motos y las armas con las que se concretó el atentado frente a la vivienda de Gallo y Darragueira. Desde ese día Ema Pimpi manifestó su inocencia, se declaró ajeno al hecho y acusó al comisario Ronald Cuñé, jefe de la seccional 10ª en cuya jurisdicción vive él y también Bonfatti, de “armarle la causa” por sus antecedentes delictivos.

Más allá de que distintas fuentes de la causa aseguraron que “la imputación a Sandoval se basa en informes policiales que trascienden la esfera de la comisaría 10ª”, los abogados de Ema Pimpi sostienen que “no hay elemento objetivo alguno ni testigos directos” que vinculen a su cliente con el atentado. Y, en ese marco, manifestaron que “lo hecho por los policías Travagliante y Velásquez al intentar detener al abogado Leonel L. y fabricar un acta, no es otra cosa que una simulación para poder involucrar a nuestro pupilo”.

Muy grave. “Entendemos la gravedad institucional que implica el atentado a la casa del gobernador y sabemos la urgencia y la necesidad que la policía tiene de esclarecer el hecho, pero no podemos aceptar que sea a costa de cualquier cosa y sin importar quien pague las consecuencias”, dijo Germán Mahieu. Mientras tanto, Cella dijo que “en el afán de culpar a alguien, la policía pierde el norte acusando a perejiles y no halla ni al ideólogo ni a los autores materiales de un episodio gravísimo y repudiable”.

Por todo eso, lo que Cella y Mahieu pretenden es que el gobernador declare en la causa si el hecho en el cual se vieron implicados los abogados María K. y Leonel L.ocurrió tal como ellos lo contaron, si es verdad que los policías Travagliante y Velásquez eran parte de su custodia personal y, además, que éstos sean careados con la profesional mencionada a fin de echar luz sobre todo lo sucedido.

 

 

 

Fuente: La Capital