La aparente estrategia que llevan adelante algunos legisladores del Partido Justicialista contra el gobierno de la provincia de Santa Fe, y que consiste en realizar imputaciones por supuestos delitos a funcionarios de distintos niveles del Estado y en reiterar los pedidos de renuncia contra algunos ministros, termina “haciéndole el juego” a los verdaderos delincuentes y, por ende, beneficiando al negocio del narcotráfico. Esta vez le tocó el turno al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti, quien fue acusado sin fundamentos por la oposición de ser uno de los responsables de las irregularidades provocadas en un allanamiento realizado en 2012. Nombrado por el decreto 123 en 2011, el subsecretario tiene entre sus funciones asignadas ?coordinar y supervisar las políticas operativas y acciones tendientes a la constitución de los mayores niveles de seguridad ciudadana?. Es por eso que durante el procedimiento, en el que estaba presente el Juez Pegasano, la fiscal María del Carmen Bertone y sus respectivos secretarios, Poretti se encargó de garantizar que la policía cumpliera con lo que el magistrado ordenaba. Sorprenden las declaraciones condenatorias de algunos de los diputados opositores teniendo en cuenta que se trata de una imputación por parte de un fiscal federal, no del procesamiento de un juez. ¿Que tendrían que hacer los legisladores del Frente Progresista con las acusaciones y, en otros casos, procesamientos de funcionarios del gobierno nacional de la más altas investiduras como Boudou, Macri, y la mismísima presidenta de la nación?

Algo muy parecido sucedió con las denuncias formuladas ante la justicia por los diputados del PJ contra Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, por el peritaje a la computadora del narcotraficante asesinado Luís Medina. Durante meses se agitó el fantasma de la ?prueba invalidada? en relación a la información que contenía la notebook hasta que finalmente la pericia realizada por Gendarmería pudo comprobar que no fue alterado el contenido de la misma. Lo que aún hoy no fue aclarado es la razón por la cual los legisladores tuvieron acceso a información y a actas procesales ya que, al decir de la jueza Raquel Cosgaya, no eran parte de la causa.
De esta manera, las acciones y actitudes de los diputados justicialistas están poniendo en riesgo las investigaciones de la justicia sobre el narcotráfico, al sembrar dudas sobre los procedimientos e invalidar las pruebas recabadas, lo cual favorece conciente o inconcientemente a los narcos y se torna funcional a la estrategia de los abogados defensores.