Por Alicia Gutiérrez

El proyecto de ley del PJ con media sanción en el Senado de Santa Fe que busca trasladar las causas menores por el comercio de estupefacientes de la Justicia Federal a la Provincial devela no sólo la intención de perseguir al eslabón más débil en el circuito de distribución, sino también la presunción de que los principales responsables de la inseguridad y violencia social actual son los pequeños dealers y los pibes consumidores de los sectores populares o marginales.

 

La preocupación central no es el tratamiento de esta enfermedad social y su implementación en el marco de la salud pública provincial, ni tampoco generar los mecanismos para combatir a estas grandes organizaciones delictivas con sus códigos y métodos violentos, sino más bien la de continuar apuntando al llamado narcomenudeo y criminalizando al adicto.

 

Por el contrario, entendemos que el eje de toda política debe ser el abordaje del fenómeno de la narcocriminalidad a gran escala. Si bien la droga circula en los barrios, viene de afuera traída por empresas que lucran con la enfermedad ajena. Las acciones represivas del Estado deben orientarse contra estas organizaciones delictivas, para evitar que la droga llegue y se esparza en los barrios lastimando a nuestros chicos.

 

Este tipo de propuestas, que ya han demostrado su ineficacia, al perseguir al pequeño vendedor y a los adictos a través de la Justicia y fuerzas provinciales conlleva indefectiblemente la profundización de la espiral de violencia e inseguridad. La falsa premisa de que afectando al consumo se termina con el mercado ilegal no se sustenta en ninguna investigación seria, ni en datos estadísticos verificables y sólo parece servir para fundamentar la “mano dura”.

 

Y si bien vender droga en un “búnker” es un delito, es probable que estos jóvenes y adolescentes carezcan de la libertad necesaria para optar por otras formas de supervivencia económica para sí mismos o sus familias. De hecho, a estos “soldaditos” les corresponde casi la misma pena que a aquellos que producen la droga y la trasladan desde los centros de producción hacia el interior del país.

 

Debemos entonces decidir cuáles van a ser nuestros objetivos políticos frente esta problemática, o atacamos la narcocriminalidad a gran escala o reprimimos sus consecuencias sociales más dramáticas. No confiamos en estas recetas mágicas que parecen tan resolutivas pero que en realidad esconden a los verdaderos responsables del negocio del narcotráfico y a sus asociados en tanto les garantizan la impunidad y libertad necesarias para seguir creciendo y operando en el territorio.

 

Por eso nos oponemos a la pretensión de desfederalizar el delito del narcomenudeo y abogamos por una política nacional coherente que persiga a las grandes organizaciones criminales, desde la etapa de producción, elaboración, comercialización y distribución, hasta el negocio del lavado de activos producto de la venta de estupefacientes; como así también trabajamos a favor de la implementación de urgentes políticas públicas de salud para la prevención, la contención y el tratamiento de quienes padecen este flagelo.