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miércoles 28 de septiembre de 2022

PROPONEN MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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Fue presentado por la diputada por Santa Fe, Alicia Tate, un proyecto modificatorio de la Ley de Educación Superior, entregado recientemente a las autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Según el texto, el Estado nacional y las jurisdicciones educativas “tendrán la responsabilidad principal e indelegable de garantizar la educación superior, pública y gratuita, a todos los habitantes que tengan las condiciones de formación requerida, posibilitando el acceso, la permanencia y el egreso, y asegurando la calidad y la igualdad de oportunidades y posibilidades”.

En la propuesta también se establece que corresponde al Estado nacional asegurar el financiamiento de las universidades públicas, aclarándose que en ningún caso el presupuesto destinado al Sistema Universitario podrá ser inferior al 2 % del producto bruto interno nacional del año anterior.

A grandes rasgos, las modificaciones propuestas se vinculan con “la responsabilidad principal del Estado en la organización, mantenimiento y prestación de la educación superior”.

El proyecto aborda la “garantía presupuestaria necesaria para enfrentar las necesidades de financiamiento del sistema; el respeto por la autonomía; el término definitivo con la tradicional organización binaria de la formación superior, conformada por las universidades y los institutos terciarios no-universitarios; la concepción de la educación superior como un sistema integrado y flexible; la incorporación del sistema de créditos; y la búsqueda de un alto nivel de calidad”.

La propuesta prevé la creación de un “Fondo para la Transformación Universitaria destinado al financiamiento de Convenios-Programas en pos del mejoramiento y transformación de todos los aspectos de la educación universitaria”.

Educación olvidada
Según explicó la diputada Alicia Tate, su proyecto busca “afianzar la política universitaria, actualizando los proyectos institucionales y el compromiso de la universidad con la sociedad”. Para ello, “se promueve la progresiva organización por ciclos que faciliten el diseño de contenidos básicos disciplinares comunes por familias de carreras junto con la posibilidad de construir un sistema de créditos para estimular la articulación del sistema”, afirmó.

En su fundamentación la diputada apela a los números y los compara con la situación de otras universidades de América latina: “Es fácilmente observable el dramático olvido que ha tenido la educación, y en particular la del nivel superior en nuestro país, a través de sencillas proyecciones históricas y comparaciones internacionales”.

Explica que en el año 1996, el presupuesto de la UBA, la universidad nacional más grande, era de $274 millones. En el año 2004 fue de $327 millones: ” Si lo medimos en términos reales, con la devaluación e inflación del año 2002, la caída es mayor al 20%”.

Necesidad de cambios
Se pregunta Tate si es posible lograr “el necesario desarrollo de los ciudadanos de nuestro país bajo estos parámetros”. En la Argentina, las metas del propio Ministerio de Educación para 2005, hablan de “la fantasía de atender a casi 1.500.000 estudiantes en todo el sistema, con una cifra cercana a los U$S 750 millones, tan sólo U$S 500 anuales por alumno. Esta asignación es diez veces menor a la de nuestros vecinos, que son países con situaciones comparables en su generalidad a la nuestra”.

Concluyó afirmando que “nuestro país requiere instituciones académicas que promuevan la formación de ciudadanos libres, con firmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad democrática. El desafío supone, además, ampliar las fronteras del conocimiento, interactuando con el sector productivo y el Estado, promoviendo procesos de innovación científica y tecnológica”

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